Principios Que Establece La Ley 29783?

Los empleados tienen derecho a que el estado y los jefes aseguren sus condiciones laborales, es decir, que sean dignas y que garanticen un estado de vida saludable, física, mental y socialmente hablando, siempre de forma continua.

¿Cuántos principios guían los lineamientos de la Ley 29783 Ley de SST 7 10 8 11 9?

Principios de la Ley 29783, Ley de Seguridad de la Salud en el Trabajo que tiene como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos en el país. Esta norma involucra la participación de los trabajadores, empleadores, el Estado y las organizaciones.1.- Principios de Prevención.- El empleador debe de garantizar la seguridad de los colaboradores para prevenir accidentes de trabajo o cualquier factor de riesgo.

1. Estar alerta de cualquier peligro y resolverlas antes de que ocurran grandes accidentes.2.- Principios de Responsabilidad.- La empresa es responsable de lo que les pase a sus trabajadores y terceros que se encuentren en sus instalaciones.
2. Esto abarca en el ámbito económico, legal y de cualquier índole.

Además, puede llegar hasta la pena privativa de la libertad si la empresa no ha cumplido los estándares de la ley.3.- Principios de Cooperación.- La empresa, trabajadores/colaboradores y organizaciones sindicales deben de cooperar para cumplir la norma de Seguridad y Salud en el trabajo y así preservar nuestra salubridad.4.- Principios de Información y Capacitación.- La empresa es responsable de capacitar a sus colaboradores constantemente.

Esta capacitación tiene que ser acorde al servicio o área donde realiza sus funciones, así mismo conocer sus derechos.5.- Principios de Gestión Integral.- La empresa tiene que dar las facilidades de realizar un comité de seguridad en caso cuente con más de 20 trabajadores y promover un reglamento de seguridad interna.6.- Principios de Atención Integral de la Salud.- Abarca la función del Estado para dar atención médica a los accidentados hasta iniciar a laborar, así mismo la empresa debe de colaborar otorgando una actividad laboral que no lo perjudique.7.- Principio de Consulta y Participación.

– La SUNAFIL tiene la obligación de brindar asistencia técnica a los colaboradores par indicarle cuales son los alcances de la ley.8.- Principio de Primacía de la Realidad.- Indica que la realidad es más prevalente que la documentación, es decir las empresas deben de funcionar con responsabilidad cumpliendo las normas de seguridad y salud en el trabajo.9.- Principios de Protección.- Los trabajadores tiene derecho a que las empresas y el Estado garanticen su salud y bienestar física, mental y socialmente de manera continua.

¿Cuántos son los principios de seguridad?

Se han formulado diez principios de seguridad, que constituyen la base para elaborar los requisitos y aplicar las medidas de seguridad con el fin de alcanzar el objetivo fundamental de la seguridad.

¿Qué son los principios de la SST?

Son los valores que la norma representa y fomenta y servirán como lineamientos en la interpretación de la ley en caso de vacíos o regulaciones contradictorias. Este principio también aplica a todas las personas que prestan servicios dentro del centro de trabajo, aun si no tienen vínculo laboral.

¿Qué establece la Ley 29783 Ley de seguridad y Salud en el Trabajo?

La presente Ley establece las normas mínimas para la prevención de los riesgos laborales, pudiendo los empleadores y los trabajadores establecer libremente niveles de protección que mejoren lo previsto en la presente norma.

¿Cuáles son los 4 principios de la seguridad?

Principios básicos de la seguridad de la información – OSTEC | Segurança digital de resultados

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• Los equipos de seguridad de la información (SI) precisan adaptarse rápidamente a los requisitos nuevos necesarios para las empresas para que, al mismo tiempo, estén preparadas para lidiar con un ambiente que es cada vez más hostil.
• En los últimos años, fue necesario entrar en una carrera contra el tempo para impulsar la de las empresas y, así, conseguir adaptarse a la nueva realidad.

Es necesario ser capaz de ofrecer seguridad y disponibilidad a los usuarios para que accedan a sus datos, a la red corporativa desde donde se encuentren y a través del dispositivo que prefieran, para sobrevivir al nuevo normal y destacarse en el mercado.

1. Por lo tanto, los profesionales del área deben aprender a trabajar con las últimas tendencias de tecnología para conseguir definir y mantener la protección de todo el sistema corporativo.
2. Para que sea posible mantener la protección ante las amenazas internas y externas, existen algunos principios de seguridad de la información, que son: la confidencialidad, integridad, disponibilidad y autenticidad.

Cada uno de ellos tiene un papel diferente dentro de la empresa, que exige que se tomen acciones puntuales para mantenerlas siempre presentes. Vea con detalle cada uno de los principios a seguir.

¿Qué son los 4 principios?

Beauchamp y Childress distinguen cuatro principios : no maleficencia, beneficencia, autonomía y justicia.

¿Cuáles son los tres principios de la seguridad?

Los tres pilares de la seguridad – » Los datos son valores, son números, medidas, textos, documentos en bruto. La información es el valor de esos datos. Es lo que nos aporta conocimiento. Nuestros manuales de procedimiento, los datos de los empleados, los de los proveedores y clientes de la empresa, la base de datos de facturación.

Todo ello, son datos estructurados de tal forma que se convierten en información que nos aportan valor como empresa. Los tres pilares de la seguridad de la información se fundamentan en esa necesidad que todos tenemos, de la información, de su importancia. Necesitamos preservar confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, para sacarle el máximo rendimiento con el mínimo riesgo.

Ahora que comprendemos la importancia de la información, podemos deducir que si aquella información que es vital para nuestras actividades cae en manos inapropiadas, perderá valor, nosotros perderemos intimidad o capacidad de maniobra y, además, nuestra reputación puede verse dañada.

Sin contar con que la información puede ser aprovechada por cibercriminales, competencia y cualquier otra potencial fuente de riesgos para nuestro proyecto. Por eso, es tan importante la confidencialidad. La Confidencialidad consiste en asegurar que solo el personal autorizado accede a la información que le corresponde, nadie más.

De este modo, cada sistema automático o individuo solo podrá usar los recursos que necesita para ejercer sus tareas. Para garantizar la confidencialidad, se recurre principalmente a 3 recursos: Autenticación de usuarios que sirve para identificar, que quién accede a la información es quién dice ser.

Asignación de privilegios, para que los usuarios que acceden a un sistema puedan operar solo con la información para la que se les ha autorizado y solo en la forma que se les autorice, por ejemplo: gestionando permisos de lectura y/o escritura en función del usuario. Cifrado de información también denominado encriptación que evita que esta sea accesible a quien no está autorizado para ello.

Solo mediante un sistema de contraseñas puede extraerse la información de forma inteligible y es aplicable tanto a la información que está siendo transmitida como a la almacenada. Los principios de confidencialidad, no solo deben aplicarse para proteger nuestra propia información, sino todos aquellos datos e información de los que seamos responsables.

La información puede tener carácter confidencial no solo por ser de alto valor para nosotros sino, por ejemplo, porque puede estar amparada por legislación de protección de datos de carácter personal. Un ejemplo de violación de la confidencialidad son las filtraciones sufridas por entidades bancarias, grandes empresas y gobiernos para exponer públicamente algunas de sus actividades.

La Integridad es el segundo pilar de la seguridad consiste en asegurarse de que la información no se pierde ni se ve comprometida voluntaria ni involuntariamente. El hecho de trabajar con información errónea, puede ser tan nocivo para nuestras actividades como perder la información.

De hecho, si la manipulación de la información es lo suficientemente sutil, puede causar que arrastremos una cadena de errores acumulativos y sucesivamente tomemos decisiones equivocadas. Para garantizar la integridad de nuestra información debemos tener control sobre el tráfico de red para descubrir posibles intrusiones, implementar políticas de auditoria que registren quién hace qué, cuándo y con qué información, e implementar sistemas de control de cambios algo tan sencillo, como, por ejemplo, comprobar los haces o resúmenes de los archivos de información almacenados en un sistema, para comprobar si cambian o no.

Como último recurso tenemos las copias de seguridad que en caso de no conseguir impedir que se manipule o pierda la información, nos permite recuperarla en su estado anterior. Por último, el tercero de los pilares a tener en cuenta para poder considerar que disponemos de una seguridad mínima en lo que a nuestra información respecta es la Disponibilidad; de nada sirve que solo nosotros accedamos a nuestra información y que sea incorruptible, si el acceso a la misma es tedioso o imposible.

• La información, para resultar útil y valiosa, debe estar disponible para quien la necesita.
• Debemos implementar las medidas necesarias para que tanto la información como los servicios estén disponibles.
• Por ejemplo, un ataque distribuido de denegación de servicio o DDoS puede dejar inutilizada nuestra tienda online, impidiendo que los clientes accedan a la misma y puedan comprar.

Otro ejemplo de pérdida de disponibilidad, sería que nuestra dirección de correo electrónico sea utilizada para lanzar campañas de spam y, en consecuencia, añadida a listas negras impidiendo que ninguno de los destinatarios de nuestro e-mail legítimos, los reciba.

Para este propósito, se implementan políticas de control como el SLA o Acuerdo de Nivel de Servicio; Balanceadores de carga de tráfico para minimizar el impacto de ataques de denegación de servicio; Copias de seguridad para restauración de información perdida. Para concretar, diremos que nuestra información y sistemas son seguros, si solo accede a la información y recursos quién debe.

Si podemos detectar y recuperarnos de manipulaciones accidentales o voluntarias de la información, y si podemos garantizar un nivel de servicio y acceso a la información, aceptable, según nuestras necesidades.

¿Cuál es la Ley que modifica la Ley 29783?

Prcp.com.pe Hoy, 25 de junio de 2021, se publicó la Ley 31246 (‘ Ley ‘), a través de la cual se modifica la Ley 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, para garantizar el derecho de los trabajadores a la seguridad y salud en el trabajo ante riesgo epidemiológico y sanitario.

¿Qué artículos son los que se han modificado en la Ley 29783 y la Ley 31246?

Objetivo de la nueva ley – La ley 31246 tiene como objetivo modificar los artículos 49 y 60 de la ley 29783 con el fin de asegurar el bienestar de los trabajadores de los sectores públicos y privados, sin tener en cuenta el régimen laboral o modalidad presencial o remota de los trabajadores.

1. El empleador debe asumir el costo de las pruebas de tamizaje necesarias, debidamente acreditadas por la Autoridad Nacional de Salud; y,
2. El empleador debe asumir el costo de los equipos de protección personal, de acuerdo a las normas técnicas peruanas, establecidas en la Resolución Directoral 005-2020-INACAL/DN.

Finalmente, el Poder Ejecutivo deberá adecuar el reglamento de la Ley N° 29783 a las modificaciones expuestas en un plazo de 30 días calendario, contados a partir de la vigencia la Ley Nº 31246, es decir, desde 26 de junio del 2021.

¿Qué dice la Ley 29783 y 3022?

La ley 30222 tiene el objetivo de modificar diferentes artículos de la ley de seguridad y salud en el trabajo la ley 29783 con el fin de facilitar la implementación, manteniendo el nivel efectivo de protección de la seguridad y la salud, además de reducir costos para las organizaciones y los incentivos de informalidad.

¿Cómo se aplica la Ley 29783?

Lo más importante de la ley 29783 es que se puede aplicar en todos los sectores económicos, e incluso donde hay trabajadores de empresas privadas y públicas por igual, además de los trabajadores por cuenta ajena, en todo el territorio, ya que la situación anterior no se daba quedando desprotegida una parte muy

¿Qué nos dice la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el trabajo sobre el mapa de riesgos?

1. Los mapas de riesgos en la Ley 29783 – La Ley 29783, también conocida como la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, contempla los mapas de riesgos como uno de los principios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta precisión la podemos ubicar en los artículo 19 y 35 de la normativa al referirse a la participación de los trabajadores y los empleadores en el mencionado sistema de seguridad.

• En el caso de los trabajadores, la ley señala que los trabajadores están en la facultad de identificar los peligros y evaluar los riesgos al interior de cada unidad empresarial y en la elaboración del mapa de riesgos.
• Por su parte, los empleadores están dispuestos a elaborar dicho mapa «con la participación de la organización sindical, representantes de los trabajadores, delegados y el comité de seguridad y salud en el trabajo, el cual debe exhibirse en un lugar visible».

Recurso útil: Definición, miembros, implementación y funciones del Comité de seguridad y salud en el trabajo

¿Cuántos y cuáles son los principios en la que se sustenta la seguridad basada en el comportamiento SBC?

Todavía hoy, por desgracia y con más frecuencia de la que quisiéramos, contemplamos imágenes como éstas donde podemos observar comportamientos inseguros: Nos dejan atónitos y nos hacen preguntarnos entre otras cuestiones ¿por qué asume el trabajador ese riesgo? ¿por qué lo hace así y no de manera segura, en las debidas condiciones de seguridad?.

Podríamos hablar de que las condiciones de trabajo per sé, no son seguraspero y cuando las condiciones de trabajo son seguras? ¿por qué cuando las condiciones organizativas de trabajo lo permiten, decidimos actuar fuera de las normas de prevención? Hoy a 20 años de la Ley de Prevención y su reglamentación de desarrollo, la información y formación de los trabajadores en materia de prevención es un hecho (aunque también podríamos debatir sobre la calidad y eficacia de esa formación, su reciclaje).

Además existe una mayor sensibilización en esta materia a nivel social, a nivel empresarial y también a nivel de los propios trabajadores. ¿No estamos lo suficientemente motivados en PRL todavía? El escenario actual en PRL es un escenario con un repunte importante de la siniestralidad laboral, donde existe una extensa legislación, donde todavía se pone el foco en el cumplimiento normativo y donde hacemos una prevención basada en técnicas tradicionales (seguridad, higiene).

Entonces. ¿estamos haciendo todo lo posible, todo lo que está en nuestra mano para reducir los accidentes y enfermedades profesionales? Hoy dedicaremos esta entrada a una metodología de intervención y prevención de riesgos que se ha mostrado también eficaz en la medida en que todavía hoy muchos accidentes dependen también (aunque no de forma exclusiva obviamente) del comportamiento humano; la Seguridad Basada en la Comportamiento,

Veremos sobre qué fundamentos o principios se asienta esta metodología y las claves del éxito de un programa de Seguridad Basada en la Comportamiento, en adelante ( SBC ). Esta metodología ha demostrado su eficacia en numerosas empresas de diferentes sectores de actividad y se perfila como una herramienta que debe ser especialmente considerada tanto por las organizaciones como por los prevencionistas no sólo para reducir y prevenir accidentes sino también para integrar la prevención e instaurar una verdadera cultura preventiva entre los trabajadores, principales destinatarios de esta metodología (aunque no los únicos).

• La SBC es una herramienta de gestión basada en la observación de las conductas seguras en el lugar de trabajo y cuya finalidad es reforzar y mejorar el desempeño o comportamiento seguro de todos los componentes de una organización.
• Las conductas y las actitudes que tenemos las personas, son un tema verdaderamente complejo y a la vez de gran importancia por cuanto que las empresas y organizaciones están constituidas por personas.

En la gestión de la prevención deberíamos dar más importancia a este capítulo. Existen unas condiciones materiales de seguridad, un medio ambiente físico de trabajo, contaminantes químicos y biológicos que pueden estar presentes en el medio ambiente de trabajo, una determinada carga de trabajo, una determinada organización del trabajoSin embargo una correcta gestión de la prevención de riesgos laborales no sólo debe influir en las condiciones materiales, ambientales y organizativas del trabajo sino que también debe contemplar una intervención en el «subsistema social de la empresa» (NTP 415 del INSHT, Actos inseguros en el trabajo: guía de intervención, esto es, en las personas). Las tres condiciones son necesarias y ninguna de ellas condición suficiente, Este «sencillo» modelo, nos permite diagnosticar e intervenir para realizar una correcta integración y planificación de la PRL. Nos permite detectar e identificar en qué condiciones debemos actuar y qué acciones preventivas podemos desarrollar de manera eficaz.

• La SBC, desde el ámbito de la Psicología de la Seguridad y Salud Laboral es una metodología o herramienta de gestión dirigida establecer, mantener y aumentar el comportamiento seguro,
• La SBC nos permite actuar sobre el Factor Humano, sobre el «Querer trabajar seguro»,
• Trata de «educar» a los trabajadores y arraigarles en los principios básicos de la PRL de forma que la seguridad y salud sea un valor en las personas y como un valor de la organización,

Entonces.esta metodología puede aplicarse en organizaciones donde dispongan de un Sistema de Gestión de la Prevención consolidado, donde las condiciones de seguridad e higiene estén superadas, donde se haya «empoderado» a los trabajadores sobre los riesgos, su identificación, las medidas preventivas y protectoras aplicablesEs decir, organizaciones donde se puede trabajar seguro y donde sus trabajadores saben trabajar seguro, I. Basada en la observación de la conducta/comportamiento Los programas de SBC se basan en observar el comportamiento real, tangible y observable de los trabajadores y esto incluye tanto observar lo que la gente hace como aquello que deja de hacer. La observación debe permitir diferenciar entre comportamientos seguros e inseguros.

1. El proceso de observación en un programa de SBC debe ser permanente, e incluir observaciones planeadas y no planeadas. II.
2. Basada en la observación de factores externos Debemos observar aquellos elementos tangibles, medibles, factores externos que afectan al comportamiento como la interacción social, la supervisión, la gestión directiva, el liderazgoya que estos factores pueden promover o aceptar comportamientos de riesgo y por tanto inseguros.

III. Dirigir con activadores y motivar con consecuentes ¿Por qué hacemos algo? Porque queremos algo, porque esperamos una recompensa. Un activador es un estímulo que percibido por el usuario, desencadena una determinada conducta o comportamiento. El activador funciona porque el usuario ha aprendido que si realiza esa conducta después de presentarse ese activador obtendrá una recompensa o evitará un castigo.

1. Los activadores son de especial importancia ya que su fuerza o poder radica en la fuerza de las consecuencias que desencadene.
2. Los programas de SBC tienen como objetivo diseñar y trabajar secuencias ABC. IV.
3. Orientada a consecuencias positivas Se trata de motivar el comportamiento seguro a través de consecuencias positivas.

La SBC trata de identificar las consecuencias que están reforzando a los comportamientos inseguros y eliminarlas o reducirlas. En otro orden, la SBC tendrá que crear o potenciar a aquellas consecuencias que refuercen a los comportamientos seguros.V. Aplicar método científico de control Aplicar un método de control cuantificable, riguroso y de manera continua que permita determinar objetivamente si los resultados obtenidos con el programa son positivos, en qué términos, incluso su valor económico.

D	Definir las conductas objetivo, las conductas clave
O	Observar las conductas para tener la línea base
I	Intervenir sobre las conductas
T	Realizar test, esto es, medir el impacto del método

VI. Basada en la mejora continua. Utilizar los resultados para retroalimentar el sistema Los resultados deben servir para la mejora continua del programa. Un programa de SBC debe ser flexible e ir adaptándose según los resultados en aras a una mayor eficacia del mismo.

• La secuencia DOIT, es similar al conocido ciclo de mejora continua PDCA (Plan, Do, Check, Act) permitiendo introducir o adaptar no solo la fase de intervención sino también en el reenfoque de las observaciones o en las conductas objetivo. VII.
• Considerar los sentimientos y emociones Un cambio en el comportamiento es eficaz si éste es sostenido en el tiempo.

Para que sea sostenible en el tiempo el nuevo comportamiento debe inducir a su vez a un cambio en la conducta cognitiva y sus actitudes. Por ello es importante enfatizar y desarrollar sentimientos positivos, consolidar las actitudes positivas y estimular el aprendizaje y participación favoreciendo el autocontrol de la seguridad.

Ejercer un liderazgo visible y ejemplar por parte de la dirección de la organización Contar con el compromiso de la dirección de la organización Observar y escuchar de forma activa y proactiva Influenciar Realizar acciones Medir Contar con los recursos necesarios para su diseño, desarrollo, implantación y seguimiento. Contar con la participación de las personas de la organización a nivel estratégico (Gerencia, Dirección), a nivel táctico (Mandos intermedios, Supervisores.) y a nivel operativo (trabajadores).

Hemos visto de manera resumida qué esta metodología y los principios sobre los que se asienta. Es una metodología eficaz para intervenir a nivel de psicología de la Seguridad y Salud en la siniestralidad laboral pero que tiene cierto grado de complejidad en su diseño, desarrollo, implantación y seguimiento por lo que es recomendable contar con expertos con conocimiento y experiencia en el desarrollo de programas de SBC.

Siete principios de la Seguridad Basada en los Comportamientos, Ricardo Montero Martínez. Artículo publicado en el número 25 de la Revista Seguridad y Salud en el Trabajo del INSHT -2003, páginas 4 a 11. Seguridad Basada en el Comportamiento, José L. Meliá. Unitat d’Investigació de Psicometria Universidad de Valencia Jornada del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales sobre «Influencia de la Psicosociología en la Siniestralidad Laboral», Ponencia de Dña. Placer Vieco Marcos. Técnico del factor humano. SGS HFE. Innovando en la SBC: hoy en día cambiar comportamientos tiene que ser algo más que observaciones y documentos. Ficha práctica del INSHT, La actitud preventiva, Nota técnica de Prevención 405 del INSHT (1994). Factor humano y siniestralidad: aspectos sociales, Nota técnica de Prevención 415 del INSHT (1994): Actos inseguros en el trabajo: guía de intervención

¿Qué es el principio de la eficacia?

Sumario: 1. Principio de legalidad, 2. Principio de interés público, 3. Principio de buena administración, 4. Principio de autotutela, 5. Principio de subsidiariedad, 6. Principio de adecuación, 7. Principio de diferenciación, 8. Principio de publicidad y transparencia, 9.

1. Principio de prevención, 10.
2. Principio de precaución, 11.
3. Principio de proporcionalidad, 12.
4. Principio de impersonalidad, 13.
5. Principio de imparcialidad, 14.
6. Principio de responsabilidad, 15.
7. Principio de control jurisdiccional, 16.
8. Principio de verdad material, 17.
9. Principio de buena fe, 18.
10. Principio de informalismo, 19.

Principio de impulso de oficio, 20. Principio de gratuidad.

Lea también: Las empresas públicas en el derecho administrativo

Los principios generales son fuentes del derecho que sirven de criterio orientador e interpretativo de las normas del ordenamiento jurídico, garantizan su coherencia y plenitud; cuando se hace referencia a los principios generales del Derecho Administrativo es para establecer los criterios fundamentales que sirven de base para la actuación administrativa, en el caso de la existencia de un conflicto normativo, estos principios servirán para su solución. 1. Principio de legalidad El principio de legalidad impone que la Administración Pública esté sujeta a la ley y que encuentra su fundamento en esta. Este principio tiene diferentes significados: la acción administrativa no es contradictoria a la ley, se debe dar cumplimiento formal y sustancial de la ley.

En el nivel formal, indica la necesidad que la actividad de los poderes públicos encuentre el propio fundamento en la ley, no puede haber aparato administrativo, ni atribución de poderes sin base en la ley. En el nivel sustancial, la administración no solo debe actuar dentro de los límites y con base a una disposición de ley, sino también en cumplimiento de una disciplina sustantiva requerida por la ley.

En el ordenamiento jurídico peruano este principio está previsto en el artículo IV, numeral 1.1 del TUO de la Ley 27444 que indica: Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas.

Existen tres (3) concepciones del principio de legalidad: a) No contradictoriedad, en el entendido que los reglamentos administrativos no pueden contener normas contrarias a las disposiciones de la ley. Es decir, implica observar el principio de jerarquía normativa, por cuanto la actuación administrativa y, particularmente, las facultades reglamentarias atribuidas por la ley, observarán la jerarquía normativa establecida por la Constitución Política del Estado y las leyes,

El poder reglamentario de las entidades públicas debe respetar las normas de superior jerarquía como son las normas con rango y fuerza de ley y las normas constitucionales; en caso, una norma reglamentaria contravenga una norma de superior jerarquía procederá la realización del control constitucional por parte de los órganos jurisdiccionales.

b) En sentido formal, por el cual la Administración Pública sólo tiene las facultades que le confiere la ley, verbi gratia, el artículo 249 del TUO de la Ley 27444 indica: El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a las autoridades administrativas a quienes le hayan sido expresamente atribuidas por disposición legal o reglamentaria, sin que pueda asumirla o delegarse en órgano distinto.

c) En sentido sustancial, por el cual la Administración Pública debe ejercer sus facultades de acuerdo con lo que prescribe la ley, verbi gratia, el artículo 86, numeral 1, del TUO de la Ley 27444 establece: Son deberes de las autoridades respecto del procedimiento administrativo y de sus partícipes, los siguientes: 1.

1. Actuar dentro del ámbito de su competencia y conforme a los fines para los que les fueron conferidas sus atribuciones.
2. Asimismo, el principio de legalidad se define en la relación entre la Administración Pública y la ley, indicando: a) La ley como fuente del poder b) La ley como indicador de fines c) La ley como límite del poder La Administración Pública regirá sus actos con sometimiento pleno a la ley, asegurando a los administrados el debido proceso,

El principio de legalidad implica el sometimiento pleno de las entidades públicas y órganos administrativos a las normas que conforman el ordenamiento jurídico nacional, este principio halla relación con el principio de presunción de legitimidad por el que las actuaciones de la Administración Pública por estar sometidas plenamente a la Ley, se presumen legítimas, salvo expresa declaración judicial en contrario,

Resulta de importancia indicar que cuando se hace referencia al término «ley» debe entenderse en sentido amplio por lo que comprendería a la Constitución y a todas las normas emitidas por autoridades legítimas que conforman el ordenamiento jurídico. Las actuaciones de la Administración Pública por estar sometidas plenamente a la Ley, se presumen legítimas, salvo expresa declaración judicial en contrario (Art.4, literal g), Ley 2341, Bolivia).

El principio de sometimiento a la ley se relaciona con el principio de presunción de legitimidad, por este principio ninguna autoridad administrativa puede incumplir u oponerse a la ejecución de un acto administrativo, salvo la existencia de un mandato judicial o de una disposición administrativa que deja sin efecto o declara nulo un acto administrativo, en tanto no exista esta disposición judicial o administrativa expresa no es posible incumplir un acto administrativo.

En el ordenamiento jurídico peruano, tenemos el artículo 9 del TUO de la Ley 27444 que establece el principio de presunción de validez del acto administrativo indicando: Todo acto administrativo se considera válido en tanto su pretendida nulidad no sea declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional, según corresponda.

El principio de legalidad implica que cualquier acción de las autoridades públicas debe basarse en una norma legal, que por definición emana de la Asamblea Legislativa (Congreso o Parlamento), el órgano representativo del pueblo elegido libremente por el mismo.

Ergo, la Administración Pública solo puede ejercer las facultades previstas por la ley, es decir, solo puede hacer lo que la ley prescribe y/o le permite hacer. El principio de legalidad en la historia del derecho corresponde a una precisa garantía de libertad para el ciudadano: una autoridad que actúa arbitrariamente, sin límites, tiene el poder de suprimir las libertades, mientras que un poder público democráticamente subordinado a la ley (y, por tanto, a la Asamblea Legislativa) debe, por definición, respetar la libertad del ciudadano.

De allí que el principio de legalidad, halle su complemento en el principio de libertad previsto en el artículo 2, inciso 24, literal a) de la Constitución Política del Perú que indica: Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe.

1. En particular, en el derecho administrativo, el principio por el cual la Administración Pública está sujeta a la ley garantiza al ciudadano contra los actos administrativos ilegales (abusos).
2. El principio de legalidad garantiza la libertad del ciudadano frente a la arbitrariedad del poder.
3. Asimismo, se ha dicho que, en cumplimiento del principio de legalidad, la Administración Pública solo puede ejercer las facultades previstas por la ley, es decir, solo puede hacer lo que la ley prescribe y/o le permite hacer; sin embargo, la ley no siempre puede prever todo lo que la administración puede y debe hacer, porque se mueve a un nivel general y abstracto, verbi gratia, establece que se debe otorgar un subsidio a los más merecedores e identifica criterios de selección en general, tiene que gestionar situaciones concretas, verbi gratia, establecer quién en concreto es el más merecedor, esto último corresponde a la discrecionalidad administrativa,2.

Principio de interés público De acuerdo con este principio, la Administración Pública desarrolla su actividad orientada a la consecución de fines colectivos que le atribuye el propio ordenamiento general. En el fundamento 11 de la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 0090-2004-AA/TC, Perú, se define el interés público en los siguientes términos: El interés público tiene que ver con aquello que beneficia a todos; por ende, es sinónimo y equivalente al interés general de la comunidad.

Su satisfacción constituye uno de los fines del Estado y justifica la existencia de la organización administrativa. La administración estatal, constituida por órganos jerárquicamente ordenados, asume el cumplimiento de los fines del Estado teniendo en cuenta la pronta y eficaz satisfacción del interés público.

El desempeño de la función pública está destinado exclusivamente a servir los intereses de la colectividad, La función pública está constituida por el conjunto de arreglos institucionales mediante los que se articulan y gestionan el empleo público y las personas que integran éste, en una realidad nacional determinada, dichos arreglos comprenden normas, escritas o informales, estructuras, pautas culturales, políticas explícitas o implícitas, procesos, prácticas y actividades diversas cuya finalidad es garantizar un manejo adecuado de los recursos humanos, en el marco de una administración pública profesional y eficaz, al servicio del interés general,

1. Por su parte, los intereses públicos son intereses transindividuales e indivisibles y necesariamente requieren una solución unitaria y uniforme,
2. Ahora bien, observar el interés público implica que las autoridades administrativas tienen el deber de proteger y defender los derechos fundamentales de la persona, el fundamento 14 de la Sentencia del Tribunal Constitucional del Perú recaída en el Expediente 0569-2003-AC/TC indica: Tal circunstancia genera el cumplimiento del deber de oficialidad por parte de los órganos públicos en la medida en que existe la inexorable necesidad de satisfacer el interés público de proteger y defender los derechos fundamentales de la persona.

Lea también: Diplomado en Derecho Administrativo, procedimiento sancionador y gestión pública 3. Principio de buena administración El principio de buen desempeño de la administración pública o, más simplemente, de buena administración, implica que la actividad de la Administración Pública está necesariamente orientada al cuidado del interés público y debe cumplir con las criterios de eficacia y eficiencia.

En el Preámbulo de la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en Relación con la Administración Pública se indica que la buena Administración Pública es: La buena Administración Pública es, pues, una obligación inherente a los Poderes Públicos en cuya virtud el quehacer público debe promover los derechos fundamentales de las personas fomentando la dignidad humana de forma que las actuaciones administrativas armonicen criterios de objetividad, imparcialidad, justicia y equidad, y sean prestadas en plazo razonable.

Se exige que la Administración Pública sea un sujeto eficaz, es decir, mientras una empresa privada actúa eficientemente si alcanza una determinada ganancia, para la Administración Pública la ganancia está representada por la ganancia social lograda a través de un sacrificio más o menos grande de posiciones subjetivas.

1. El buen desempeño establece que la actividad de la Administración Pública debe estar orientada a la consecución del interés público.
2. Para ello, la actuación administrativa debe guiarse no solo por el principio de legalidad sino también por los principios de eficiencia y eficacia.3.1.
3. Principio de eficiencia Respecto al principio de eficiencia o economía se refiere a los medios empleados por la Administración Pública en su propia actividad, donde se dice que una administración es eficiente cuando adopta los medios más adecuados y menos costosos para llevar a cabo sus propias competencias, verbi gratia, una entidad pública que emplea más personal, más dinero, de manera ineficiente no es una administración pública económica.

Este principio tiene como objetivo fundamental evitar el desperdicio. Una referencia al principio de economía o eficiencia la encontramos en el último párrafo del numeral 239.1 del artículo 239 del TUO de la Ley 27444 que indica: Por razones de eficacia y economía, las autoridades pueden coordinar para la realización de acciones de fiscalización conjunta o realizar encargos de gestión entre sí.3.2.

Principio de eficacia El principio de eficacia se refiere a los resultados realmente logrados por la Administración Pública; se dice que una administración es eficaz si logra alcanzar los resultados que se propuso, verbi gratia, la administración escolar es eficaz si logra obtener una buena preparación cultural o profesional de los alumnos o si logra evitar demasiados fracasos.

Todo procedimiento administrativo debe lograr su finalidad, evitando dilaciones indebidas, En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa,

En artículo IV, numeral 1.10 del TUO de la Ley 27444 define el principio de eficacia en los siguientes términos: Los sujetos del procedimiento administrativo deben hacer prevalecer el cumplimiento de la finalidad del acto procedimental, sobre aquellos formalismos cuya realización no incida en su validez, no determinen aspectos importantes en la decisión final, no disminuyan las garantías del procedimiento, ni causen indefensión a los administrados.4.

Principio de autotutela La Administración Pública dicta actos que tienen efectos sobre los ciudadanos y podrá ejecutar según corresponda por sí misma sus propios actos, sin perjuicio del control judicial posterior, Por autotutela se entiende la potestad legal que se otorga a las entidades públicas para ejecutar sus propios actos sin necesidad de la obtención de una orden judicial; la autotutela o acción directa es una facultad prevista en la ley que permite a la Administración Pública hacerse justicia por sí misma.

Este principio también justifica la creación de los Tribunales Administrativos que en su actuar pueden emitir actos administrativos que deciden un conflicto de intereses que posteriormente se pueden sujetar a un procedimiento de ejecución coactiva. El principio de autotutela halla su correlato en la ejecutoriedad del acto administrativo previsto en el artículo 203 del TUO de la Ley 27444 que indica: Los actos administrativos tendrán carácter ejecutario, salvo disposición legal expresa en contrario, mandato judicial o que estén sujetos a condición o plazo conforme a ley.5.

Principio de subsidiariedad El principio de subsidiariedad es el principio social y legal que establece la intervención de los organismos públicos locales (Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales), tanto hacia la ciudadanía como hacia las entidades y subdivisiones administrativas subyacentes, es decir, la intervención de organismos supranacionales hacia los Estados miembros.

• Debe implementarse exclusivamente como un subsidio (o como una ayuda, del latín subsidium ) en el caso de que el ciudadano o la entidad subyacente no pueda actuar por su cuenta.
• Es decir, el principio de subsidiariedad establece que las actividades administrativas son realizadas por la entidad territorial administrativa más cercana a los ciudadanos (los municipios), pero pueden ser ejercidas por los niveles administrativos territoriales superiores (Estado, Regiones o Provincias) únicamente sí pueden hacer que el servicio sea más eficaz y eficiente.

En el ordenamiento jurídico peruano, el principio de subsidiariedad esta definido en el literal f) del artículo 4 de la Ley 27783, Ley de Bases de la Descentralización que indica: Las actividades de gobierno en sus distintos niveles alcanzan mayor eficiencia, efectividad y control de la población si se efectúan descentralizadamente.

1. La subsidiariedad supone y exige que la asignación de competencias y funciones a cada nivel de gobierno, sea equilibrada y adecuada a la mejor prestación de los servicios del Estado a la comunidad.
2. De esta manera, el principio de subsidiariedad implica que: a) Las distintas instituciones, tanto nacionales como supranacionales, deben esforzarse por crear las condiciones que permitan a los individuos y grupos sociales actuar libremente sin ocupar su lugar en el desempeño de sus actividades: una entidad de nivel superior no debe actuar en situaciones en las que la entidad de nivel inferior (y, en última instancia, el ciudadano) puede actuar.

b) La intervención de la entidad de nivel superior debe ser temporal y orientada a devolver la autonomía de acción a la entidad de nivel inferior. c) La intervención pública se lleva a cabo lo más cerca posible del ciudadano. El principio de subsidiariedad potencia el papel de los llamados organismos intermedios que se encuentran operando «en el medio» entre el ciudadano individual y el Estado (hablamos sobre todo de los Gobiernos Locales y Gobiernos Regionales); si son capaces de llevar a cabo una función social o para satisfacer una necesidad colectiva, el Estado debe apoyarlos, incluso financieramente, ocupándose de coordinarlos.

• Ahora bien, hablamos de subsidiariedad vertical cuando las necesidades de los ciudadanos son satisfechas por la acción de los órganos administrativos públicos, y de subsidiariedad horizontal cuando estas necesidades son satisfechas por los propios ciudadanos, quizás en forma asociada o voluntaria.
• La llamada subsidiariedad vertical implica la transferencia de tareas y funciones administrativas del Estado a las regiones y otros organismos locales, que por definición se consideran más cercanos a los ciudadanos afectados.

La subsidiariedad horizontal se encuentra cuando se establece que el Estado, Regiones, Provincias y Municipios favorecen la iniciativa autónoma de los ciudadanos, particulares y asociados, para el desempeño de actividades de interés general, sobre la base del principio de subsidiariedad.

1. Por tanto, con este último principio el legislador establece que es preferible, en la medida de lo posible, satisfacer las necesidades públicas a través de la actividad de los particulares a la de la Administración Pública.
2. La subsidiariedad horizontal la encontramos, verbi gratia, en el segundo párrafo, del artículo 1 de la Ley 29124, Perú, que indica: Entiéndase por cogestión en salud, a las acciones que desarrolle la comunidad para el bienestar de la salud de la población en un territorio definido, y que impliquen tanto su participación en los servicios públicos como su acción sobre los determinantes de la salud y en la forma de decisiones conjuntas respectos de las prioridades de políticas e intervenciones en salud vinculadas al cuidado de ésta y de los recursos; y la implementación de mecanismos de rendición de cuentas y vigilancia ciudadana de las acciones, adoptando las formas convencionales que las partes acuerden.

El principio de subsidiariedad, nos lleva al principio de autonomía y descentralización, por el que se reconocen y promueven las autonomías locales y se implementa la más amplia descentralización administrativa en los servicios que dependen del Estado.

1. La República, aunque única e indivisible, reconoce y promueve las autonomías locales, implementa la descentralización administrativa de los servicios, inspira su legislación a las necesidades de autonomía y descentralización, es decir, la atribución de competencias no solo a los órganos centrales.
2. Asimismo, el principio de autonomía y descentralización debe tomar en cuenta el principio de cooperación leal que rige las relaciones organizativas entre las entidades públicas, el artículo 87 del TUO de la Ley 27444, Perú, indica: Las relaciones entre las entidades se rigen por el criterio de colaboración, sin que ello importe renuncia a la competencia propia señalada por ley.6.

Principio de adecuación La adecuación significa la capacidad de un determinado nivel de gobierno para abordar los problemas subyacentes a las competencias en cuestión de vez en cuando. El principio de adecuación establece que la entidad organizativa, potencialmente titular de una potestad administrativa, debe contar con una organización adecuada para garantizar el ejercicio efectivo de dicha potestad; la adecuación debe ser considerada tanto con respecto a la entidad única, como con respecto a la entidad asociada a otras entidades, para el ejercicio de las funciones administrativas.

El artículo 7, numeral 7.2, de la Ley 27783, Ley de Bases de la Descentralización, Perú, indica: El gobierno nacional tiene jurisdicción en todo el territorio de la República; los gobiernos regionales y los gobiernos municipales la tiene en su respectiva circunscripción territorial. De la combinación de este principio con el de subsidiariedad se desprende que si el ente territorial al que se encomienda una función administrativa (que debe ser el más cercano al ciudadano administrado) no tiene la estructura organizativa para prestar el servicio, esta función debe atribuirse a la entidad administrativa territorial superior.

Las dos dinámicas, la de subsidiariedad y la de adecuación, están destinadas a trabajar en sinergia. 7. Principio de diferenciación El principio de diferenciación en el Derecho Administrativo establece que el legislador, al asignar una potestad administrativa a las entidades públicas u órganos administrativos, debe considerar las características de las entidades u órganos administrativos receptores, tales como: características demográficas, territoriales, asociativas y estructurales que pueden variar incluso significativamente en la realidad del país.

Este principio se relaciona con el criterio de provisión previsto en el literal c) del artículo 14 de la Ley 27783, Ley de Bases de la Descentralización, Perú, que indica: Toda transferencia o delegación de competencias deberá ser necesariamente acompañada de los recursos financieros, técnicos, materiales y humanos directamente vinculados a los servicios transferidos, que aseguren su continuidad y eficiencia.8.

Principio de publicidad y transparencia Se trata de dos (2) principios por los cuales la Administración Pública debe permitir que los ciudadanos puedan informarse sobre sus actividades. De hecho, reconoce que todos los ciudadanos tienen derecho a acceder a los documentos administrativos.

Sin embargo, no todos los documentos son accesibles, los amparados por secretos de Estado no, los indicados por el gobierno con su propio decreto, entre otros. De la aplicación de estos dos (2) principios se desprende que: a) El procedimiento para la conformación del acto administrativo es público. b) La iniciación del procedimiento debe ser puesta en conocimiento de las partes interesadas.

c) Se deben dar publicidad a los actos finales del procedimiento. d) Los interesados ​​tienen derecho a inspeccionar el procedimiento y los documentos procedimentales. e) Los interesados ​​tienen derecho a obtener copia de los documentos administrativos.8.1.

Principio de publicidad La actividad y actuación de la Administración es pública, salvo que ésta u otras leyes la limiten, En virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a conocer al público y a los interesados, en forma sistemática y permanente, sin que medie petición alguna, sus actos, contratos y resoluciones, mediante las comunicaciones, notificaciones y publicaciones que ordene la ley, incluyendo el empleo de tecnologías que permitan difundir de manera masiva tal información,

El artículo 3 del TUO de la Ley 27806, Perú, indica: Todas las actividades y disposiciones de las entidades comprendidas en la presente Ley están sometidas al principio de publicidad. Los funcionarios responsables de brindar la información correspondiente al área de su competencia deberán prever una adecuada infraestructura, así como la organización, sistematización y publicación de la información a la que se refiere esta Ley.

• En consecuencia: 1.
• Toda información que posea el Estado se presume pública, salvo las excepciones expresamente previstas por el artículo 15 de la presente Ley.2.
• El Estado adopta medidas básicas que garanticen y promuevan la transparencia en la actuación de las entidades de la Administración Pública.3.

El Estado tiene la obligación de entregar la información que demanden las personas en aplicación del principio de publicidad. La entidad pública designará al funcionario responsable de entregar la información solicitada.8.2. Principio de transparencia En el moderno Estado Democrático, el llamado Estado de Derecho, la Administración Pública pasa de un «muro de goma» a un «palacio de cristal».

La imagen da una buena idea de una Administración Pública que debe ser cada vez más transparente a los ojos del ciudadano, quien debe tener la oportunidad de mirar hacia adentro y comprobar cómo se lleva a cabo el trabajo de los funcionarios públicos, dándose cuenta de los motivos de los actos administrativos, verbi gratia, piensa en los que participan en un concurso público y no lo aprueban: hoy, ejerciendo el derecho de acceso a la información pública, puedes ver los documentos del concurso, la prueba escrita realizada y darte cuenta de los errores cometidos.

La transparencia de la actividad administrativa es un logro importante, más si tenemos en cuenta que en el pasado era casi imposible comprender los motivos de las actuaciones administrativas y había que aceptar el secreto del poder de la actividad administrativa; no fue posible tener un diálogo en posición de igualdad, un enfrentamiento entre el ciudadano y la Administración Pública, que desde lo alto de su poder hacía inaccesibles sus decisiones.

1. La transparencia de la actividad administrativa se expresa en los siguientes supuestos: a) Obligación de motivar la disposición administrativa, verbi gratia, si se niega la emisión de un pasaporte o un permiso de residencia, se deben indicar los motivos en la disposición de denegación.
2. B) Publicidad de los documentos administrativos, verbi gratia, las clasificaciones de los concursos.

c) Participación de los particulares en el procedimiento administrativo, la Administración Pública debe comunicar el inicio de un procedimiento a los interesados, quienes podrán presentar observaciones y documentación a su favor distintas de la comunicación del inicio del procedimiento sancionador al interesado.

d) Derecho de acceso, el ciudadano tiene derecho a ver y extraer copia de los documentos administrativos que le interesan. En el plano organizativo, la transparencia administrativa está a cargo de las oficinas de relaciones públicas, que, entre otras cosas, prevén la divulgación de información a los usuarios; el responsable del trámite, sujeto dentro de la administración procesal, que el ciudadano puede identificar y contactar.9.

Principio de prevención El principio de prevención o acción preventiva es un principio de la acción administrativa que se resume recordando el dicho: «es mejor prevenir que curar». Este principio implica que se debe actuar antes de que se produzca el daño, a fin de, en la medida de lo posible, eliminar o, al menos, reducir fuertemente el riesgo de que el mismo ocurra.

En el ordenamiento peruano, verbi gratia, el artículo VI de la Ley 28611, Ley General del Ambiente, Perú, define el principio de prevención en los siguientes términos: La gestión ambiental tiene como objetivos prioritarios prevenir, vigilar y evitar la degradación ambiental. Cuando no sea posible eliminar las causas que la generan, se adoptan las medidas de mitigación, recuperación, restauración o eventual compensación, que correspondan.10.

Principio de precaución En cuanto al principio de precaución, los límites de este y su alcance deben definirse con respecto al principio de prevención. Aplicar el principio de precaución significa adoptar medidas de protección y prevención incluso cuando no es absolutamente seguro que un fenómeno en particular sea nocivo, pero, al mismo tiempo, existe una duda científicamente confiable de que pueda serlo.

En otras palabras, de acuerdo con este principio, el legislador y la Administración Pública, en caso de que esta última ejerza facultades discrecionales, están obligados, cada uno por su parte, a actuar como precaución incluso ante la presencia de un riesgo potencial. Este principio opera cuando falta certeza científica sobre el daño y retrasar las intervenciones podría conducir a un aumento del daño.

Es importante subrayar, sin embargo, que su afirmación no debe traducirse en modo alguno en la posibilidad de dar seguimiento a sugerencias o temores desprovistos de fundamento, verbi gratia, tenemos el artículo VII de la Ley 28611, Ley General del Ambiente, Perú, que define el principio precautorio en los siguientes términos: Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza absoluta no debe utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces y eficientes para impedir la degradación del ambiente.11.

1. Principio de proporcionalidad Este principio es válido tanto para el legislador como para la Administración Pública, donde debe ejercer una discrecionalidad mediante la ponderación de intereses.
2. En aplicación del principio en cuestión, debe evitarse que se adopten medidas de protección excesiva e injustificadamente invasivas y restrictivas de las libertades de las personas y, en caso de compresión de las libertades económicas, también discriminatorias y falseadoras de la competencia.

El artículo 66, inciso 10, del TUO de la Ley 27444, Perú, establece: Son derechos de los administrados con respecto al procedimiento administrativo, los siguientes: () 10. A que las actuaciones de las entidades que les afecten sean llevadas a cabo en la forma menos gravosa posible.

• La Administración Pública actuará con sometimiento a los fines establecidos en la ley y utilizará los medios adecuados para su cumplimiento,
• Si bien se reconoce la autotutela de la administración pública, esta potestad se debe de ejercer proporcionalmente sin afectar los derechos fundamentales de los administrados.

El principio de proporcionalidad de la actividad administrativa establece que los derechos y libertades de los ciudadanos solo pueden limitarse en la medida en que sea indispensable para proteger los intereses públicos. De acuerdo con este principio, cualquier disposición utilizada por la Administración Pública, especialmente si es desfavorable para el destinatario, debe ser necesaria y acorde con la consecución del fin fijado por la ley.

En consecuencia, siempre que sea posible optar entre varios medios alternativos, todos igualmente adecuados para la consecución del fin, se debe preferir siempre el que determine un menor sacrificio para el destinatario, respetando el justo equilibrio entre los diversos intereses involucrados en el caso específico.

especialmente en materia disciplinaria. En el principio de gradualidad se puede encontrar una aplicación o, si se quiere, un corolario importante del principio de proporcionalidad, verbi gratia, el artículo 248, inciso 3, del TUO de la Ley 27444, Perú, indica: Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, observando los siguientes criterios que se señalan a efectos de su graduación.

1. Dado que las medidas de precaución no se basan en certezas absolutas sino que a menudo implican un sacrificio muy elevado de otros valores, deben adoptarse equilibrando el principio de precaución con el principio de proporcionalidad,
2. De esta forma, las medidas no resultan excesivamente gravosas y existe una proporción entre el grado de probabilidad de los riesgos y la gravedad de los daños temidos y el grado de incisividad de las mismas medidas sobre las libertades opuestas.

En definitiva, es necesario evitar que la aplicación del principio de precaución pueda derivar en la adopción de bloques generalizados de actividades de todo tipo, no fundamentados en evidencia científica adecuada, ya que esta situación, efectivamente, se colocaría en violación del mismo principio. 12. Principio de impersonalidad El principio de impersonalidad establece el deber de imparcialidad en la defensa de los intereses públicos, impidiendo discriminaciones y privilegios indebidamente dispensados a los particulares en el ejercicio de la función administrativa, asimismo, la actuación de los servidores públicos es imputada al Estado, ergo, estas actuaciones no deben ser atribuidas a la persona física del servidor público, sino a la persona jurídica estatal a la que se encuentra ligado.

De esta manera, impersonalidad respecto de los administrados basada en la igualdad de trato entre administrados sin discriminación, e impersonalidad respecto de los servidores públicos, que sujetos a situaciones de desplazamiento de personal o término de la relación del servicio civil, su actuar se reputa a la entidad pública donde prestaron servicios, por lo que el cambio de autoridad pública de ninguna manera afecta la continuidad en el servicio público de una entidad pública.

Estando a lo anterior, el principio de impersonalidad se sustenta en dos (2) pilares fundamentales: a) No es permitido a los servidores públicos tener privilegios respecto de unos pocos perdiendo el interés general de la colectividad. Conforme a esto no será posible beneficiar a una persona o grupo de personas en detrimento y perjuicio del interés de toda la colectividad, sin embargo, si se puede beneficiar a una persona o grupo de personas si es en beneficio del interés público de la colectividad.

B) Impedir que los servidores públicos se aprovechen de la cosa pública a través del uso del dinero o bienes públicos. El uso de dineros y bienes públicos se sustenta en el interés público de la colectividad, no se pueden utilizar para el interés propio o de terceros. Los cargos públicos no están para cumplir beneficios privados sino garantizar el bien público de la colectividad.

La impersonalidad se establece desde el punto de vista de los administrados y de la Administración Pública. a) Impersonalidad relativa a los administrados, Conforme a esto la Administración Pública solo puede practicar los actos impersonales si tales actos van a propiciar el bien común de la colectividad.

Es importante indicar que es de interés público la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, por lo que no se afecta la imparcialidad cuando se emite una norma para favorecer a un grupo de ciudadanos en la defensa de sus derechos fundamentales, verbi gratia, en la declaración de un Estado de Emergencia para salvaguardar el derecho a la integridad de los ciudadanos, conforme a esto, la impersonalidad proscribe que el interés particular esté por encima del interés público, no siendo interés particular la defensa y garantía de los derechos fundamentales, otro ejemplo, sería cuando el Director de un Hospital dispone la atención prioritaria de un paciente faltando al orden de atención por llegada, pero esta atención especial se debe a la protección del derecho a la salud del Administrado que podría morir de seguir esperando.

b) Impersonalidad relativa a la Administración Pública, Los actos impersonales se originan en la Administración Pública, no importando quien los haya practicado, los actos son de los órganos administrativos más no de los servidores públicos, verbi gratia, una autoridad administrativa no se puede negar a ejecutar un acto administrativo que otra autoridad emitió, salvo mandato judicial o disposición legal en contrario.

Asimismo, esto es de importancia para solicitar la responsabilidad patrimonial del Estado la cual en acción se dirigirá a la entidad pública más no a la persona natural que ostenta el cargo público como órgano administrativo; sin embargo, es importante indicar que esta impersonalidad es aplicable al Derecho Administrativo y no exime de la responsabilidad penal o administrativa en la que pudiera incurrir la persona natural que ostentó un cargo público.

Ahora bien, la impersonalidad se puede entender desde diversas dimensiones: a) La impersonalidad como finalidad o interés público, Las actuaciones administrativas deben ser impersonales pues buscan la realización de aquello que es el interés de la población y no de los intereses personales de quien ejecuta la acción, la finalidad de los actos administrativos es el interés público y no el interés privado del servidor público o de los administrados.

La impersonalidad se opone a lo subjetivo, a lo arbitrario o a los privilegios. El principio de impersonalidad es el principio de finalidad pública que impone al servidor público que sólo practique el acto para su fin lícito, siendo este aquel que la norma jurídica indica expresa o virtualmente como objetivo del acto de forma impersonal.

En efecto, la finalidad es el interés público siendo que si un acto no sigue ese objetivo será sujeto de nulidad por afectar el requisito de finalidad pública, verbi gratia, el acto de favorecer a un pariente con un contrato administrativo que se dirige a realizar una obra pública de interés de la colectividad, desvía la finalidad pública del contrato para favorecer al interés de un privado.

B) La impersonalidad como igualdad, La impersonalidad es la transmutación del principio de igualdad para la Administración Pública, por lo tanto, la Administración Pública no debe moverse para atender a los intereses particulares, atender favoritismos, ideologías políticas o intereses de sectores determinados por cuanto todos somos iguales ante la ley, verbi gratia, en el acceso al empleo público, sustentado en el principio de mérito, la autoridad administrativa hace ingresar sin méritos a un pariente cercano, este es un acto de nepotismo que hace nulo el acto de contratación del servidor público, puesto que lejos de favorecer en igualdad a todos los administrados se favorece a alguno creando un estado de discriminación laboral.

c) La impersonalidad como imparcialidad, La impersonalidad es la cualidad de ser imparcial, donde las decisiones administrativas que se adopten no responden a pasiones, por cuanto no se sacrifica la opinión a la propia conveniencia. El aparato estatal no es usado en beneficio propio o de otros por razones puramente subjetivas, verbi gratia, la llamada de una autoridad administrativa a otra recomendando un trato especial respecto de una actuación a realizarse afecta el principio de imparcialidad.

Como se puede verificar, el principio de impersonalidad en la Administración Pública permite explicar figuras como el nepotismo, el peculado, el abuso de autoridad, la colusión, la discriminación laboral, siendo de importancia su incorporación en el ordenamiento constitucional de los Estados democráticos de Derecho.13.

Principio de imparcialidad La imparcialidad es el deber de la Administración Pública de no discriminar la posición de los sujetos involucrados en su actuación, en la búsqueda de los intereses encomendados a su cuidado, ergo, la actividad de la Administración Pública, encaminada a la realización del interés público, debe realizarse con imparcialidad.

La imparcialidad debe entenderse tanto como la prohibición de cualquier forma de favoritismo hacia determinados sujetos (prohibición de comportamiento negativo), así como el igual derecho de todos los ciudadanos a acceder a los servicios prestados por la Administración Pública (obligación de comportamiento positivo).

El principio de imparcialidad debe entenderse como un deber de evitar la desigualdad de trato entre los ciudadanos, ergo, tanto como una prohibición de cualquier forma de favoritismo hacia algunos sujetos, como el igual derecho de todos los ciudadanos a acceder a los servicios que presta la Administración Pública.

Se sustenta en el pleno respeto a la justicia. Las autoridades administrativas actuarán en defensa del interés general, evitando todo género de discriminación o diferencia entre los administrados, Las autoridades administrativas actúan sin ninguna clase de discriminación entre los administrados, otorgándoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento, resolviendo conforme al ordenamiento jurídico y con atención al interés general,

En virtud del principio de imparcialidad, las autoridades deberán actuar teniendo en cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar los derechos de todas las personas sin discriminación alguna y sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva,

• La Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte.
• Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos,

Los funcionarios intervinientes en el procedimiento administrativo podrán excusarse y ser recusados cuando medie cualquier circunstancia comprobable que pueda afectar su imparcialidad por interés en el procedimiento en que intervienen o afecto o enemistad en relación a las partes, así como por haber dado opinión concreta sobre el asunto en trámite (prejuzgamiento),14.

Principio de responsabilidad El principio de responsabilidad de la administración pública implica que el Estado y las entidades públicas son responsables de los actos cometidos por sus empleados. El artículo IV, numeral 1.18 del TUO de la Ley 27444, Perú, describe el principio de responsabilidad en los siguientes términos: La autoridad administrativa está obligada a responder por los daños ocasionados contra los administrados como consecuencia del mal funcionamiento de la actividad administrativa, conforme lo establecido en la presente ley.

Las entidades y sus funcionarios o servidores asumen las consecuencias de sus actuaciones de acuerdo con el ordenamiento jurídico. Los funcionarios, servidores públicos y las entidades públicas son directamente responsables, de acuerdo con las leyes penales, civiles y administrativas, por los actos cometidos en violación de derechos.

En tales casos, la responsabilidad civil se extiende también al Estado y las entidades públicas. Este principio nos dice que determinados sujetos que desarrollan su actividad en una determinada oficina deben dar cuenta de su actividad porque son solidariamente responsables con la Administración Pública por los actos realizados.

Lea también: Diplomado en Derecho Administrativo, procedimiento sancionador y gestión pública 15. Principio de control jurisdiccional El Poder Judicial controla la actividad de la Administración Pública conforme a la Constitución Política del Estado y las normas legales aplicables,

• Los procesos constitucionales y los procesos contenciosos administrativos son los procesos judiciales llamados a controlar las actuaciones administrativas de las entidades públicas.
• Este principio otorga tutela jurisdiccional al particular frente a los actos de la Administración Pública; ergo, contra tales actos siempre es posible apelar al juez para la protección de los derechos e intereses legítimos lesionados.

Este principio se rige por: a) Todos pueden emprender acciones legales para proteger sus derechos e intereses legítimos. b) La tutela jurisdiccional de derechos e intereses legítimos ante los órganos de la jurisdicción ordinaria o administrativa siempre está permitida contra actos de la Autoridad Pública.

• Esta tutela jurisdiccional no puede excluirse ni limitarse a determinados medios de apelación ni a determinadas categorías de actos.
• La ley determina qué órganos de jurisdicción pueden anular los actos de la Administración Pública en los casos y con los efectos previstos por la propia ley.
• De acuerdo con este principio toda persona puede emprender acciones legales para proteger sus derechos subjetivos e intereses legítimos, ante un juez ordinario cuando ha habido una violación de derechos subjetivos donde el juez ordinario, si verifica la violación de un derecho subjetivo, dispone la nulidad del acto administrativo, o ante un juez administrativo cuando se haya violado un interés legítimo donde el juez también declara la nulidad del acto administrativo ilegítimo, verbi gratia, el artículo 1 del TUO de la Ley 27584, Perú, indica: La acción contencioso administrativa prevista en el artículo 148 de la Constitución Política tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados.16.

Principio de verdad material La Administración Pública investigará la verdad material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil, En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas,

La Administración está obligada a ajustarse a la verdad material de los hechos, sin que la obliguen los acuerdos entre los interesados acerca de tales hechos ni la exima de investigarlos, conocerlos y ajustarse a ellos, la circunstancia de no haber sido alegados o probados por las partes,17. Principio de buena fe En la relación de los particulares con la Administración Pública se presume el principio de buena fe.

La confianza, la cooperación y la lealtad en la actuación de los servidores públicos y de los ciudadanos, orientarán el procedimiento administrativo, En virtud del principio de buena fe, las autoridades y los particulares presumirán el comportamiento leal y fiel de unos y otros en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes,

La buena fe se presume, la existencia de la mala fe se prueba. En el ordenamiento peruano, el artículo IV, numeral 1.8, del TUO de la Ley 27444 indica: La autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe.

La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procedimental.18.

Principio de informalismo La inobservancia de exigencias formales no esenciales por parte del administrado, que puedan ser cumplidas posteriormente, podrán ser excusadas y ello no interrumpirá el procedimiento administrativo, Las normas del procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos e intereses no sean afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del procedimiento, siempre que dicha excusa no afecte derechos de terceros o el interés público,

El informalismo es la excusación de la inobservancia por los interesados de exigencias formales no esenciales y que puedan ser cumplidas posteriormente, El procedimiento debe desarrollarse con sencillez y eficacia, de modo que las formalidades que se exijan sean aquéllas indispensables para dejar constancia indubitada de lo actuado y evitar perjuicios a los particulares,

• En el procedimiento administrativo, se aplicará el principio del informalismo en favor del administrado, siempre que se trate de la inobservancia de exigencias formales no esenciales y que puedan ser cumplidas posteriormente,19.
• Principio de impulso de oficio La Administración Pública está obligada a impulsar el procedimiento en todos los trámites en los que medie el interés público,

Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias, Por lo que se debe de garantizar el impulso e instrucción de oficio, sin perjuicio de la participación de los interesados en las actuaciones,20.

1. Principio de gratuidad Los particulares sólo estarán obligados a realizar prestaciones personales o patrimoniales en favor de la Administración Pública, cuando la ley o norma jurídica expresamente lo establezca,
2. Por otro lado, este principio también implica que, en el procedimiento administrativo, las actuaciones que deban practicar los órganos de la Administración del Estado serán gratuitas para los interesados, salvo disposición legal en contrario,

Conclusión Los principios generales del Derecho Administrativo son fuente del ordenamiento jurídico administrativo, sirven como criterio orientador, de aplicación e interpretación de las normas administrativas, su enumeración no es numerus clausus sino numerus apertus, siendo los principios más importantes el principio de legalidad, por el cual las autoridades administrativas deben sujetarse a lo previsto en la ley y el principio de interés público por el cual las autoridades públicas deben actuar con respeto al interés de la comunidad en su conjunto sin amparar arbitrariamente el interés particular *,

Ley 2341 (23 de abril de 2002). Ley de Procedimiento Administrativo. Bolivia. Ley 19.880 (29 de mayo de 2003). Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado. Chile. Ley 19.549 (27 de abril de 1972). Ley de Procedimiento Administrativo. Argentina. Decreto Supremo 004-2019-JUS (25 de enero de 2019). Decreto Supremo que aprueba el T exto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Perú. Decreto 500/91 (03 de octubre de 1991). Aprobación del procedimiento administrativo y disciplinario aplicable al funcionario público de la Administración Central. Uruguay. Ley 1437 (enero 2011). Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo. Colombia. Carta Iberoamericana de la Función Pública (26 y 27 de junio de 2003). Resolución 11 de la «Declaración de Santa Cruz de la Sierra». Bolivia: V Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado. Sentencia Constitucional 1970/2011-R (07 de diciembre de 2011). Expediente 2010-22625-46-AP. Bolivia: Tribunal Constitucional Plurinacional. Sentencia del Tribunal Constitucional (05 de julio de 2004). Expediente 0090-2004-AA/TC. Perú: Tribunal Constitucional. Sentencia del Tribunal Constitucional (05 de abril de 2004). Expediente 0569-2003-AC/TC. Perú: Tribunal Constitucional. Ley 27783 (20 de julio de 2002). Ley de Bases de la Descentralización. Perú. Ley 29124 (30 de octubre de 2007). Ley que establece la cogestión y participación ciudadana para el primer nivel de atención en los Establecimientos de Salud del Ministerio de Salud y de las Regiones. Perú. Decreto Supremo 021-2019-JUS (11 de diciembre de 2019). Texto Único Ordenado de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Perú. Ley 28611 (15 de octubre de 2005). Ley General del Ambiente. Perú. Decreto Supremo 011-2019-JUS (04 de mayo de 2019). Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo. Perú.

Art.4, literal h), Ley 2341, Bolivia Art.4, literal c), Ley 2341, Bolivia Art.4 Ley 2341, Bolivia Art.4, literal a), Ley 2341, Bolivia Numeral 2, Carta Iberoamericana de la Función Pública SC 1970/2011-R, Bolivia Art.4, literal j), Ley 2341, Bolivia Art.3 Ley 1437, Colombia Art.4, literal b), Ley 2341, Bolivia Art.4, literal m), Ley 2341, Bolivia Art.3 Ley 1437, Colombia Art.4, literal p), Ley 2341, Bolivia Art.4, literal f), Ley 2341, Bolivia Art.

1. IV, TUO Ley 27444, Perú Art.3 Ley 1437, Colombia Art.11 Ley 19.880, Chile Art.3 Decreto 500/91, Uruguay Art.4, literal i), Ley 2341, Bolivia Art.4, literal d), Ley 2341, Bolivia Art.
2. IV, TUO Ley 27444, Perú Art.4 Decreto 500/91, Uruguay Art.4, literal e), Ley 2341, Bolivia Art.3 Ley 1437, Colombia Art.4, literal l), Ley 2341, Bolivia Art.

IV TUO Ley 27444, Perú Art.1 Ley 19.549, Argentina Art.13 Ley 19.880, Chile Art.9 Decreto 500/91, Uruguay Art.4, literal n), Ley 2341, Bolivia Art. IV TUO Ley 27444, Perú Art.1 Ley 19.549, Argentina Art.4, literal o), Ley 2341, Bolivia Art.6 Ley 19.880, Chile * El autor es jurista, maestro y abogado especialista en Derecho Administrativo, Derecho del Trabajo y Derecho de la Seguridad Social en el Perú, puede contactarlo en o móvil y WhatsApp (+51) 959666272.

¿Qué son los 7 principios fundamentales?

Los 7 Principios de Cruz Roja: humanidad, imparcialidad, neutralidad, universalidad, unidad, independencia y carácter voluntario, son #VerdadVerdadera. Podemos decirlo porque lo hacemos.

¿Qué son los 10 principios?

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La misión del Pacto Mundial: 10 Principios + 17 ODS Los 10 Principios del Pacto Mundial son los valores esenciales desde el nacimiento de la iniciativa en el año 2000. Se fundamentan en diversas declaraciones de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, normas laborales, medioambiente y anticorrupción y gozan de consenso universal.

Las empresas que se unen a la iniciativa, aceptan estos 10 Principios, comprometiéndose a implementarlos a nivel interno y, por lo tanto, a respetar los derechos humanos y normas laborales, a preservar el medioambiente y a actuar con transparencia en sus actividades y operaciones. Además, las empresas deben presentar sus avances en relación a la implementación cada año, a través de un Informe de Progreso.

En estos informes se pone de manifiesto las acciones y políticas que las empresas llevan a cabo para cumplir con estos principios. No obstante, el Pacto Mundial de Naciones Unidas persigue dos objetivos principales:

1. Incorporar los 10 Principios en las actividades empresariales de todo el mundo.
2. Canalizar acciones en apoyo de los objetivos más amplios de las Naciones Unidas, incluidos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),

¿Qué son los principios y 5 ejemplos?

«Principios» redirige aquí. Para el álbum de Cepeda, véase Principios (álbum), Los principios son reglas o normas que orientan la acción de un ser humano cambiando las facultades espirituales racionales. Se trata de normas de carácter general y universal, como, por ejemplo: amar al prójimo, no mentir, respetar la vida de las demás especies, etc.

Los principios morales también se llaman máximas o precepto constitucional. Los principios éticos son declaraciones propias del ser humano, que apoyan su necesidad de desarrollo y felicidad. Los principios son universales y se los puede apreciar en la mayoría de las doctrinas y religiones a lo largo de la historia de la humanidad,

Immanuel Kant fundamenta la ética en la actividad propia de la razón práctica. Considera principios aquellas proposiciones que contienen la idea de una determinación general de la voluntad que abraza muchas reglas prácticas. Los clasifica como máximas si son subjetivos o leyes si son objetivos,

​ Los principios éticos son declaraciones propias del ser humano, que apoyan su necesidad de desarrollo, felicidad y responsabilidad, Se hace un principio ético como consecuencia del descubrimiento humano para catalogar una acción beneficiosa o perjudicial para sí mismo o su raza. Estas declaraciones guían su conducta, su percepción de la realidad y su pensamiento,

​ Por otro lado, Stephen R. Covey define los principios como faros y como leyes naturales que no se pueden quebrantar. Tal como observó Cecil B. DeMille en torno a los principios contenidos en su película « Los Diez Mandamientos »: «Nosotros no podemos quebrantar la ley.

Solo podemos quebrantarnos a nosotros mismos y en contra de la ley». Así, la « realidad objetiva », el territorio del ser humano, está compuesto por principios ( faros ) que controlan el desarrollo y la felicidad humana. Son, en sí, leyes naturales enraizadas en la estructura de todas las sociedades civilizadas a lo largo de la historia y de aquellas instituciones que han perdurado.

Algunos de estos principios son la rectitud, integridad, honestidad (Estos dos últimos crean los cimientos de la confianza ), la dignidad humana, el servicio o idea de contribuir, el potencial, entre otros. Tales principios son verdades profundas, de aplicación universal,

¿Cuál es la normativa legal que rige la Seguridad y Salud en el trabajo en el Perú Brainly?

– El presente Reglamento desarrolla la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y tiene como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país, sobre la base de la observancia del deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la

¿Cuál es el primer paso en la investigación de accidentes?

Etapas principales de la investigación – Lo más recomendable es disponer de un procedimiento interno en el que se contemplen todos los aspectos del proceso. Se deben tener en cuenta las siguientes etapas: 1. Recogida de datos. Primer paso para conocer lo sucedido.

• Se deberá visitar el lugar del accidente lo antes posible, observando las condiciones materiales de trabajo, así como los métodos de trabajo y las características del empleado (cualificación, formación, etc.).
• Es importante realizar fotografías y describir la forma en que se produjeron los daños.2.
• Integración de datos.

Después de la recogida de datos, se debe realizar una valoración de la información recopilada, Todos estos datos deben quedar registrados para su posterior análisis.3. Análisis de causas. Es la etapa más importante para averiguar las causas del accidente.

A partir de este punto se podrán iniciar las medidas preventivas que eliminen o reduzcan los riesgos de que suceda otro siniestro.4. Selección de las causas principales. Se seleccionaran aquellas causas que, en caso de ser eliminadas, dan como resultado la desaparición del accidente.5. Ordenación de resultados,

Los datos y las causas se ordenarán con criterios de actuación preventiva.6. Informe. Debe recoger todos los aspectos del accidente(fecha y autores de la investigación, personas entrevistadas, fotografías, planos y medidas preventivas, etc.) : Qu pasos hay que realizar en una investigacin de accidente

¿Quién debe aprobar la política de Seguridad y Salud en el trabajo *?

Son funciones del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo las siguientes: a) Formular y aprobar la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, y efectuar el Page 5 seguimiento de su aplicación.

¿Cómo se demuestra la causa de muerte por riesgo de trabajo?

¿Qué es seguridad y salud en el trabajo? La seguridad y salud en el trabajo, conocida también como seguridad e higiene laboral se encuentra prevista por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo y por las Normas Oficiales Mexicanas de la Materia,

Las disposiciones establecidas en los anteriores ordenamientos se refieren a que el patrón tiene la obligación de adoptar las medidas de seguridad en sus instalaciones (fábricas, talleres, oficinas, locales, etcétera) a efecto de prevenir accidentes y enfermedades laborales, garantizando así la salud, la integridad física y vida de los trabajadores.

Por otro lado, los trabajadores están obligados a que se les practiquen los reconocimientos médicos que les resulten aplicables de conformidad con los reglamentos y normas vigentes que establezca el patrón para comprobar que no padecen alguna incapacidad o enfermedad del trabajo, contagiosa o incurable.

• ¿Qué es un riesgo de trabajo? La Ley Federal de Trabajo establece que los riesgos de trabajo son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo.
• Por ejemplo, los trabajadores que prestan servicios de electrificación, tienen el riesgo (de trabajo) a electrocutarse.

¿Qué es un accidente de trabajo? De conformidad con la Ley Federal del Trabajo, el accidente de trabajo es aquel que sufre un trabajador, y que consiste en toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior, la muerte o la desaparición derivada de un acto delincuencial, producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, cualesquiera que sea el lugar y tiempo en que se preste.

• Por ejemplo, un trabajador de la construcción que cae de un andamio o un trabajador de oficina que resbala en la escalera.
• Además se incluyen como accidentes de trabajo, aquellos accidentes que se produzcan al trasladarse el trabajador directamente de su domicilio al lugar del trabajo y del lugar del trabajo al domicilio del trabajador.

Por ejemplo, cuando un trabajador va en el camión de transporte de personal, el camión choca y sufre lesiones el trabajador. ¿Que se entiende por enfermedad de trabajo? La Ley Federal del Trabajo dispone que la enfermedad de trabajo es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en el que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios.

Incapacidad temporal Incapacidad permanente parcial Incapacidad permanente total La muerte Desaparición derivada de un acto delincuencial

¿Cuáles son los derechos de los trabajadores que sufren un riesgo de trabajo? Los trabajadores que sufran un riesgo de trabajo tendrán derecho a:

Asistencia médica y quirúrgica Rehabilitación Hospitalización Medicamentos y material de curación Prótesis Indemnizaciones que dispongan las disposiciones aplicables

¿En qué casos el patrón no está obligado a otorgar asistencia médica, quirúrgica, rehabilitación, hospitalización, medicamentos, material de curación prótesis e indemnizaciones al trabajador? El patrón no estará obligado a otorgar asistencia médica, quirúrgica, rehabilitación, hospitalización, medicamentos, material de curación prótesis e indemnizaciones al trabajador cuando:

El accidente ocurre encontrándose el trabajador en estado de embriaguez. El trabajador se accidente por encontrarse bajo algún narcótico o droga enervante (salvo que sea por prescripción médica y el trabajador lo haya hecho del conocimiento del patrón). El trabajador se causa alguna lesión por sí solo o de acuerdo con otra persona. Si la incapacidad es el resultado de alguna riña o intento de suicidio. Si el siniestro es resultado de un delito intencional del que fuere responsable el trabajador.

No obstante lo anterior, el patrón está obligado a proporcionar primeros auxilios y a cuidar el traslado del trabajador a su domicilio o centro médico. ¿El patrón es responsable en caso de que el trabajador hubiese asumido de forma implícita o explícita los riesgos de trabajo? Si el trabajador asume los riesgos de trabajo, el patrón no queda eximido de su responsabilidad.

1. ¿Es responsable el patrón cuando el accidente ocurra por torpeza o negligencia del trabajador? Sí, el patrón es responsable aún y cuando el accidente ocurra por torpeza o negligencia del trabajador.
2. ¿Si el accidente de trabajo ocurre por imprudencia o negligencia de algún compañero de trabajo del trabajador o por una tercera persona, es responsable el patrón? El patrón es responsable incluso si el accidente ocurre por imprudencia o negligencia de algún compañero del trabajador o por una tercera persona.

¿Qué sucede si el trabajador sufre un accidente dentro de la jornada de trabajo, pero el trabajador no desarrollaba una actividad relacionada con el patrón? Si el trabajador sufre un accidente dentro de la jornada de trabajo, pero el trabajador no desarrollaba una actividad relacionada con el patrón sino para un tercero, no puede calificarse como riesgo de trabajo y por lo tanto no tendrá los derechos por riesgo de trabajo ni acción de indemnización por riesgo de trabajo contra el patrón.

• ¿Qué es el aviso para calificación de accidente o enfermedad de trabajo expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)? El Instituto Mexicano del Seguro Social puede calificar el accidente o enfermedad a causa de su trabajo.
• Para obtener el aviso de calificación de accidente de trabajo el trámite puede realizarlo el trabajador asegurado, sus beneficiarios, familiares o su representante legal.

¿Cómo queda protegido el trabajador por el Seguro de Riesgos de Trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)? El trabajador que reciba del Servicio de Salud en el Trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social el aviso de accidente o enfermedad de trabajo con la calificación como «sí de trabajo» queda protegido por el Seguro de Riesgos de Trabajo.

¿Qué es una incapacidad laboral? La incapacidad laboral se refiere a la alteración, modificación o pérdida de algún miembro físico o aptitud intelectual del trabajador a consecuencia de un riesgo de trabajo y que produce la disminución o pérdida de su capacidad para desempeñar su trabajo de forma temporal o permanente.

¿Cuáles son los tipos de incapacidad laboral?

Incapacidad temporal Incapacidad permanente parcial Incapacidad permanente total

¿Un trabajador que sufrió un riesgo de trabajo puede demandar al patrón? El trabajador que sufrió un riesgo de trabajo podrá ejercer acción en contra del patrón ante la Junta de Conciliación y Arbitraje para reclamar el pago de indemnizaciones por riesgo de trabajo, dentro de los dos años siguientes al momento en que se determine el grado de incapacidad para el trabajo.

¿Qué es incapacidad temporal? De conformidad con la Ley Federal del Trabajo, la incapacidad temporal es la pérdida de facultades o aptitudes que imposibilita parcial o totalmente a una persona para desempeñar su trabajo por algún tiempo. ¿Cómo se determina el pago de la indemnización por incapacidad temporal de conformidad con la Ley Federal del Trabajo? Si el riesgo de trabajo produce al trabajador una incapacidad temporal, el patrón deberá pagar una indemnización que consistirá en el pago íntegro del salario que deje de percibir el trabajador mientras subsista la imposibilidad de trabajar.

El pago se hará desde el primer día de la incapacidad. ¿Qué pasa si el trabajador después de tres meses de incapacidad temporal no está en aptitud de regresar al trabajo? Si el trabajador después de tres meses de incapacidad temporal no está en aptitud de regresar al trabajo, el trabajador o el patrón podrán solicitar a la Junta de Conciliación y Arbitraje resuelva si el trabajador debe seguir sometido al mismo tratamiento médico y gozar de igual indemnización o si procede declarar su incapacidad permanente con la indemnización a que tenga derecho.

• La Junta de Conciliación y Arbitraje resolverá de acuerdo a los certificados médicos respectivos, a los dictámenes que se rindan y a las pruebas conducentes.
• ¿Qué es el certificado de incapacidad temporal? El Reglamento de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, dispone que el certificado de incapacidad temporal para el trabajo es el documento médico legal, que expide el médico tratante o el estomatólogo del Instituto al trabajador asegurado, para hacer constar la incapacidad temporal para el trabajo y que producirá los efectos legales y administrativos correspondientes de protección al trabajador.

¿Qué es incapacidad permanente parcial? La Ley Federal del Trabajo dispone que la incapacidad permanente parcial es la disminución de las facultades o aptitudes de una persona para trabajar. ¿Qué es incapacidad permanente total? La incapacidad permanente total de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo es la pérdida de facultades o aptitudes de una persona que la imposibilita para desempeñar cualquier trabajo por el resto de su vida.

¿Qué es el dictamen de incapacidad permanente parcial o total? Es el dictamen médico que realiza el personal médico adscrito a los servicios institucionales de Salud en el Trabajo, mediante el cual determina la disminución o pérdida de la capacidad para el trabajo del asegurado, mediante la información médica, laboral y social que se requiera.

¿Cómo se determina el pago de la incapacidad permanente parcial de conformidad con la Ley Federal del Trabajo? Si el riesgo de trabajo produce al trabajador una incapacidad permanente parcial, la indemnización consistirá en el pago del porcentaje que fija la tabla de valuación de incapacidades calculado sobre el importe que debería pagarse si la incapacidad hubiese sido permanente total.

Para determinar la indemnización, la Junta de Conciliación y Arbitraje tomará el porcentaje que corresponda entre el máximo y el mínimo establecidos tomando en consideración: la edad del trabajador, la importancia de la incapacidad y la mayor o menor aptitud para realizar actividades remuneradas de acuerdo a su profesión u oficio y además si el patrón se ha preocupado por la reeducación profesional del trabajador.

Así mismo, si la incapacidad parcial consiste en la pérdida absoluta de las facultades o aptitudes del trabajador para desempeñar su profesión, la Junta de Conciliación y Arbitraje podrá aumentar la indemnización hasta de la que correspondería por incapacidad permanente total, tomando en consideración la importancia de la profesión y la posibilidad de desempeñar una de categoría similar que le produjera ingresos similares.

El pago de la indemnización se realizará de forma íntegra, sin que se haga deducción de los salarios que percibió durante el periodo de incapacidad temporal. ¿Cómo se determina el pago de la incapacidad permanente total de conformidad con la Ley Federal del Trabajo? Si el riesgo produce al trabajador una incapacidad permanente total, la indemnización consistirá en una cantidad equivalente al importe de 1095 días de salario.

El pago de la indemnización se realizará de forma íntegra, sin que se haga deducción de los salarios que percibió durante el periodo de incapacidad temporal. ¿Qué es la pensión por incapacidad permanente? La pensión por incapacidad permanente de conformidad con la Ley del Seguro Social, se otorga al asegurado que haya sufrido un riesgo de trabajo, previo dictamen de incapacidad permanente, esta pensión se otorga por un periodo de adaptación de dos años.

Que el asegurado se encuentre vigente en sus derechos. Que el asegurado haya sufrido un riesgo de trabajo que le haya ocasionado incapacidad permanente total o parcial para trabajar. Que la incapacidad para el trabajo haya sido dictaminada por los servicios médicos institucionales a través del formato institucional.

¿Qué es la asignación familiar? La asignación familiar es una ayuda por concepto de carga familiar que concede el Instituto Mexicano del Seguro Social a los beneficiarios del pensionado por incapacidad permanente total. Estos beneficiarios pueden ser la esposa, concubina, hijo menor y hasta 16 años, hijo de 16 años y hasta 25 años estudiante, hijo mayor de 16 años incapacitado y ascendiente, según sea el caso.

¿Si un trabajador sufre un accidente de trabajo o enfermedad profesional que provoque alguna dificultad para utilizar una parte del cuerpo, puede solicitar una prótesis? Sí, un trabajador asegurado con vigencia de derechos podrá solicitar al Instituto Mexicano del Seguro Social una prótesis externa, ortesis o ayuda técnica cuando no pueda caminar, moverse o realizar alguna actividad causada por accidente o enfermedad de trabajo.

El trabajador asegurado deberá reunir los siguientes requisitos:

Estar vigente el trabajador asegurado o dentro del periodo de conservación de derechos. Valoración médica y prescripción de prótesis, ortesis o ayudas funcionales. Dictamen de riesgo de trabajo

¿Si un trabajador murió por un riesgo de trabajo se puede demandar al patrón? Sí, los beneficiarios podrán demandar al patrón ante la Junta de Conciliación y Arbitraje para reclamar el pago de la indemnización por muerte del trabajador por riesgo de trabajo, dentro de los dos años contados desde la fecha de la muerte del trabajador.

Dos meses de salario por concepto de gastos funerarios. Indemnización equivalente a 5000 días de salario, sin deducir la indemnización que percibió el trabajador durante el tiempo en que estuvo sometido al régimen de incapacidad temporal.

Además los beneficiarios, en caso de que el trabajador estuviera trabajando antes de fallecer, cuentan con el plazo de un año para reclamar las siguientes prestaciones:

Salarios devengados no pagados Vacaciones no pagadas Prima vacacional no pagada Aguinaldo no pagado Prima de Antigüedad (si procede) Prestaciones extraordinarias (si procede)

¿Qué indemnización corresponde cuando el riesgo de trabajo trajo como consecuencia la desaparición del trabajador derivada de un acto delincuencial?

Dos meses de Salario por concepto de gastos funerarios. Indemnización equivalente a 5000 días de salario, sin deducir la indemnización que percibió el trabajador durante el tiempo en que estuvo sometido al régimen de incapacidad temporal.

¿Quién tiene derecho a recibir indemnización en los casos de muerte o desaparición derivada de un acto delincuencial?

La viuda o el viudo que hubiese dependido económicamente del trabajador y que tenga una incapacidad de cincuenta por ciento o más. Los hijos menores de 16 años. Los mayores de edad si tienen una incapacidad de cincuenta por ciento o más. Los ascendientes que hubiesen dependido económicamente del trabajador. A falta de cónyuge, la persona con quien el trabajador vivió como si fuera su cónyuge durante los 5 años que precedieron inmediatamente a su muerte, o con la que tuvo hijos, siempre que ambos hubieran permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. A falta de cónyuge, hijos y ascendientes, las personas que dependían económicamente el trabajador. A falta de las personas antes mencionadas, el Instituto Mexicano del Seguro Social.

¿Cómo se demuestra la causa de muerte por riesgo de trabajo? La causa de muerte por riesgo de trabajo podrá comprobarse con los datos que resulten de la autopsia, cuando se practique, o por cualquier otro medio que permita determinarla. Cuando se practique la autopsia, los presuntos beneficiarios y el patrón podrán designar un médico que presencie la autopsia.

¿Si un trabajador fallece, la viuda puede solicitar pensión ante el Instituto Mexicano del Seguro Social? El Instituto Mexicano del Seguro Social, cuando el trabajador asegurado hubiere fallecido por riesgo de trabajo otorgará la pensión por viudez a la viuda esposa y a falta de esta a la concubina.

Reuniendo los siguientes requisitos:

Que el trabajador asegurado al momento del fallecimiento se encuentre vigente en sus derechos. Que el trabajador asegurado al momento de la muerte haya tenido un mínimo de 150 semanas de cotización. Para el caso de que la viuda sea la esposa, deberá acreditar el vínculo matrimonial. Para el caso de que la viuda sea la concubina, deberá acreditar la relación de concubinato. Dictamen de incapacidad permanente o de defunción por riesgos de trabajo expedido por los Servicios Médicos Institucionales.

¿Qué es la ayuda para gastos de funeral? El Instituto Mexicano del Seguro Social otorga una prestación en dinero por concepto de gastos de funeral del trabajador asegurado a un familiar de este, cuando el trabajador asegurado se encuentre vigente en sus derechos al momento del fallecimiento.