Que Es La Ley 30220?

Que Es La Ley 30220
La presente Ley tiene por objeto normar la creación, funcionamiento, supervisión y cierre de las universidades. Promueve el mejoramiento continuo de la calidad educativa de las instituciones universitarias como entes fundamentales del desarrollo nacional, de la investigación y de la cultura.

¿Cuándo entró en vigencia Ley 30220?

Tipo Ley Idioma Español Creación 9 de julio de 2014 Publicación Diario Oficial El Peruano En vigor Sí Signatario(s) Ollanta Humala René Cornejo Díaz

La Ley Universitaria de 2014 ( Ley N° 30220) es la segunda actualización del sistema de educación universitaria del Perú, Dicha norma fue dictada el 9 de julio de 2014 y propulsada por el congresista Daniel Mora Zevallos,

¿Cuándo se crea la Ley Universitaria 30220?

En el 2014 se aprobó la Ley N° 30220 que establece parámetros para mejorar la educación superior universitaria.

¿Que titulos se registran en Sunedu?

Es el procedimiento, a través del cual la universidad, institución, o escuela de educación superior universitaria solicita el registro de los Grados Académicos y Títulos Profesionales respectivos otorgados a sus graduados en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales de la SUNEDU.

¿Quién controla la Sunedu?

Que Es La Ley 30220 ¿Qué significa Sunedu, cuáles son sus funciones y para qué sirve? El Congreso de la República vuelve a protagonizar los principales titulares luego de que se aprobara el proyecto de ley que permite rehacer el consejo directivo de la Sunedu en busca de darle mayor autonomía a las universidades, hecho que debilitaría al organismo público que vela por la calidad educativa en el país.

En este contexto, muchos interesados, sobre todo los estudiantes, se han preguntado a qué se dedica esta institución, cuáles son sus funciones y si es que estaría en peligro el sistema educativo que se buscaba mejorar. Estas siglas corresponden a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria.

Se trata del organismo público, adscrito al Ministerio de Educación, que garantiza una oferta educativa de calidad en favor de los estudiantes, a través del licenciamiento y supervisión, con eficiencia, predictibilidad, transparencia y respeto a la autonomía universitaria.

Busca que con estas normas los jóvenes puedan mejorar sus competencias profesionales. Uno de sus objetivos principales es el de verificar el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad y fiscalizar si los recursos públicos y los beneficios otorgados a través del marco legal son destinados hacia fines educativos y el mejoramiento de las mismas.

Desde el 5 de enero de 2015 asumió el rol fiscalizador para mejorar la calidad educativa en el país, haciendo uso de sus facultades para autorizar y rechazar licenciamientos, que es un requisito obligatorio para que una institución pueda ejercer en el país.

Lo que necesitas saber | Sunedu: ¿Qué significa la nueva ley que debilita esta superintendencia y devuelve autonomía a universidades? Entre sus funciones más resaltantes se encuentran: – Aprobar o denegar las solicitudes de licenciamiento de universidades, filiales, facultades, escuelas y programas de estudios conducentes a grado académico, de conformidad con la Ley Universitaria y la normativa aplicable.

– Supervisar el cumplimiento de los requisitos mínimos exigibles para el otorgamiento de grados y títulos de rango universitario en el marco de las condiciones establecidas por ley. – Proponer al Ministerio de Educación, las políticas y lineamientos técnicos en el ámbito de su competencia.

– Dirigir el proceso de emisión de carnets universitarios de las universidades del país y expedir carnets universitarios. – Administrar el Registro de Trabajo de Investigación y Proyectos. – Emitir opinión respecto al cambio de denominación de las universidades a solicitud de su máximo órgano de gobierno, con excepción de aquellas creadas por ley.

Sigue informándote | Sunedu espera que Pedro Castillo, como profesor, observe la ley que resta autonomía a la entidad Si estás próximo a iniciar tu carrera superior y está evaluando las mejores instituciones para poder continuar con tu educación, puedes corroborar cuáles se encuentran licenciadas por medio de su página web oficial.

Para hacerlo, sigue estos pasos: Dato importante: para marzo del año 2022, el organismo pública ha otorgado 95 licenciamientos (93 universidades y 2 Escuelas de Posgrado). Conoce la lista completa: PASO 1: ingresa a la página web de la Sunedu (https://www.sunedu.gob.pe/) PASO 2: dirígete a la sección de universidades licenciadas o haciendo clic aquí para dirigirte automáticamente.

PASO 3: para encontrar la institución de tu preferencia podrás filtrarlo por el nombre, fecha y resolución del licenciamiento, departamento/provincia y tipo de gestión, que puede ser privada o pública. Hasta enero de 2022, la Sunedu denegó la licenciatura a 48 universidades y dos escuelas de posgrado, entre las que se encuentran Telesup, Científica del Perú, Simón Bolívar, José C.

¿Quién hizo la Ley Universitaria?

Presidente Ollanta promulgó en Palacio de Gobierno nueva Ley Universitaria.

¿Cuál es la nueva Ley Universitaria 2022?

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES – Artículo 1. Objeto de la Ley La presente Ley tiene por objeto normar la creación, funcionamiento, supervisión y cierre de las universidades. Promueve el mejoramiento continuo de la calidad educativa de las instituciones universitarias como entes fundamentales del desarrollo nacional, de la investigación y de la cultura.

Asimismo, establece los principios, fines y funciones que rigen el modelo institucional de la universidad. El Ministerio de Educación es el ente rector de la política de aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria. Artículo 2. Ámbito de aplicación La presente Ley regula a las universidades bajo cualquier modalidad, sean públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que funcionen en el territorio nacional.

Artículo 3. Definición de la universidad La universidad es una comunidad académica orientada a la investigación y a la docencia, que brinda una formación humanista, científica y tecnológica con una clara conciencia de nuestro país como realidad multicultural.

  • Adopta el concepto de educación como derecho fundamental y servicio público esencial.
  • Está integrada por docentes, estudiantes y graduados.
  • Participan en ella los representantes de los promotores, de acuerdo a ley.
  • Las universidades son públicas o privadas.
  • Las primeras son personas jurídicas de derecho público y las segundas son personas jurídicas de derecho privado.

Artículo 4. Redes interregionales de universidades Las universidades públicas y privadas pueden integrarse en redes interregionales, con criterios de calidad, pertinencia y responsabilidad social, a fin de brindar una formación de calidad, centrada en la investigación y la formación de profesionales en el nivel de pregrado y posgrado.

  1. Artículo 5.
  2. Principios Las universidades se rigen por los siguientes principios: 5.1 Búsqueda y difusión de la verdad.5.2 Calidad académica.5.3 Autonomía.5.4 Libertad de cátedra.5.5 Espíritu crítico y de investigación.5.6 Democracia institucional.5.7 Meritocracia.5.8 Pluralismo, tolerancia, diálogo intercultural e inclusión.5.9 Pertinencia y compromiso con el desarrollo del país.5.10 Afirmación de la vida y dignidad humana.5.11 Mejoramiento continuo de la calidad académica.5.12 Creatividad e innovación.5.13 Internacionalización.5.14 El interés superior del estudiante.5.15 Pertinencia de la enseñanza e investigación con la realidad social.5.16 Rechazo a toda forma de violencia, intolerancia y discriminación.5.17 Ética pública y profesional.

Artículo 6. Fines de la universidad La universidad tiene los siguientes fines: 6.1 Preservar, acrecentar y transmitir de modo permanente la herencia científica, tecnológica, cultural y artística de la humanidad.6.2 Formar profesionales de alta calidad de manera integral y con pleno sentido de responsabilidad social de acuerdo a las necesidades del país.6.3 Proyectar a la comunidad sus acciones y servicios para promover su cambio y desarrollo.6.4 Colaborar de modo eficaz en la afirmación de la democracia, el estado de derecho y la inclusión social.6.5 Realizar y promover la investigación científica, tecnológica y humanística la creación intelectual y artística.6.6 Difundir el conocimiento universal en beneficio de la humanidad.6.7 Afirmar y transmitir las diversas identidades culturales del país.6.8 Promover el desarrollo humano y sostenible en el ámbito local, regional, nacional y mundial.6.9 Servir a la comunidad y al desarrollo integral.6.10 Formar personas libres en una sociedad libre.

Artículo 7. Funciones de la universidad Son funciones de la universidad: 7.1 Formación profesional.7.2 Investigación.7.3 Extensión cultural y proyección social.7.4 Educación continua.7.5 Contribuir al desarrollo humano.7.6 Las demás que le señala la Constitución Política del Perú, la ley, su estatuto y normas conexas.

Artículo 8. Autonomía universitaria El Estado reconoce la autonomía universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de conformidad con lo establecido en la Constitución, la presente Ley y demás normativa aplicable. Esta autonomía se manifiesta en los siguientes regímenes: 8.1 Normativo, implica la potestad autodeterminativa para la creación de normas internas (estatuto y reglamentos) destinadas a regular la institución universitaria.8.2 De gobierno, implica la potestad autodeterminativa para estructurar, organizar y conducir la institución universitaria, con atención a su naturaleza, características y necesidades.

  • Es formalmente dependiente del régimen normativo.8.3 Académico, implica la potestad autodeterminativa para fijar el marco del proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de la institución universitaria.
  • Supone el señalamiento de los planes de estudios, programas de investigación, formas de ingreso y egreso de la institución, etc.

Es formalmente dependiente del régimen normativo y es la expresión más acabada de la razón de ser de la actividad universitaria.8.4 Administrativo, implica la potestad autodeterminativa para establecer los principios, técnicas y prácticas de sistemas de gestión, tendientes a facilitar la consecución de los fines de la institución universitaria, incluyendo la organización y administración del escalafón de su personal docente y administrativo.8.5 Económico, implica la potestad autodeterminativa para administrar y disponer del patrimonio institucional; así como para fijar los criterios de generación y aplicación de los recursos.

  1. Artículo 9.
  2. Responsabilidad de las autoridades Las autoridades de la institución universitaria pública son responsables por el uso de los recursos de la institución, sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o administrativa correspondiente.
  3. Cualquier miembro de la comunidad universitaria debe denunciar ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), la comisión de actos que constituyan indicios razonables de la existencia de infracciones a la presente Ley.

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), de oficio o a pedido de parte, emite recomendaciones para el mejor cumplimiento de las disposiciones previstas en esta Ley y otras normas reglamentarias, en el marco de su ámbito de competencia.

  1. Dichas recomendaciones pueden servir de base para la determinación de las responsabilidades pertinentes.
  2. Artículo 10.
  3. Garantías para el ejercicio de la autonomía universitaria El ejercicio de la autonomía en la educación universitaria se rige por las siguientes reglas: 10.1 Son nulos y carecen de validez los acuerdos que las autoridades y los órganos de gobierno colegiados adopten sometidos a actos de violencia física o moral.10.2 Los locales universitarios son utilizados exclusivamente para el cumplimiento de sus fines y dependen de la respectiva autoridad universitaria.

Son inviolables. Su vulneración acarrea responsabilidad de acuerdo a ley.10.3 La Policía Nacional y el Ministerio Público solo pueden ingresar al campus universitario por mandato judicial o a petición del Rector, debiendo este último dar cuenta al Consejo Universitario o el que haga sus veces, salvo cuando se haya declarado el estado de emergencia, se produzca un delito flagrante o haya peligro inminente de su perpetración.

  1. En estos casos, el accionar de la fuerza pública no compromete ni recorta la autonomía universitaria.10.4 Cuando las autoridades universitarias tomen conocimiento de la presunta comisión de un delito, dan cuenta al Ministerio Público, para el inicio de las investigaciones a que hubiere lugar.
  2. Artículo 11.

Transparencia de las universidades Las universidades públicas y privadas tienen la obligación de publicar en sus portales electrónicos, en forma permanente y actualizada, como mínimo, la información correspondiente a: 11.1 El Estatuto, el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), el Plan Estratégico Institucional y el reglamento de la universidad.11.2 Las actas aprobadas en las sesiones de Consejo de Facultad, de Consejo Universitario y de Asamblea Universitaria.11.3 Los estados financieros de la universidad, el presupuesto institucional modificado en el caso de las universidades públicas, la actualización de la ejecución presupuestal y balances.11.4 Relación y número de becas y créditos educativos disponibles y otorgados en el año en curso.11.5 Inversiones, reinversiones, donaciones, obras de infraestructura, recursos de diversa fuente, entre otros.11.6 Proyectos de investigación y los gastos que genere.11.7 Relación de pagos exigidos a los alumnos por toda índole, según corresponda.11.8 Número de alumnos por facultades y programas de estudio.11.9 Conformación del cuerpo docente, indicando clase, categoría y hoja de vida.11.10 El número de postulantes, ingresantes, matriculados y egresados por año y carrera.

¿Qué leyes rigen a las universidades?

ALFREDO TORAL AZUELA(*) (*) Director de Asuntos Jurídicos de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior. (ANUIES.)

ESTUDIOS C ontenido En los últimos tiempos, se ha venido hablando del término «Legislación Universitaria» para referirse al ámbito jurídico en el que se desenvuelven las instituciones públicas de enseñanza superior de nuestro país. En este orden de ideas, el Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor Guillermo Soberón Acevedo, en el año de 1976, con motivo del primer simposio de legislación educativa, señalaba que, en estos tiempos tan raudos, más que hablar de actualizar, debe dirigirse la acción hacia la modernización, y que la vida jurídica de la Universidad, por ser tan intensa e importante para el funcionamiento institucional, debe recibir una atención especial. También señalaba que en cinco puntos se asientan los principios de la legislación universitaria: 1) garantizar la autonomía de la Universidad, la integridad de su patrimonio y la vigencia de su estructura eminentemente académica; 2) conciliar, mediante fórmulas idóneas, los legítimos intereses de los miembros de la comunidad con los objetivos, los derechos y la responsabilidad social de la institución; 3) resolver los conflictos que se susciten, mediante instrumentos novedosos, pero siempre acordes con los principios de la legislación universitaria; 4) involucrar a la comunidad en el proceso legislativo, sometiéndole con toda oportunidad cada proyecto y escuchando sin cortapisas los puntos de vista que en cada caso sean formulados, y 5) vigorizar el espíritu de legalidad entre los universitarios, modernizando disposiciones normativas existentes, integrando lagunas legales y previniendo las necesidades y posibilidades futuras de la institución. Apuntó que: «Los fines de la Universidad reclaman el ejercicio de las libertades especiales: la libertad de gobernarse, la libertad de planear y programar su propio trabajo, la libertad de investigar y enseñar sin otro límite que el del saber.» Para el cumplimiento de sus fines, añadió que la Universidad reclama la abstención del estado en la organización técnica de la Casa de Estudios; como lo mencionó don Alfonso Caso, «como consecuencia de su propia definición la abstención de la Universidad en los asuntos políticos del estado». «Por ser la Universidad una institución académica, se exige plantear la selección de sus autoridades, de sus profesores, de sus procedimientos de trabajo, a partir, justamente, de consideraciones técnicas, no de consideraciones partidistas.» También manifestó el doctor Soberón que «la Universidad se caracteriza por plantear y resolver sus propios problemas, entre universitarios y con procedimientos universitarios; el reconocimiento general de la jerarquía suprema que corresponde al cumplimiento de los fines de la Universidad y la subordinación de los intereses particulares ante dicho fin»; también enfatizó que «el conocimiento metódico y crítico de las causas que generan nuestras dificultades y nuestros conflictos, el empleo de la razón, el diálogo, la comunicación y la información, como medios para encontrar las soluciones más adecuadas; el compromiso, en fin, de resolver dentro del cuadro del Derecho, nuestras diferencias solamente en un marco de Derecho puede encontrarse el necesario equilibrio entre el consenso en el cumplimiento de las tareas de la Universidad y el disentimiento respecto a estilos y enfoques alternativos». Todas las argumentaciones antes mencionadas las externó el Rector de la UNAM en dicha reunión, manifestando también que esa institución modernizó su legislación, apoyado tal esfuerzo en una consulta sistemática que se desplegó para generar los cambios necesarios, constituyendo uno de esos cambios la propuesta de adición de un apartado «C» al artículo 123 de la Constitución, en virtud de haber aparecido, entonces, una nueva realidad universitaria: las demandas de carácter gremial; es decir, la relación obrero-patronal, que no encontraba ubicación dentro del derecho positivo mexicano. En ese mismo simposio el doctor Jorge Carpizo, en ese tiempo Abogado General de la UNAM, presentó una ponencia cuya primera parte expone el tema de la legislación universitaria en el contexto de las casas de estudio, manifestando que: «Las universidades mexicanas, como las más fieles instancias de captación, análisis y transformación de la comunidad dinámica y cambiante en la que se hallan inscritas, no pueden menos que reflejar el profundo proceso de cambio que acontece en nuestra sociedad. El vertiginoso proceso de cambio agudizó su aceleramiento en los últimos años, enfrentando a nuestras instituciones de enseñanza superior a un cúmulo de agobiantes problemas que derivan de la situación de un país en vías de desarrollo y con alto índice demográfico. «Entre estos problemas, podemos mencionar la carencia de recursos con que cuentan y que no sólo se restringe a los medios materiales, sino también se traduce en una carencia de personal académico, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo; la creciente demanda de educación superior, el crecimiento de las instituciones de enseñanza superior que ha condicionado la generación de un sinnúmero de conflictos laborales, y la incidencia de presiones políticas internas y externas que se producen como una secuela inevitable de todos los factores antes mencionados. «La compleja problemática descrita se presentó como un verdadero reto a la creatividad y al ingenio de los universitarios. La solución no podía ser otra que la de dar cauce a las necesidades y las expectativas que plantea la realidad, dentro de los parámetros jurídicos de la legislación nacional y universitaria. En consecuencia, el derecho apareció como el único instrumento capaz de lograr el encauzamiento institucional de las posiciones aparentemente irreductibles, para resolver las contradicciones planteadas dentro de una atmósfera de concordancia y justicia, sin menoscabo de los niveles académicos.» Por último, mencionó: «Entendemos el derecho como el ordenamiento que debe asegurar al hombre su libertad y su dignidad, un ordenamiento que tiene como meta la realización de la justicia social. Sin educación no hay libertad, ni justicia, ni dignidad. De ahí el empeño por proteger a nuestras instituciones educativas y la importancia de adecuar el derecho y la realidad, las aspiraciones y las necesidades, la visión del futuro con la visión del presente. De aquí que la actualización de las normas jurídicas en nuestras universidades, no pueda ser descuidada; al contrario, la educación y el derecho se dan la mano estrechamente como elementos creadores y constitutivos de una visión de la existencia y de la cultura.» En su oportunidad, y con una clara visión de la problemática que se plantea en materia de educación superior y de las diferentes condiciones de las universidades mexicanas, el licenciado Guillermo González Galera, miembro de la Universidad del Sudeste, manifestó que las ideas de su ponencia «se proyectan a la Universidad de provincia y, en particular, a la campechana. Y esto es algo que se sugiere tomar en cuenta cuando se trata de reuniones como el simposio que se verifica, a saber: que por más que se intente reglamentar la educación con sentido universalista, o uniformarla de tal modo que se quiera que el fenómeno se manifieste con las mismas características en todos los ámbitos del país, no debe escapar a los reglamentadores o uniformadores que la realidad nacional es variada, heterogénea, y que es en función de esta heterogeneidad que se han de crear las instituciones educativas físicas a conceptuales. Pero cuando no se atiende al hecho concreto de las diferencias, a veces increíbles (hay quienes hablan de contrastes), que se registran en las localidades patrias, las estructuras educativas, plasmadas en moldes frecuentemente ajenos a esas diferencias o contrastes, pero diseñados con criterios de generalidad, resultan fallidas, inoperantes, como puede inferirse de los resultados discutibles que el sistema educativo actual aporta a México, en función del nivel de desarrollo en que se encuentra el pueblo de México». Por su parte, el doctor Héctor Fix Zamudio, manifestó «en la ponencia de la Universidad del Sudeste sobre el tema fundamental de la legislación universitaria, se destacan ciertos aspectos peculiares de la citada casa, pero debe advertirse que si bien las reflexiones que se realizan en ese trabajo se refieren a problemas legislativos que preocupan a la referida comunidad universitaria, varios de ellos coinciden con los que afectan a la mayor parte de las universidades del país. En efecto, con independencia de la situación específica de cada una de las universidades mexicanas, se presentan varios problemas que son comunes a una gran parte de las mismas, como se advierte en los instrumentos legislativos que en época reciente se han expedido en nuestras casas de estudio o en relación con las propias universidades, en los cuales se observan varias tendencias de carácter general, entre las que pueden destacarse aquellas que han llevado a otorgar la autonomía a la mayor parte de las universidades del país; por otro lado, en las pocas que aún dependen de los gobiernos de algunas entidades federativas, se ha obtenido la independencia de carácter académico». El licenciado Guillermo Delgado Robles, Rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, expuso: «La Universidad como producto de la organización del hombre, como institución que ve a su existencia misma en realizaciones concretas de su desarrollo cultural y conocimiento, requiere del establecimiento de imperativos internos y obligatorios que regulen su actividad y que rijan su destino. Dentro de este orden de apreciaciones, es tema de apasionante actualidad el estudio de la autonomía universitaria y su elevación, a nivel nacional, a la categoría y rango de norma constitucional. Al respecto, hacemos la salvedad de que las cuestiones que se plantean están referidas a las universidades a las cuales se les ha reconocido por parte del estado su autonomía, no en el sentido de las interpretaciones que han tratado de atribuirle ‘extraterritorialidad, o de fuero universitario frente al estado, o en forma específica de soberanía frente a los órganos de gobierno y de derecho’, sino antes bien, como la facultad de autodeterminarse, de darse sus propias leyes, organizar y designar sus propias autoridades y manejarse en el más absoluto orden de libertad, fundamentalmente en los aspectos científico, académico, de investigación e ideológicos, respetándose por parte del estado esta entidad soberana, absteniéndose de intervenir en cualquiera de los aspectos de la vida y actuación de los universitarios. Estas premisas señalan cuál es la naturaleza de las universidades e instituciones de enseñanza superior en el país, la amplitud y alcance de este concepto de autonomía, así como la protección, que deben residir en las normas y disposiciones legales que rigen sus relaciones en el estado.» Siguió exponiendo: «Las universidades así conceptuadas, son instituciones dotadas de plena capacidad jurídica, con objetivos específicos.y, para lograr estos objetivos, es necesario el reconocimiento de la autonomía de la Universidad y su independencia política, puesto que no puede cumplir con sus funciones si está sometida a algún régimen o sistema externo, ya que su esencia viene a ser la búsqueda libre y desinteresada de la verdad, es la libertad del espíritu, prenda y signo de este principio.» En el año de 1977, en la ciudad de Quito, Ecuador, se llevó a cabo la I Conferencia Latinoamericana de Legislación Universitaria y en el discurso de apertura el Rector de la Universidad Central de Ecuador y presidente de la Comisión Organizadora de la Conferencia, doctor Camilo Mena Mena, en relación con el tema de la legislación universitaria, manifestó lo siguiente: «Nuestro país fue el que el 6 de marzo de 1945, quizá por primera ocasión en América, consagró constitucionalmente la autonomía universitaria al declarar en su texto que las universidades son autónomas, agregando que para garantizar dicha autonomía el estado procurará la creación del patrimonio universitario». «Esta declaración determina la creación de una institución nueva: el Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma. La garantía para educarse en el nivel superior, en las universidades, alcanza definiciones constitucionales específicas. Y no es raro que se hable, con bases científicas, del Derecho Constitucional de la Autonomía Universitaria.» La tesis sustentada por el doctor Mena quedó planteada así: a) Consagración en el nivel constitucional de la autonomía universitaria; b) creación del patrimonio universitario y su propia Contraloría, y c) facultad para que las universidades, con base en este derecho, puedan darse su propio ordenamiento jurídico interno elaborando su propia ley, sus estatutos y reglamentos. Con motivo de la asamblea celebrada por la Asociación Internacional de Universidades, en el año de 1965, se desglosó en cinco puntos el concepto de la autonomía universitaria, quedando como sigue: 1. Con las formalidades peculiares de cada una de ellas, las universidades deben tener el derecho de escoger su propio personal; 2. la Universidad debe ser responsable de la selección de sus estudiantes; 3. la Universidad debe ser responsable de la formulación del currículo para cada grado y de establecer sus propios valores. En los países en que los títulos o la práctica de profesiones están regulados por la ley, las universidades deben participar en la formación del currículo y establecer los métodos de evaluación; 4. cada Universidad deberá tener las decisiones finales en el programa de investigación desarrollado en su seno; 5. La Universidad debe ser responsable de la distribución de recursos entre todas sus actividades. Como comentario a lo anterior, puede decirse que la autonomía, como eje de la relación entre Universidad y estado, presupone una confianza mutua para poder realizar, entre ambos, la importante tarea de dar a la juventud de la nación la educación superior de que está ávida, y que es parte fundamental del desarrollo mismo. La relación de mutuo respeto crea esa «libertad», que fue el motivo de todas las luchas universitarias para obtener la autonomía. En Gran Bretaña, de acuerdo con el informe Robbins, donde se analizó la educación superior, se llegó a la conclusión de la importancia de la libertad académica como condición necesaria para la mayor eficiencia y el adecuado progreso de las instituciones académicas. En el mismo documento se señala que dicho imperativo tiene dos aspectos: el institucional y el individual. Define la libertad institucional como «el derecho que asiste a toda Universidad para hacer nombramientos; determinar el plan de estudios y sus normas; decidir con respecto a su propia política de admisión; establecer el equilibrio entre la enseñanza y la investigación y determinar la forma de su futuro desarrollo». En lo que respecta a su libertad académica individual, ésta se refiere al derecho de sustentar cualquier punto de vista, así como la ausencia de trato discriminatorio por razones de raza, sexo, religión o credo político; derechos que no son otra cosa que los garantizados en nuestra Constitución, aun sin pertenecer a una Universidad. Es decir, la autonomía protege las libertades del gremio pensante, pero el pensador como individuo está garantizado por la Ley Fundamental. Por otra parte, el doctor Jorge Mario García Laguardia, en su estudio titulado «La Autonomía Universitaria en América Latina. Mito y Realidad» apunta que: «Los movimientos sociales del siglo pasado y el crecimiento acelerado que se produce en los primeros años del actual, obligan a replantear la propia razón de ser del estado, orientándose al reconocimiento de su cada vez mayor intervención en la vida social. Los derechos económico-sociales son aceptados y, además de convertirse el Estado en árbitro de las relaciones entre el capital y el trabajo, pretende intervenir en la cultura y la familia, suprimiendo y limitando los clásicos derechos individuales en aras del bienestar colectivo. A partir del inicio del presente siglo se produjo un cambio visible en la región: en el aspecto social, la aparición de nuevas clases: un incipiente proletariado urbano y una ampliación realmente inusitada en la clase media; en el ámbito político, la transferencia del poder de la vieja aristocracia terrateniente a la clase media y a la incipiente burguesía urbana. Además de lo anterior, una transformación demográfica tipificada por un aumento significativo de la población, ampliación de los servicios educativos y desarrollo cuantitativo y cualitativo de la inclusión a nivel constitucional de materias antes no contempladas, tales como: educación, familia, seguridad social, salud y asistencia, que representan típicas reivindicaciones de la clase media. La educación superior viene a ser acogida en algunos textos con una doble significación: por una parte, fijando su filosofía y la obligación del estado de impulsarla; y, en algunos otros casos, reconociendo la autonomía de las instituciones universitarias a efecto de garantizar la pureza del servicio y preservarlo de la inestabilidad política. «Se trata de elevar a categoría constitucional el reconocimiento de los derechos universitarios, a efecto de mantenerlos fuera de los vaivenes de nuestra accidentada historia y preservar la independencia y jerarquía de su ejercicio. «En cuanto al concepto de la autonomía, como muchas otras ideas, existe cierta anarquía en el uso del término, por lo que su noción puede formularse analizando la relación entre la Universidad, como grupo intermedio, con la sociedad global representada por el estado. En la independencia frente al gobierno central y su capacidad de autogobierno y administración está la clave de su formulación. En tiempos modernos, el desarrollo de la sociedad y el aumento de servicios que debe prestar el gobierno determina procesos de descentralización administrativa para facilitar su atención; en consecuencia, algunas funciones propias del estado son atribuidas a órganos especiales a los que se les otorga poderes específicos de gestión y a quienes se les ha atribuido capacidad de darse preceptos obligatorios. «La Universidad es un organismo típico de la descentralización. Su autonomía consiste en la capacidad para formular su propia legislación, designar sus autoridades, planificar su actividad académica y disponer de sus fondos con plena libertad. La autonomía comprende diversos aspectos, siendo el primero de ellos el de la autonomía de gobierno, del que se deriva la facultad de nombrar y remover sus propias autoridades, fijando sus atribuciones y los mecanismos de designación; autonomía académica que significa la potestad de nombrar y remover su personal académico según normas libremente formuladas, fijar sus planes y programas de investigación, expedir títulos, certificados, así como revalidar estudios; autonomía administrativa, que es la atribución de adoptar sistemas de gestión que considere adecuados; y autonomía financiera que implica la libre disposición de su patrimonio.» García Laguardia menciona que «el objetivo central en la búsqueda de la autonomía y su reconocimiento a nivel constitucional, parece estar en el logro de una independencia de la Universidad frente a los intereses fluctuantes del gobierno, a efecto de lograr la realización de sus funciones básicas de transmisión del saber, búsqueda de la verdad e instancia crítica sin cortapisas. La inserción de las universidades en el proceso político y la estructura del poder, determinan una problemática que trasciende su estricto marco legal. Alrededor de ellas viven y actúan millares de personas en relación de autoridad y obediencia, reclutan personal garantizando niveles de subsistencia, posibilitan la participación política nacional a grupos minoritarios, preparan cuadros dirigentes a través de la formación técnica y el activismo estudiantil y, en algunos casos, sirven de refugio a desencantados y agotados políticos. La autonomía juega un papel ambivalente, pues si bien es cierto que con ella se logra la independencia de las universidades frente al estado, también su establecimiento da inicio a una relación dialéctica que marca la colaboración de la Universidad con el estado o su enfrentamiento». Por su parte, el investigador universitario y experto en problemas universitarios, Carlos Tunnermann Bernheim, en su trabajo titulado «De la Universidad y su Problemática», cita: «La autonomía que se da frente a los poderes del estado, proporciona el marco jurídico que permite el amplio ejercicio de la libertad académica, base de toda enseñanza genuinamente universitaria. No se trata con la autonomía de crear un estado dentro de otro estado, ni de contraponer un poder a otro. La autonomía es condición que permite a la Universidad cumplir la tarea que le es propia. Impone, por cierto, serias responsabilidades, pues la Universidad es dueña de su destino, debe responder por lo que haga en el uso y disfrute de su libertad. El quehacer de la Universidad consiste, fundamentalmente, en el cumplimiento de sus funciones, una de las cuales es, por cierto, la función crítica que la autonomía debe preservar a toda costa. Esta función crítica la Universidad debe aplicarla, primero que nada en su propia estructura y en sus planes y programas, para juzgar si realmente está cumpliendo con el cometido que la sociedad espera de ella. La autonomía no debe provocar el divorcio entre la Universidad y su medio.» En su trabajo denominado «La Autonomía de las Universidades Públicas Mexicanas», el investigador Manuel Barquín Alvarez señala que en México «la autonomía universitaria ha sido concebida como un fenómeno de la descentralización», y apunta «que el régimen de la autonomía, desde el punto de vista jurídico, depende de dos factores: el tipo de organización estatal en el que está inscrito y la función que dentro de esa organización tiene asignada la educación superior». Menciona que «los antecedentes de la organización universitaria en México se remontan al Renacimiento; y en el año de 1551, cuando se fundó la Universidad Real y Pontificia, con un régimen similar al de la de Salamanca, la autonomía de la Universidad ya no fuera una realidad válida por sí misma, sino una institución creada por el monarca, que gozaba de un status especial, por así concederlo graciosamente el mismo». «La Universidad mexicana -expresa- desde su fundación surge como una institución profundamente comprometida con la sociedad que la crea. A diferencia de las universidades de Cambridge y Oxford, a las que se dotó con propiedades cuyas rentas constituían una parte importante de sus ingresos anuales, la Real y Pontificia gozó de un subsidio anual que obviamente restringía su independencia. La Real y Pontificia fue una universidad colonial, lo cual implicó que su compromiso se produjera con respecto de los valores de la metrópoli y perspectiva mundial, mientras que las universidades europeas y norteamericanas se identificaban con sus sociedades. En el siglo pasado, la clausuraron los liberales y los conservadores, sucesivamente, hasta su clausura definitiva por Maximiliano.» Justo Sierra logra su reapertura en 1910, semejante en su estructura a las universidades francesas de la época. Durante el porfiriato, dependió de la Secretaría de Instrucción Pública, aunque gozó desde entonces de relativa autonomía en su funcionamiento interno, cierta libertad en el manejo de bienes o ingresos que no provenían del subsidio. En el año de 1917, apareció la primera manifestación de autonomía universitaria mediante el decreto de la Legislatura de Michoacán que estableció la organización de la Universidad de Michoacán, cuya declaración, en 1919, fijó la independencia del estado de la educación superior; luego, en 1923, se concedió la autonomía a la Universidad de San Luis Potosí, otorgándole personalidad jurídica propia, autodeterminación en su organización académica y libertad de administrar su patrimonio. Posteriormente van surgiendo en el país las diferentes casas de estudio de enseñanza superior, la mayoría de ellas dotadas de autonomía universitaria. Barquín señala que «la totalidad de las universidades públicas gozan del régimen de descentralización una -administrativa y no política-, como es el caso de las entidadesfederativas,oladescentralización político-administrativa en el de los municipios. La descentralización de las universidades se da con respecto de la administración pública, es decir, del Poder Ejecutivo, pero de ninguna manera frente al Poder Legislativo o al Judicial». La descentralización administrativa de las universidades corresponde a la figura de la descentralización por servicio o por función. «En general, añade Barquín, las universidades públicas han sido dotadas con elementos que definen el régimen de descentralización: personalidad y patrimonio propios; un régimen jurídico particular, en mayor o menor grado determina una autonomía orgánica y técnica; atenuación o desaparición, en su caso, de los principios jerárquicos de mando, nombramiento, vigilancia, revisión, disciplinario y determinación de conflictos de competencia; sin embargo, el grado de disminución de esos controles varía notablemente según se trate de universidades públicas autónomas y las que no lo son.» Barquín se refiere a la descentralización en dos aspectos: la estática y la dinámica. En relación con la primera, sostiene que «implica la creación de un orden jurídico específico para cada una de las universidades públicas, constituyendo uno de los elementos cruciales para la definición del status de descentralización; en México, esto se ha traducido en la expedición de leyes orgánicas para cada una de las universidades públicas, donde se les otorga personalidad y patrimonio propios». Para el autor, «la descentralización dinámica consiste en la existencia de órganos propios de la institución que están autorizados para emitir los reglamentos internos de las mismas y aplicarlos. En todas las instituciones se encuentra un órgano colegiado, representativo, que tiene la función de emitir los reglamentos internos». Ahora bien, llegados a este punto, debemos precisar la ubicación de las universidades públicas dentro del derecho positivo mexicano, así como la legislación aplicable a dichas instituciones y a la enseñanza superior. En la norma suprema que nos rige, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentra la fuente del régimen de las instituciones de educación superior y también la normatividad fundamental de la enseñanza superior. Es necesario resaltar que la Constitución no concede la facultad de la Universidad para crearse a sí misma, ni de darse su propia norma básica, es decir, no le otorga soberanía. Por tanto, la creación de la Universidad y la expedición de su ley, es un acto del poder público y mediante los procedimientos de creación de leyes establecidos por dicha constitución. Asimismo, la creación de la universidad como organismo público descentralizado, como persona moral distinta de la del estado, también es un acto de voluntad ajeno a la universidad, ya que esto es competencia constitucional del poder legislativo: en igual forma la atribución de la autonomía es una manifestación de la voluntad del poder público ajeno a la universidad. Una vez que ha sido creada la universidad, con personalidad jurídica y patrimonio propios distintos del estado como organismo descentralizado, y dotada de autonomía mediante una ley expedida por el poder legislativo, adquiere el derecho a reglamentar su ley y expedir las normas complementarias que le permitan el cumplimiento de sus fines. Debemos decir que la autonomía y la descentralización en el ámbito universitario implican, según el derecho, una transferencia de la facultad reglamentaria que la Constitución concede al poder ejecutivo atribuyéndola a la universidad. Asimismo, implica la sustracción del control, por parte del ejecutivo, de un organismo público que no formará parte de la administración pública, ni centralizada ni paraestatal. Consideramos, después de exponer las anteriores argumentaciones vertidas por los expertos o interesados en la materia, que es posible, tentativamente, dar una definición de lo que se podría considerar como «legislación universitaria», en el sentido de considerarla como el conjunto de normas jurídicas que regulan la creación, estructura y funcionamiento de las universidades e instituciones de educación superior a las que la ley les otorga la autonomía, y sus relaciones con el estado. A su vez, a la legislación universitaria se le podría clasificar en dos aspectos: la legislación universitaria externa y la legislación universitaria interna. Podríamos considerar a la primera como aquella en que la institución es sujeto pasivo, es decir, que no tiene la facultad para expedir los ordenamientos respectivos, ya que esta facultad está reservada, por disposición constitucional federal o estatal, al Congreso de la Unión en el primer caso, o a las legislaturas de los estados en el segundo. En consecuencia, la legislación universitaria externa, conforme al sistema jurídico mexicano, está reservada al Poder Legislativo Federal o de los estados, y una vez que éstos han expedido la norma que crea una universidad, y que a través de la misma se le dota de autonomía, la propia universidad, con fundamento en la facultad reglamentaria que le ha sido delegada, expide las normas que regirán el funcionamiento y la actividad de la institución en cumplimiento de sus fines. En la constitución política existen diversas disposiciones aplicables al régimen de la legislación universitaria que hemos llamado externa, destacando, desde luego, la que eleva a rango constitucional la autonomía universitaria y la base de la propia legislación universitaria contenida en la fracción VIII del artículo 3º, mismo que se divide en dos grandes apartados: el que establece el régimen de la autonomía por el que se otorga a la universidad o institución similar, la facultad de gobernarse a sí misma, también le señala sus fines de adecuar, investigar y difundir la cultura; sus principios, que son los que señala el propio artículo 3° que establece los lineamientos de la educación pública, y los propios de la universidad, consistentes en la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; asimismo, la facultad de determinar sus planes y programas, fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y administrar su patrimonio. El otro apartado de esta fracción se refiere al régimen de las relaciones laborales entre las universidades y sus trabajadores, señalando que se normarán por el apartado «A» del artículo 123 de la norma fundamental, pero orientando al legislador permanente, a fin de que se legisle el trabajo universitario como especial, para concordar los derechos de los trabajadores con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de esas instituciones. Debemos considerar que es voluntad expresa del legislador constituyente configurar como especial el trabajo universitario, no tanto en función de la actividad realizada por los trabajadores, sino en virtud de las características y atribuciones que se concede a las instituciones educativas en la propia norma que se comenta. Otra norma importante para la legislación universitaria se encuentra en la fracción IX del propio artículo 3º, en la que se faculta al Congreso de la Unión a expedir las leyes necesarias para distribuir la función social educativa entre la federación, los estados y los municipios, para fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público, y señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo a todos aquellos que las infrinjan. El artículo 5º de la Constitución es parte también de la legislación universitaria externa, pues regula el ejercicio de las profesiones, que es uno de los fines sustantivos de la Universidad, consistente en formar profesionistas y técnicos útiles a la sociedad; el artículo 73 que fija las atribuciones del Congreso de la Unión, particularmente la contenida en la fracción XXV, que se refiere a establecer, organizar y sostener, en toda la república, escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias y profesionales; de investigación científica, de bellas artes, etcétera., así como dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la Federación, los estados y los municipios el ejercicio de la función educativa y las aportaciones correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y coordinar la educación en toda la república. El último párrafo de esta fracción también es importante en materia de legislación universitaria, ya que previene que los títulos que se expidan en los establecimientos ahí citados surtirán sus efectos en toda la república. El artículo 121, señala en su fracción V, que los títulos profesionales expedidos por las autoridades de un estado, con sujeción a sus leyes, serán respetados en los otros. Esta disposición está relacionada con las mencionadas anteriormente. El apartado «A» del artículo 123, en el entendido de que su aplicación será atendiendo a las reglas marcadas en el artículo 3º, fracción VIII, de la propia norma fundamental. El artículo 130 en su doceavo párrafo, en forma restrictiva al prohibir la revalidación, dispensa o cualquier otro trámite que tenga por fin dar validez en los cursos oficiales a estudios hechos en establecimientos destinados a la enseñanza profesional de los ministros de los cultos, señalando que la dispensa o trámite referido será nulo y traerá como consecuencia la nulidad del título profesional para cuya obtención haya sido parte de infracción de ese precepto, además la sanción al funcionario que autorizó. Existen otras disposiciones constitucionales, además de las anteriores, que pudieran también considerarse como fuentes formales de la legislación universitaria, dependiendo de la situación o caso concreto que pudiere plantearse. Con respecto de las leyes federales, reglamentarias de la constitución, podemos señalar las siguientes, como fuente y parte de la legislación universitaria externa: la Ley Federal de Educación, Reglamentaria del artículo 3°, señalando en su artículo 1º que los organismos descentralizados del estado (además de la federación, los estados y los municipios) también quedan regulados por esta ley. En esta clasificación, como antes se ha expuesto, las universidades e instituciones de educación superior se consideran ya como organismos descentralizados. El artículo 19 previene que los organismos descentralizados son parte del sistema educativo nacional; el artículo 31 establece que la función educativa a cargo de las universidades y los establecimientos de educación superior que tengan el carácter de organismos descentralizados del estado, se ejercerá de acuerdo con los ordenamientos legales que los rigen, haciendo una clara referencia a la Ley Orgánica que le concede la autonomía, a que se refiere la fracción VIII, del artículo 3º constitucional. También la Ley Federal de Educación, en el conjunto de sus disposiciones, resulta de gran importancia en materia de legislación universitaria, pues se refiere a la distribución de la función educativa, la formulación de planes y programas, el reconocimiento de validez oficial de estudios, los derechos y obligaciones en materia educativa, el régimen de la revalidación, la equivalencia, la incorporación de estudios, etcétera. Una norma de gran importancia es la Ley de Profesiones, reglamentaria del artículo 5º constitucional, relativa al ejercicio de las mismas, la cual en su artículo 1º previene que el título profesional es el documento expedido por instituciones del estado o descentralizadas, quedando comprendidas en este último ámbito las instituciones a que se refiere la fracción VIII del artículo 3º tantas veces mencionada; también revisten importancia las leyes expedidas por el Congreso de la Unión, en los términos de los artículos 3º, fracción IX y 73, fracción XXV de la constitución,. como son las de la Coordinación de la Educación Superior, la Orgánica de la UNAM y la Orgánica de la Universidad Autónoma Metropolitana, entre otras. Por otra parte, existen normas reglamentarias de la constitución que excluyen de su aplicación, en forma expresa, a las universidades e instituciones de educación superior, dado el régimen especial de autonomía y descentralización que les concede la fracción VIII del artículo 3º constitucional. Podemos mencionar que una de esas normas es la novedosa Ley Federal de las Entidades Paraestatales, reglamentaria del artículo 90 de la constitución, que en su artículo 3º señala que las universidades y demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía se regirán por sus leyes específicas. La Ley Federal del Trabajo, en el título sexto, relativo a trabajos especiales, contiene en su capítulo XVII el trabajo en las universidades e instituciones de educación superior autónoma por ley que señala, en dos disposiciones, varios elementos que conviene resaltar, para efectos del presente trabajo, contenidos, uno en el artículo 353-J que señala que las disposiciones de este capítulo se aplican a las relaciones de trabajo entre los trabajadores y las citadas instituciones de tal modo que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines propios de las instituciones; y el artículo 353-L que señala, primeramente, que corresponde exclusivamente a las universidades o instituciones autónomas por ley, regular los aspectos académicos; y en segundo lugar, que los trabajadores académicos se someterán a los procedimientos de ingreso que establezcan los órganos académicos competentes. Las leyes orgánicas por las que se crean las universidades e instituciones de educación superior autónomas, mediante normas expedidas por las legislaturas de los estados, son parte de la fuente formal de la legislación universitaria que hemos denominado externa, así como las demás leyes emanadas del Poder Legislativo local y que se relacionan con alguno de los aspectos a que nos hemos referido, como pudieran ser: la Ley de Educación del Estado, Ley del Ejercicio Profesional, etcétera. En seguida, toca el turno a la legislación universitaria interna que corresponde expedir en forma exclusiva a las universidades e instituciones de educación superior, autónomas por ley, en la que participa como sujeto activo de la norma, con fundamento en la fracción VIII del artículo 3º constitucional y su propia Ley Orgánica. A continuación se incluye una relación de aquellas materias que son comunes a la mayoría de las instituciones que nos ocupan y que son: * Expedir el Reglamento o Estatuto de la Ley Orgánica y las demás normas y disposiciones internas tendientes a regular la estructura y el funcionamiento académico, técnico y administrativo de la universidad. * Normas de elección, nombramiento o remoción, sin interferencia de los órganos del estado, de las autoridades y órganos de gobierno de la institución. * Reglamentos de planeación o programación de la enseñanza que imparte en los niveles profesional y de posgrado. Ultimamente se ha venido incluyendo el nivel medio superior y la enseñanza profesional a nivel de técnico. * Normas sobre elaboración y aprobación del presupuesto anual de ingresos y egresos, así como autorizar la cuenta anual. * Aprobar el calendario escolar. * Reglamentos de inscripciones, exámenes, cuotas o colegiaturas. * Establecer, modificar y suprimir escuelas, facultades e institutos. * Implantar, mantener y desarrollar planes y programas de investigación. * Promover la difusión cultural y las actividades artísticas, de acuerdo con los programas que libremente establezca. * Conferir títulos profesionales, grados, diplomas y certificados de estudio. * Otorgar validez a los estudios que se realicen en otras instituciones, nacionales o extranjeras. * Incorporar los estudios que se realicen en instituciones privadas, domiciliadas en la entidad federativa correspondiente. * Administrar y disponer su patrimonio con las modalidades que señale la ley. * Todo tipo de normatividad en materia de extensión académica, servicio social, deportes, intercambio académico. * Disciplinarios. * Estatutos o reglamentos referidos al ingreso, promoción y permanencia del personal académico. Además de los anteriores la universidad o institución de educación superior autónoma por ley, tiene la libertad para expedir cualquier tipo de normatividad que se ubique dentro del ámbito de la educación superior, del sistema educativo nacional, del contexto de su ley orgánica y la base constitucional contenida en la fracción VIII del artículo 3º. Cabe señalar que, aunque el procedimiento de creación de la legislación universitaria interna se realiza a través de órganos colegiados interdisciplinarios y representativos de diversos sectores universitarios, y de que en algunas ocasiones se les denomina como «órgano legislativo universitario» o «legislador universitario», en estricto apego al derecho positivo mexicano, se trata en realidad de una función de reglamentación de la ley orgánica y del derecho concedido a la universidad a nivel constitucional y que, en forma excepcional, no se le atribuyó al poder ejecutivo; confirmándose pues, que en nuestro sistema de derecho, el poder legislativo es el único facultado para aprobar las leyes, en los términos de los artículos 70 y posteriores de la constitución. Otras normas que inciden directamente en el ámbito de la legislación universitaria aunque no forman parte de la misma, son los contratos colectivos de trabajo, de los cuales, dada la reciente inclusión de la normatividad laboral, a partir de 1980, apenas se está observando la experiencia obtenida sobre todo en el aspecto del deslinde entre lo que la universidad considera como elementos académicos y la organización gremial correspondiente como un derecho laboral, sin que hasta la fecha se tenga un diagnóstico integral de esta problemática. Todavía es más exigua la experiencia que se tiene en materia de criterios judiciales, sean ejecutorias o jurisprudencia emitidas por el máximo tribunal de la nación en cuanto hace a la legislación universitaria, dignos de considerarse como otra fuente de nuestra legislación. Con la exposición anterior, a grandes rasgos y sin pretender haber agotado el tema, se ha tratado de presentar un panorama general del contexto jurídico de las instituciones de educación superior autónomas por ley, cuyo régimen ha sido elevado al más alto nivel normativo, con la seguridad de que estas instituciones y quienes forman parte de ellas, trabajan incansablemente en beneficio de nuestra sociedad. Julio, 1986. ¸ BIBLIOGRAFIA ¸ C ontenido Memoria del Primer Simposio Nacional de Legislación Educativa. Octubre, 1976, UNAM. I Conferencia Latinoamericana de Legislación Universitaria.1977, UDUAL. GARCIA LAGUARDIA, Jorge Mario. Autonomía Universitaria en América Latina. Mito y Realidad. Comisión Técnica de Estudios y Proyectos Legislativos.1977, UNAM. TUNNERMANN BERHEIM, Carlos. De la Universidad y su Problemática.1980, UNAM. BARQUIN ALVAREZ, Manuel. Cuadernos del Centro de Documentación Legislativa Universitaria.1979, UNAM. Constitución Política de los E.U.M. Ley Federal de Educación. Ley de Profesiones. Ley para la Coordinación de la Educación Superior. Ley Federal del Trabajo. C ontenido
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¿Cuál es la Ley de las universidades?

Ley de Universidades – Publicado el 8 de septiembre de 1970

  • LEY DE UNIVERSIDADES
  • Gaceta Oficial N° 1.429 Extraordinario de fecha 8 de septiembre de 1970
  • TITULO I
  • DISPOSICIONES FUNDAMENTALES

Artículo 1. La Universidad es fundamentalmente una comunidad de intereses espirituales que reúne a profesores y estudiantes en la tarea de buscar la verdad y afianzar los valores trascendentales del hombre. Artículo 2. Las Universidades son Instituciones al servicio de la Nación y a ellas corresponde colaborar en la orientación de la vida del país mediante su contribución doctrinaria en el esclarecimiento de los problemas nacionales.

  1. Artículo 3.
  2. Las Universidades deben realizar una función rectora en la educación, la cultura y la ciencia.
  3. Para cumplir esta misión, sus actividades se dirigirán a crear, asimilar y difundir el saber mediante la investigación y la enseñanza; a completar la formación integral iniciada en los ciclos educacionales anteriores; y a formar los equipos profesionales y técnicos que necesita la Nación para su desarrollo y progreso.

Artículo 4. La enseñanza universitaria se inspirará en un definido espíritu de democracia, de justicia social y de solidaridad humana, y estará abierta a todas las corrientes del pensamiento universal, las cuales se expondrán y analizarán de manera rigurosamente científica.

Artículo 5. Como parte integral del sistema educativo, especialmente del área de estudios superiores, las Universidades se organizarán y funcionarán dentro de una estrecha coordinación con dicho sistema. Artículo 6. La finalidad de la Universidad, tal como se define en los artículos anteriores, es una en toda la Nación.

Dentro de este concepto se atenderá a las necesidades del medio donde cada Universidad funcione y se respetará la libertad de iniciativa de cada Institución. Artículo 7, El recinto de las Universidades es inviolable. Su vigilancia y el mantenimiento del orden son de la competencia y responsabilidad de las autoridades universitarias; solo podrá ser allanado para impedir la consumación de un delito o para cumplir las decisiones de los Tribunales de Justicia.

Se entiende por recinto universitario el espacio precisamente delimitado y previamente destinado a la realización de funciones docentes, de investigación, académicas, de extensión o administrativas, propias de la Institución. Corresponde a las autoridades nacionales y locales la vigilancia de las avenidas, calles y otros sitios abiertos al libre acceso y circulación, y la protección y seguridad de los edificios y construcciones situados dentro de las áreas donde funcionen las universidades, y las demás medidas que fueren necesarias a los fines de salvaguardar y garantizar el orden público y la seguridad de las personas y de los bienes, aun cuando estos formen parte del patrimonio de la Universidad.

Artículo 8. Las Universidades son Nacionales o Privadas. Las Universidades Nacionales adquirirán personalidad jurídica con la publicación en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela del Decreto del Ejecutivo Nacional por el cual se crean. Las Universidades Privadas requieren para su funcionamiento la autorización del Estado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 173, 174, 175 y 176 de la presente Ley.

Artículo 9. Las Universidades son autónomas. Dentro de las previsiones de la presente Ley y de su Reglamento, disponen de: 1. Autonomía organizativa, en virtud de la cual podrán dictar sus normas internas.2. Autonomía académica, para planificar, organizar y realizar los programas de investigación, docentes y de extensión que fueren necesario para el cumplimiento de sus fines; 3.

Autonomía administrativa, para elegir y nombrar sus autoridades y designar su personal docente, de investigación y administrativo; 4. Autonomía económica y financiera, para organizar y administrar su patrimonio. Artículo 10. Conforme a lo dispuesto en la Ley de Educación, el Ejecutivo Nacional, oída la opinión del Consejo Nacional de Universidades, podrá crear Universidades Nacionales Experimentales con el fin de ensayar nuevas orientaciones y estructuras en Educación Superior.

Estas Universidades gozarán de autonomía dentro de las condiciones especiales requeridas por la experimentación educativa. Su organización y funcionamiento se establecerá por reglamento ejecutivo y serán objeto de evaluación periódica a los fines de aprovechar los resultados beneficiosos para la renovación del sistema y determinar la continuación, modificación o supresión de su status.

Parágrafo Único: El Ejecutivo Nacional, oída asimismo la opinión del Consejo Nacional de Universidades, podrá también crear o autorizar el funcionamiento de Institutos o colegios universitarios, cuyo régimen será establecido en el reglamento que al efecto dicte, y los cuales no tendrán representantes en el Consejo Nacional de Universidades.

Artículo 11. En las Universidades Nacionales los estudios ordinarios son gratuitos; sin embargo, los alumnos que deban repetir el curso total o parcialmente por haber sido aplazados, pagarán el arancel que establezca el Reglamento. Artículo 12. Las Universidades Nacionales tienen personalidad jurídica y patrimonio propio, distinto e independiente del Fisco Nacional.

Este patrimonio estará integrado por los bienes que les pertenezcan o que puedan adquirir por cualquier título legal. Artículo 13. En la Ley de Presupuesto se incluirá anualmente con destino a Las Universidades Nacionales una partida cuyo monto global no será menor del 1 1/2 por ciento del total de rentas que se presupongan en dicha Ley.

  • Artículo 14.
  • Los bienes y rentas de las Universidades Nacionales no estarán sometidos al régimen de los bienes nacionales que establece la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional.
  • Sus ingresos y egresos no se considerarán como rentas o gastos públicos, ni estarán sometidos al régimen del Presupuesto Nacional, y su fiscalización se hará por los funcionarios que designe el Consejo Nacional de Universidades, en acatamiento de lo dispuesto en el numeral 9º del Artículo 20 de la presente Ley, y por la Contraloría General de la República, conforme a lo establecido en la Constitución y las leyes.

Artículo 15. Las Universidades Nacionales gozarán en cuanto a su patrimonio, de las prerrogativas que al Fisco Nacional acuerda la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional. Artículo 16. Los miembros del personal universitario que manejen fondos de la Universidad, estarán sujetos a lo preescrito en la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional respecto a la caución que deben prestar y a sus responsabilidades.

  1. Artículo 17.
  2. El Estado reconocerá para todos los efectos legales los grados, títulos y certificados de competencia que otorguen y expidan las Universidades Nacionales.
  3. Los grados, títulos y certificados de competencia que otorguen y expidan las Universidades Privadas sólo producirán efectos legales al ser refrendados de conformidad con lo establecido en el Articulo 182 de la presente Ley.

TITULO II DEL CONSEJO NACIONAL DE UNIVERSIDADES Artículo 18. El Consejo Nacional de Universidades es el organismo encargado de asegurar el cumplimiento de la presente Ley por las Universidades, de coordinar las relaciones de ellas entre si y con el resto del sistema educativo, de armonizar sus planes docentes, culturales y científicos y de planificar su desarrollo de acuerdo con las necesidades del país.

  1. También formarán parte del Consejo, con derecho a voz, el Secretario del Consejo, el Director de la Oficina de Planificación del Sector Universitario, un representante del Ministerio de Hacienda y un Decano por cada Universidad Nacional o Privada.
  2. Aun cuando con posterioridad a la promulgación de esta Ley el Ejecutivo creare o autorizare el funcionamiento de Universidades Nacionales Experimentales o de Universidades Privadas, la proporción en la representación de dichas Universidades ante el Consejo Nacional de universidades no será alterada.
  3. Parágrafo Primero: Los representantes de los profesores ante el Consejo Nacional de Universidades, que serán elegidos junto con sus suplentes por los representantes de los profesores ante los Consejos Universitarios del respectivo grupo de universidades, durarán tres años en el ejercicio de sus funciones.
  4. Parágrafo Segundo: Los representantes de los estudiantes ante el Consejo Nacional de Universidades, que serán elegidos junto con sus suplentes por los representantes estudiantiles ante los Consejos Universitarios del respectivo grupo de universidades, deberán ser estudiantes regulares con buena calificación académica, pertenecientes al último bienio de la carrera y durarán un año en el ejercicio de sus funciones.
  5. Parágrafo Tercero: Los profesores universitarios elegidos por el Congreso durarán tres años en el ejercicio de sus funciones, podrán ser reelegidos y deberán reunir las condiciones requeridas para ser Rector.
  6. Parágrafo Cuarto: El representante del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas deberá reunir las condiciones requeridas para ser Rector y será de la libre designación y remoción de dicho Consejo.
  7. Artículo 20. Son atribuciones del Consejo Nacional de Universidades:
  8. 1. Definir la orientación y las líneas de desarrollo del sistema universitario de acuerdo con las necesidades del país, con el progreso de la educación y con el avance de los conocimientos;
  9. 2. Estudiar modelos básicos de organización universitaria en cuanto a ciclos, estructuras y calendarios académicos, y recomendar la adopción progresiva de los más adecuados a las condiciones del país y a la realidad universitaria nacional;
  10. 3. Coordinar las labores universitarias en el país y armonizar las diferencias individuales y regionales de cada Institución con los objetivos comunes del sistema;
  11. 4. Fijar los requisitos generales indispensables para la creación, eliminación, modificación y funcionamiento de Facultades, Escuelas, Institutos y demás divisiones equivalentes en las Universidades, y resolver, en cada caso, las solicitudes concretas que en ese sentido, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos, sean sometidas a su consideración;
  12. 5. Proponer al Ejecutivo Nacional los Reglamentos concernientes a los exámenes de reválida de títulos y equivalencia de estudios;
  13. 6. Determinar periódicamente las metas a alcanzar en la formación de recursos humanos de nivel superior y, en función de este objetivo y de los medios disponibles, aprobar los planes de diversificación y cuantificación de los cursos profesionales propuestos por los respectivos Consejos Universitarios, y recomendar los correspondientes procedimientos de selección de aspirantes;
  14. 7.Proponer al Ejecutivo Nacional el monto del aporte anual para las Universidades que deba ser sometido a la consideración del Congreso Nacional en el Proyecto de Ley de Presupuesto y, promulgada ésta, efectuar su distribución entre las Universidades Nacionales;
  15. 8. Exigir de cada Universidad Nacional la presentación de un presupuesto programa sujeto al límite de los ingresos globales estimados, el cual será preparado conforme a los formularios e instructivos que el Consejo suministre a través de la Oficina de Planificación del Sector Universitario;

9. Velar por la correcta ejecución de los presupuestos de las Universidades Nacionales y, a tal efecto, designar contralores internos en cada una de ellas. Estos funcionarios tendrán la obligación de presentar periódicamente los respectivos informes ante el Consejo, con vista de los cuales y de los suministrados por la Contraloría General de la República, adoptará las medidas pertinentes dentro de las previsiones de la presente Ley y de sus Reglamentos; 10.

Velar por el cumplimiento, en cada una de las Universidades, de las disposiciones de la presente Ley y de las normas y resoluciones que, en ejercicio de sus atribuciones legales, le corresponda dictar. A los fines indicados podrá solicitar de las respectivas autoridades universitarias las informaciones que considere necesarias o, en su caso, designar comisionados adhoc ante ellas.

Las Universidades están obligadas a suministrar al Consejo con toda preferencia las facilidades necesarias para el cumplimiento de esta misión; 11. Conocer y decidir en única instancia administrativa, de las in fracciones de la presente Ley de sus Reglamentos en que pudiere haber incurrido un Consejo Universitario, o el Rector, los Vicerrectores, o el Secretario de una Universidad Nacional; y conocer y decidir en última instancia administrativa de las causas a que se refieren los ordinales 10, 11 del artículo 26 de la presente Ley; 12.

Previa audiencia del afectado, suspender del ejercicio de sus funciones al Rector, a los Vicerrectores, o al Secretario de las Universidades Nacionales cuando hubieren incurrido en grave incumplimiento de los deberes que les impone esta Ley. Acordada la suspensión, el funcionario o los funcionarios afectados por la medida podrán, dentro de los treinta días siguientes a la última notificación, presentar los alegatos que constituyan su defensa y promover y evacuar ante el Secretario Permanente del Consejo las pruebas pertinentes.

Vencido dicho lapso el Consejo decidirá, con vista de los elementos que consten en el expediente, sobre la restitución o remoción del funcionario o de los funcionarios suspendidos;

  • l3. Conocer de los procedimientos que pudieren acarrear remoción de alguno o algunos de los miembros de los Consejos Universitarios y decidir dichas causas con arreglo al procedimiento establecido en el numeral anterior:
  • 14. Declarar, en el caso previsto en los numerales 12 y 13 de este artículo, a la Universidad afectada en proceso de reorganización cuando la medida de remoción hubiese sido impuesta conjuntamente al Rector, a los Vicerrectores y al Secretario, o a dos de dichas autoridades o a la mayoría de los miembros de un Consejo Universitario; designar en cualquiera de estos casos, a las autoridades interinas que hayan de asumirla dirección de las Universidades les Nacionales mientras se realizará la respectiva elección por la comunidad universitaria; y procederá a la convocatoria de las correspondientes elecciones, con arreglo a las disposiciones de esta Ley, dentro de los seis meses siguientes a la decisión por la cual se acordó la remoción;
  • 15. Designar a las autoridades interinas que hayan de asumir la dirección de las Universidades Nacionales no experimentales, en los casos de falta absoluta del Rector y los Vicerrectores o de más de la mitad de los miembros del Consejo Universitario; y proceder a la convocatoria de las correspondientes elecciones, con arreglo a las disposiciones de esta Ley, dentro de los seis meses siguientes a la designación de las autoridades interinas;

16. Convocar a elecciones en los casos en que el Consejo Universitario o la Comisión Electoral no lo hubieren hecho en la oportunidad legal correspondiente. A este efecto dictará cuantas medidas fueren necesarias para que se realicen los comicios respectivos, y cuidará en todo momento de que el proceso electoral se desarrolle normalmente.17.

Designar a los miembros del Consejo de Apelaciones conforme al procedimiento previsto en el Artículo 44 de la presente Ley.18. Elaborar, en lapsos no menores de diez anos, un informe de evaluación del sistema universitario vigente que, con base en las experiencias recogidas, deberá contener proposiciones y recomendaciones concretas sobre las reformas legales, administrativas y académicas que el Consejo considere necesarias para la continua renovación de los sistemas universitarios; 19.

Dictar su Reglamento Interno; 20. Las demás que le señalen las leyes y los Reglamentos. Parágrafo Primero: En el ejercicio de las atribuciones a las que se refieren los numerales 7º,1l, 12, 13, 14 y 15 de este artículo, así como en cualquier otra decisión del exclusivo interés de las Universidades Nacionales, no intervendrán los representantes de las Universidades Privadas ante el Consejo.

Parágrafo Segundo: Sin menoscabo del derecho de defensa que definitivamente les corresponde, los miembros del Consejo Nacional de Universidades que pudieren resultar afectados por las medidas previstas en los numerales 11, 12 y 13 de este artículo, no podrán concurrir a las sesiones de este organismo en las cuales se discutan y apliquen las medidas respectivas.

Parágrafo Tercero: De las decisiones a que se refieren los ordinales 12 y 13 de este artículo podrá apelarse para ante la Corte Suprema de Justicia en Sala Político-Administrativa. Esta apelación se oirá en un sólo efecto. Artículo 21, Para facilitar el desempeño de sus funciones, el Consejo Nacional de Universidades tendrá un Secretariado Permanente, con sede en Caracas, cuya organización y funcionamiento serán determinados en el Reglamento que al efecto dicte el Consejo.

  • El Secretario del Consejo, quien deberá reunir las mismas condiciones exigidas por esta Ley para ser Secretario de un Consejo Universitario, será designado y removido por el mismo Cuerpo.
  • Artículo 22.
  • La Oficina de Planificación del sector Universitario estará bajo la dirección de un funcionario, designado por el Ejecutivo Nacional, quien deberá ser profesional universitario especializado, con amplia experiencia en planeamiento educativo, en administración universitaria o en otras áreas sociales estrechamente vinculadas al desarrollo de la educación.
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Esta Oficina tendrá su sede en Caracas y las siguientes atribuciones:

  1. 1. Servir de oficina técnica del Consejo Nacional de Universidades;
  2. 2. Hacer el cálculo de las necesidades profesionales del país a corto, mediano y largo plazo;
  3. 3. Proponer alternativas acerca de la magnitud y especialización de las universidades y de los modelos de organización de las mismas:
  4. 4. Asesorar a las Universidades Nacionales en la elaboración y ejecución de sus presupuestos programa, a cuyo efecto, mantendrá con tacto permanente con las oficinas universitarias de presupuesto, y preparará los instructivos y formularios que les sirvan de guía;

5. Las demás que le señalen las leyes y los reglamentos. Artículo 23. El Consejo Nacional de Universidades tendrá su sede en Caracas, pero podrá reunirse, previa convocatoria de su Presidente, también en otra ciudad del país. Celebrará sesiones ordinarias mensuales, y extraordinarias por iniciativa del Ministro de Educación o de tres de los Rectores que lo integran.

  • TITULO III
  • CAPITULO I
  • DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES
  • SECCION I
  • Del Consejo Universitario

Artículo 24. La autoridad suprema de cada Universidad reside en su Consejo Universitario, el cual ejercerá las funciones de gobierno por órgano del Rector, de los Vicerrectores y del Secretario, conforme a sus respectivas atribuciones. Artículo 25. El Consejo Universitario estará integrado por el Rector, quien lo presidirá, los Vicerrectores, el Secretario, los Decanos de las Facultades, cinco representantes de los profesores, tres representantes de los estudiantes, un representante de los egresados y un delegado del Ministerio de Educación.

  1. Parágrafo Segundo: Los representantes de los Profesores ante el Consejo Universitario deberán tener rango no inferior al de agregado y serán elegidos mediante voto secreto de los profesores titulares, asociados, agregados y asistentes de la respectiva Universidad.
  2. Parágrafo Tercero: Los representantes de los estudiantes ante el respectivo Consejo Universitario serán elegidos por los alumnos regulares de la respectiva Universidad, entre los alumnos regulares del último bienio de la carrera.
  3. Artículo 26. Son atribuciones del Consejo Universitario:
  4. 1. Coordinar las labores de enseñanza y las de investigación y las demás actividades académicas de la Universidad;

2. Estimular y mantener las relaciones universitarias nacionales e internacionales.3. Crear, modificar y suprimir Facultades, Escuelas, Institutos y demás dependencias universitarias de conformidad con el numeral 4º del Artículo 20 de esta Ley. Cuando la decisión se refiera a Institutos o Centros de Investigación, se requerirá, además, el dictamen favorable del Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico; 4.

  • 5. Acordar, previa aprobación del Consejo Nacional de Universidades, el traspaso de fondos de una a otra partida del Presupuesto de Rentas y Gastos de la Universidad;
  • 6. Conocer y resolver de las solicitudes sobre reválida de títulos, equivalencia de estudios y traslados;
  • 7. Fijar el arancel para determinados cursos especiales y de post-grado;
  • 8. Acordar la suspensión parcial o total de las actividades universitarias y decidir acerca de la duración de dichas medidas;
  • 9. Fijar el número de alumnos para el primer año y determinar los procedimientos de selección de aspirantes, según las pautas establecidas por el Consejo Nacional de Universidades en el numeral 6º del Artículo 20 de esta Ley;
  • 10. Asumir provisionalmente el gobierno de las Facultades cuando las condiciones existentes pongan en peligro el normal desenvolvimiento de las actividades académicas, y convocar en un lapso no mayor de sesenta (60) días a la Asamblea de la respectiva Facultad;
  • 11. Conocer y resolver de los procesos disciplinarios de remoción de las autoridades universitarias no integrantes del Consejo Universitario, cuando hayan incurrido en grave incumplimiento de los deberes que les impone esta Ley;
  • 12. Autorizar los contratos de profesores, investigadores, y con ferenciantes, previo informe del Consejo de la Facultad respectiva o del Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico, según el caso;
  • 13. Designar a las personas que deban actuar como representantes de la Universidad ante otros organismos o instituciones;

14. Conceder los títulos de Doctor Honoris Causa, de Profesor Honorario y cualquier otra distinción honorífica. La iniciativa al respecto puede ser tomada por el Consejo Universitario o por la Asamblea de la Facultad correspondiente; pero, en todo caso, se requerirá la aprobación de ambos organismos;

  1. 15. Designar las personas que suplan las fallas temporales del Secretario de la Universidad, y las de los Decanos;
  2. 16. Organizar un servicio de orientación vocacional;
  3. 17. Reglamentar las elecciones universitarias de conformidad con esta Ley y su Reglamento, y nombrar la Comisión que organizará dicho proceso;
  4. 18. Dictar, conforme a las pautas señaladas por el Consejo Nacional de Universidades, el régimen de seguros, escalafón, jubilaciones, pensiones, despidos, así como todo lo relacionado con la asistencia y previsión social de los miembros del personal universitario;
  5. 19. Autorizar la adquisición, enajenación y gravamen de bienes, la celebración de contratos y la aceptación de herencias, legados o donaciones, previa consulta con el Consejo de Fomento;
  6. 20. Resolver los asuntos que no estén expresamente atribuidos por la presente Ley a otros organismos o funcionarios;

21. Dictar los Reglamentos Internos que le correspondan conforme a esta Ley. Artículo 27. El Consejo Universitario celebrará sesiones ordinarias una vez por semana y extraordinarias cada vez que sea convocado por el Rector o cuando lo soliciten por escrito no menos de la tercera parte de sus miembros.

El procedimiento de las sesiones del Consejo Universitario será establecido en el respectivo Reglamento Interno. SECCION II Del Rector; de los Vicerrectores y del Secretario Artículo 28. El Rector, los Vicerrectores y el Secretario de las Universidades, deben ser venezolanos, de elevadas condiciones morales, poseer título de Doctor, tener suficientes credenciales científicas y profesionales y haber ejercido con idoneidad funciones docentes y de investigación en alguna universidad venezolana durante cinco años por lo menos.

Parágrafo Único: El respectivo Consejo Universitario determinará en el Reglamento que al efecto dicte, las condiciones que han de exigirse para ocupar los cargos de Rector, Vicerrector o Secretario a los profesores que no hayan obtenido el título de Doctor en razón de que el mismo no sea conferido en la especialidad correspondiente por esa Universidad.

Artículo 29. Cuando la complejidad de funciones y las necesidades de la Institución lo justifiquen, el Consejo Nacional de Universidades podrá autorizar, a propuesta del respectivo Consejo Universitario, la creación de otros Vicerrectorados en una Universidad. Al mismo tiempo se someterá a la consideración del Consejo Nacional de Universidades el proyecto de normas de funcionamiento del cargo y las atribuciones correspondientes a su titular, quien será designado por el respectivo Consejo Universitario, a propuesta del Rector, y asistirá a las sesiones de ese organismo con derecho a voz.

Artículo 30. La elección del Rector, del Vicerrector Académico, del Vicerrector Administrativo y del Secretario se realizará dentro de los tres meses anteriores al vencimiento del período de cuatro años correspondientes a dichas autoridades, por el Claustro Universitario integrado así 1.

  1. Por los Profesores asistentes, agregados, asociados, titulares y jubilados; 2.
  2. Por los representantes de los alumnos de cada Escuela, elegidos respectivamente en forma directa y secreta por los alumnos regulares de ellas.
  3. El número de estos representantes será igual al 25 por ciento de los miembros del personal docente y de investigación que integran el Claustro.

La representación estudiantil de cada Escuela será proporcional al número de alumnos regulares que en ella cursen, en relación con el total de alumnos regulares de la Universidad; 3. Por los representantes de los egresados a razón de cinco por cada Facultad, elegidos en la forma prevista en el Articulo 54.

Parágrafo Único: A los efectos del quórum de integración no se tomará en cuenta el número de profesores jubilados, ni de aquellos que se encuentren en disfrute de permiso o de año sabático. Artículo 31. El voto para la elección del Rector, Vicerrectores y Secretarios será obligatorio, y se requerirá, para su validez, que hayan votado no menos de las dos terceras partes de los integrantes del Claustro.

La elección se hará por votación directa y secreta, y se proclamara electos a quienes hayan obtenido no menos de las dos terceras partes de los votos válidos depositados. Si no se lograse esa mayoría, se procederá a una segunda votación, también por el Claustro Universitario, entre los candidatos que hayan obtenido los dos primeros lugares en los resultados electorales.

  • La segunda votación se hará también por voto directo y secreto, y la elección se decidirá por mayoría absoluta.
  • Artículo 32,
  • Si no hubiesen votado las dos terceras partes del Claustro, y en cualquier otro caso en que no fuese válida la elección, se reunirá, dentro de los quince dais siguientes, una asamblea integrada por los miembros de los Consejos de las diversas Facultades para elegir Rector, Vicerrectores y Secretario interinos, hasta tanto se realice la elección definitiva de esas autoridades o hasta un plazo máximo de seis meses, al final del cual la Comisión Electoral procederá a hacer una nueva convocatoria.

La elección de autoridades interinas se decidirá por el voto directo y secreto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de los Consejos de Facultad. Para que la elección sea válida se requiere que hayan votado por lo menos, las tres cuartas partes de los miembros de esa asamblea.

  • En caso de que resultare fallida la elección, se reuniría el Consejo Nacional de Universidades, en un plazo no mayor de quince días, para hacer la designación correspondiente para el período inmediato.
  • La elección de autoridades interinas o la designación por el Consejo Nacional de Universidades, no podrá recaer en ninguna de las personas que estuviesen ejerciendo los cargos de Rector, Vicerrector o Secretario en la oportunidad de las elecciones no perfeccionadas en virtud de lo establecido en este artículo, ni los que hubiesen sido postulados para las mismas.

Artículo 33. Los miembros del personal docente o de investigación que sin justificación se hubiesen abstenido de concurrir a la elección de las autoridades universitarias, serán suspendidos por el respectivo Consejo de Facultad, por el término de tres meses contados a partir de la fecha de votación.

Esta suspensión será motivo de pérdida por el mismo lapso, de todos los derechos inherentes a la condición de miembro del personal docente o de investigación. Los afectados podrán justificar su inasistencia en un lapso de cinco días hábiles a partir de la fecha en que se realice la votación. La reincidencia será motivo de remoción del profesor incurso en dicha falta, previa instrucción del expediente respectivo.

A los fines previstos en el Artículo 111 de esta Ley, esta pena no podrá exceder de cinco años.

  • Los representantes estudiantiles que incurrieren en la falta a que se contrae el presente artículo, serán sancionados con la suspensión temporal del derecho de voto para la elección siguiente, y, en caso de reincidencia, con la supresión de los derechos derivados de su condición de alumno regular, por el término de un año.
  • Los representantes de los egresados que incurrieren en la falta a que se contrae el presente artículo, serán sancionados con la suspensión por tres meses de su representación, lo cual se participará al Colegio profesional correspondiente.
  • Los representantes estudiantiles y los de los egresados que no hayan cumplido con este deber, podrán justificar su inasistencia en la forma prevista para los miembros del personal docente y de investigación.

Artículo 34. A los fines de la imposición de las sanciones previstas en el artículo anterior, se instruirá el correspondiente expediente, previa notificación del interesado, a fin de que alegue por escrito lo que estime conducente dentro del termino de cinco días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación.

  1. Artículo 36. Son atribuciones del Rector:
  2. 1. Cumplir y hacer cumplir en la respectiva Universidad las disposiciones emanadas del Consejo Nacional de Universidades;
  3. 2. Presidir el Consejo Universitario y ejercer sus acuerdos;
  4. 3. Dirigir, coordinar y vigilar, en nombre del Consejo Universitario, el normal desarrollo de las actividades universitarias;
  5. 4. Expedir el nombramiento y ejecutar la remoción de los Decanos, Directores de Escuelas, Institutos y demás establecimientos universitarios; así como el nombramiento, el ascenso o la remoción de los miembros del personal docente, de investigación y administrativo, de acuerdo con las disposiciones de la presente Ley y de los Reglamentos;
  6. 5. Proponer al Consejo Universitario la creación, modificación o supresión de Facultades, Escuelas, Institutos y demás organismos de carácter académico o docente;
  7. 6. Conferir los títulos y grados y expedir los certificados de competencia que otorgue la Universidad, previo el cumplimiento de los requisitos legales;
  8. 7. Presentar al Consejo Universitario el Proyecto de Presupuesto Anual de la Universidad, elaborado de conformidad con lo dispuesto en el numeral del Artículo 20 de esta Ley;

8. Autorizar la recaudación de los ingresos y de los pagos que deba hacer la Universidad, previo cumplimiento de los requisitos que señalen la presente Ley y los Reglamentos. El Rector de la Universidad podrá, previa autorización del Consejo Universitario, delegar total o parcialmente la facultad a que se refiere esta atribución en el funcionario que el mismo señale.

  • Ningún pago podrá ser ordenado sin la existencia de fondos en la partida presupuestaria correspondiente; 9.
  • Informar semestralmente al Consejo Universitario y anualmente al Consejo Nacional de Universidades acerca de la marcha de la Universidad; 10.
  • Presentar anualmente al Ministerio de Educación, previa aprobación del Consejo Universitario, la Memoria y Cuenta de la Universidad.

El Ministro presentará las Memorias y Cuentas de las Universidades Nacionales al Congreso Nacional en la oportunidad en que presente la del Despacho de Educación; 11. Someter a la consideración del Consejo Universitario los procesos de remoción de los Decanos y de los miembros del personal docente y de investigación, de acuerdo con las formalidades señaladas en la presente Ley; 12.

  • Adoptar, de acuerdo con el Consejo Universitario, las providencias convenientes para la conservación del orden y la disciplina dentro de la Universidad.
  • En casos de emergencia podrá tomar las medidas que juzgue convenientes, y las someterá posteriormente a la consideración del Consejo Universitario; 13.

Las demás que le señalen la presente Ley, las leyes y reglamentos. Artículo 37. El Rector es el representante legal de la Universidad y el órgano de comunicación de ésta con todas las autoridades de la República y con las Instituciones nacionales o extranjeras.

  • Artículo 38. Son atribuciones del Vicerrector Académico:
  • 1. Suplir las faltas temporales del Rector;
  • 2. Supervisar y coordinar, de acuerdo con el Rector, las actividades docentes, de investigación y de extensión;
  • 3. Presidir el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico y velar por el cumplimiento de sus resoluciones;
  • 4. Dirigir y coordinar, de acuerdo con el Rector, los servicios estudiantiles;
  • 5. Cumplir con todas las funciones que le sean asignadas por el Rector o por el Consejo Universitario;

6. Las demás que le señalen la Ley y los Reglamentos.

  1. Artículo 39. Son atribuciones del Vicerrector Administrativo:
  2. 1. Suplir las faltas temporales del Vicerrector Académico;
  3. 2. Dirigir y coordinar de acuerdo con el Rector las actividades administrativas de la Universidad;
  4. 3. Presidir el Consejo de Fomento y velar por el cumplimiento de sus resoluciones;
  5. 4. Cumplir las funciones que le sean asignadas por el Rector o por el Consejo Universitario;

5. Las demás que le señalen la Ley y los Reglamentos.

  • Artículo 40. Son atribuciones del Secretario:
  • 1. Suplir las faltas temporales del Vicerrector Administrativo;
  • 2. Ejercer la Secretaría del Consejo Universitario y dar a conocer sus resoluciones;
  • 3. Refrendar la firma del Rector en los títulos, diplomas, decretos y resoluciones, expedidos por la Universidad;
  • 4. Expedir y certificar los documentos emanados de la Universidad;
  • 5. Ejercer la custodia del Archivo General de la Universidad;
  • 6. Publicar la Gaceta Universitaria, órgano trimestral que informará a la comunidad universitaria las resoluciones de los organismos directivos de la Institución;
  • 7. Cumplir las funciones que le sean asignadas por el Rector, o por el Consejo Universitario; y,

8. Las demás que le señalen la Ley y los Reglamentos. Artículo 41. En caso de falta absoluta del Rector, de los Vicerrectores o del Secretario, se procederá a la elección de quien deba sustituirlo por el resto del período. Artículo 42. Las faltas temporales del Rector, de los Vicerrectores o del Secretario, no podrán ser mayores de noventa días, salvo casos extraordinarios, que resolverá el Consejo Universitario.

SECCION III Del Consejo de Apelaciones Artículo 43. El Consejo de Apelaciones es el organismo superior de cada Universidad en materia disciplinaria. Estará integrado por tres profesores calificados, con categoría no inferior a la de Asociado, quienes durarán tres años en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 44. A los fines de la designación de los integrantes del Consejo de Apelaciones, cada Asamblea de Facultad escogerá de su seno, en la oportunidad correspondiente, un candidato, en la misma forma en que se elige el Decano. De la lista que así se forme, el Consejo Nacional de Universidades designará a los tres miembros principales del Consejo y determinará el orden de suplencia de los otros candidatos.

Parágrafo Único: En las Universidades que funcionen con menos de seis Facultades, las Asambleas elegirán dos candidatos cada una. Artículo 45. Los miembros principales elegirán de su seno al Presidente del Consejo. Elegirán también fuera de su seno, al Secretario, quien deberá ser Abogado y Profesor universitario.

Artículo 46. Son atribuciones del Consejo de Apelaciones: 1. Conocer y decidir, en última instancia administrativa, los recursos interpuestos contra las decisiones de los Consejos de Facultad en materia de sanciones a los Profesores. En estos casos será de la exclusiva competencia del respectivo Consejo de Facultad la instrucción del correspondiente expediente y la decisión en primera instancia;

  1. 2. Conocer y decidir en última instancia administrativa sobre las medidas disciplinarias impuestas a los alumnos por el Rector, los Vicerrectores, el Secretario, los Decanos, los Directores o los Profesores, dentro de sus respectivas áreas de competencia;
  2. 3. Servir de Tribunal de Honor en todos los asuntos que le sean sometidos por vía de arbitraje;
  3. 4. Designar, cuando lo estime conveniente, comisiones instructoras a nivel de Facultades;
  4. 5. Dictar su Reglamento Interno;

6. Las demás que le señalen la Ley y los Reglamentos. SECCION IV De las Facultades Artículo 47. La Universidad realiza sus funciones docentes y de investigación a través del conjunto de sus Facultades. Por su especial naturaleza a cada Facultad corresponde enseñar e investigar una rama particular de la Ciencia o de la Cultura, pero todas se integran en la unidad de la Universidad y deben cumplir los supremos fines de esta.

El Reglamento de cada Universidad, previa aprobación del Consejo Nacional de Universidades, determinará las Facultades que funcionarán en ella. Artículo 48. Las Facultades están formadas por Escuelas, Institutos y demás dependencias de carácter académico y administrativo que señalen la presente Ley los respectivos reglamentos.

Artículo 49. Las Facultades estarán integradas por el Decano, los Directores de las Escuelas e Institutos, los miembros del Personal Docente y de Investigación, los miembros honorarios, los estudiantes y los representantes de los egresados, en la forma establecida por la presente Ley y los Reglamentos.

Artículo 50. El gobierno de las Facultades será ejercido por la Asamblea de la Facultad, por el Consejo de la Facultad y por el Decano, según las disposiciones de la presente Ley. Artículo 51. La enseñanza de cada Facultad se regirá por un plan de estudio previamente aprobado por el Consejo Universitario, de acuerdo con lo establecido por el numeral 5º del Artículo 62 de la presente Ley.

SECCION V De las Asambleas de las Facultades Artículo 52. La Asamblea es la autoridad máxima de cada Facultad y estará integrada por los Profesores Honorarios, Titulares, Asociados, Agregados y Asistentes; por los representantes estudiantiles y por los representantes de los egresados de la respectiva Facultad.

A los efectos del quórum de integración no se tomará en cuenta el número de profesores honorarios o con permiso o en disfrute de año sabático. Artículo 53. La representación de los estudiantes será igual a un veinticinco por ciento de los miembros del personal docente y de investigación que integran la Asamblea y será elegida mediante votación directa y secreta por los alumnos regulares de la Facultad correspondiente entre los estudiantes regulares de la misma.

Artículo 54. La representación de los egresados será de cinco miembros, designados por el colegio correspondiente o, a falta de este, por la respectiva asociación profesional.

  • Artículo 55. Son atribuciones de la Asamblea de la Facultad:
  • 1. Elegir el Decano;
  • 2. Conocer el informe anual del Decano;
  • 3. Proponer o aprobar, según el caso, la designación de los Profesores Honorarios, así como los candidatos para el Doctorado Honoris Causa de la respectiva Facultad, conforme a la presente Ley y los Reglamentos;

4. Proponer al Consejo Universitario, por órgano del Decano, las reformas e iniciativas que juzgue convenientes para el mejor funcionamiento de la Facultad. Artículo 56. La Asamblea de la Facultad celebrará reuniones ordinarias por lo menos una vez por semestre.

  1. SECCION VI
  2. De los Consejos de las Facultades
  3. Artículo 58. El Consejo de la Facultad esta integrado por el Decano, quien lo presidirá, siete representantes de los Profesores, un representante de los egresados elegido por el Colegio o Asociación Profesional correspondiente y dos representantes de los estudiantes elegidos por los alumnos regulares de la Facultad entre los alumnos regulares del último bienio de la carrera

Artículo 59. Los Directores de las Escuelas y de los Institutos asistirán a las sesiones del Consejo y de la Facultad y sólo tendrán derecho a voz. Artículo 60. Los representantes de los Profesores al Consejo de la Facultad serán elegidos mediante voto directo y secreto de los Profesores Honorarios, Titulares, Asociados, Agregados y Asistentes de la respectiva Facultad.

  1. Parágrafo Único: A los efectos del quórum de integración no se tomará en cuenta el número de profesores honorarios, ni de aquellos que se encuentren en disfrute de permiso o de año sabático.
  2. Artículo 61.
  3. Los representantes de los Profesores, el representante de los egresados, y sus respectivos suplentes, durarán dos años en el ejercicio de sus funciones y podrán ser reelegidos.

Los representantes estudiantiles durarán un año en sus funciones. Artículo 62. Son atribuciones del Consejo de la Facultad: 1. Velar por el funcionamiento normal de la Facultad y por el cumplimiento cabal de todos sus fines; 2. Coordinar las labores de enseñanza, de investigación, y las otras actividades académicas de la Facultad, de acuerdo con lo dispuesto por el Consejo Universitario.

  • 3. Considerar el Proyecto de Presupuesto Anual de la Facultad, elaborado por el Decano con base en las proposiciones presentadas por las Escuelas e Institutos respectivos y con las líneas fijadas por los organismos competentes;
  • 4. Proponer al Consejo Universitario la contratación de profesores y las condiciones del respectivo contrato, con base en las solicitudes de las Escuelas e Institutos correspondientes;
  • 5. Considerar los planes de enseñanza elaborados por las Escuelas respectivas, y elevarlos, para su aprobación final, al Consejo Universitario:
  • 6. Aprobar los programas de estudio elaborados por las Escuelas;
  • 7. Evacuar las consultas de carácter docente que le sean sometidas por el Consejo Universitario, el Rector o el Decano;
  • 8. Proponer al Consejo Universitario el nombramiento o remoción de los Directores de Institutos, y de los Jefes de Departamentos y de Cátedras;
  • 9. Aprobar las solicitudes del Decano, de los Directores de Escuelas e Institutos referentes al nombramiento y clasificación, así como los casos de ascenso, permiso, jubilación o pensiones, del personal docente, de investigación y administrativo de la respectiva Facultad;
  • 10. Instruir los expedientes relativos a las sanciones del personal docente y de investigación, y decidir en primera instancia;
  • 11. Elaborar los proyectos de Reglamento de la Facultad y presentarlos para su consideración al Consejo Universitario;
  • 12. Informar y emitir opinión acerca de los expedientes sobre reválida de títulos, equivalencia de estudios y traslados que le proponga para su consulta el Consejo Universitario;

13. Los demás que le señalen la Ley, los Reglamentos y los Acuerdos del Consejo Universitario. Artículo 63. El Consejo de la Facultad se reunirá ordinariamente una vez por semana y extraordinariamente cuando lo convoque el Decano, a iniciativa propia, o a petición de 3 o más de sus miembros.

  • SECCION VII De los Decanos Artículo 64.
  • Los Decanos de las Facultades deben ser ciudadanos venezolanos, reunir elevadas condiciones morales, poseer título de Doctor otorgado por una Universidad del país, tener suficientes credenciales científicas o profesionales y haber ejercido con idoneidad, por lo menos durante cinco años, funciones universitarias, docentes o de investigación.

Parágrafo Único: El respectivo Consejo Universitario determinará en el Reglamento que al efecto dicte, las condiciones que han de exigirse para ocupar el cargo de Decano, a los profesores que no hayan obtenido el título de doctor en razón de que el mismo no sea conferido en la especialidad correspondiente por esa Universidad.

  1. Artículo 65.
  2. Los Decanos serán elegidos por la Asamblea de la respectiva Facultad y durarán tres años en sus funciones.
  3. La elección será por voto directo y secreto y se considerara elegido Decano quien obtenga la mayoría absoluta de votos.
  4. Para que la elección sea válida se requiere que hayan votado, por lo menos, las dos terceras partes de todos los Miembros calificados para integrar la Asamblea de la Facultad.

Los otros aspectos del régimen de la elección serán fijados por el Reglamento. Artículo 66. En caso de falta absoluta del Decano se procederá a una nueva elección para el resto del período.

  1. Artículo 67. Son atribuciones del Decano:
  2. 1.Coordinar y vigilar, de acuerdo con el Consejo de la Facultad, las labores de enseñanza, de investigación y las otras actividades académicas de la respectiva Facultad;
  3. 2. Presidir la Asamblea y el Consejo de la Facultad;
  4. 3. Representar la Facultad en el Consejo Universitario:
  5. 4. Convocar a la Asamblea y al Consejo de la Facultad en 1 ocasiones previstas en la presente Ley;

5. Mantener el orden y la disciplina en la Facultad tomando las medidas pertinentes, previa consulta al Consejo de la Facultad, y de acuerdo a la presente Ley y su Reglamento. En casos de emergencia podrá adoptar las medidas que juzgue convenientes, sometiéndolas posterior mente a la consideración del Consejo de la Facultad; 6.

  • 7. Someter a la consideración del Consejo Universitario los acuerdos y medidas adoptadas por el Consejo o la Asamblea de la Facultad:
  • 8. Proponer al Rector el nombramiento o remoción de los empleados administrativos de la Facultad;
  • 9. Proponer al Consejo Universitario el nombramiento o remoción de los Directores de las Escuelas, previo acuerdo del Consejo de la Facultad:
  • 10. Nombrar los Profesores Consejeros de la Facultad;
  • 11. Dar cuenta quincenalmente al Rector de los asuntos de la Facultad;
  • 12. Someter a la consideración de la Asamblea de la Facultad un informe anual del estado y funcionamiento de la misma;
  • 13. Completar las listas de Jurados Examinadores cuando, por impedimentos legales, se hubiere agotado la nómina designada por el Consejo de la Facultad;

14. Las demás que señalen la presente Ley y los Reglamentos. SECCION VIII De las Escuelas Artículo 68. Las labores docentes de cada Facultad serán realizadas a través de las Escuelas que la integren. Por su especial naturaleza a cada Escuela corresponde enseñar e investigar un grupo de Disciplinas fundamentales y afines dentro de una rama de la Ciencia o de la Cultura.

Artículo 69. El gobierno de las Escuelas será ejercido por el Director y el Consejo de la Escuela. Las Escuelas estarán constituidas por Departamentos y Cátedras. La Cátedra es la unidad académica primordial integrada por uno o más profesores que tienen a su cargo la enseñanza o la investigación de una determinada asignatura.

El Departamento es el conjunto de Cátedras que se integran en la unidad de una disciplina. Cada Departamento coordinará el funcionamiento de las diversas Cátedras que lo integren y podrá prestar sus servicios a otras Facultades. Artículo 70. El Consejo de la Escuela es un organismo de dirección académica.

  1. Parágrafo Primero: Los representantes de los profesores serán elegidos mediante voto directo y secreto de los profesores titulares, asociados, egresados y asistentes de la respectiva Escuela, y durarán dos años en el ejercicio de sus funciones.
  2. Para la validez de la elección será necesaria la concurrencia de la mitad más uno de los votantes; sin embargo, a los efectos del quórum no se tomará en cuenta el número de profesores en disfrute de permiso o de año sabático.
  3. Parágrafo Segundo : Los representantes de los egresados serán de la libre elección y remoción del Colegio o Asociación profesional correspondiente.
  4. Parágrafo Tercero: Los representantes de los estudiantes durarán un año en el ejercicio de sus funciones.
  5. Artículo 7l. Son atribuciones del Consejo de Escuela:
  6. 1. Coordinar las labores y el funcionamiento de la cátedra y departamento de la Escuela;
  7. 2. Elaborar los planes y programas de estudio y someterlos a la aprobación del Consejo de la Facultad;
  8. 3. Proponer la incorporación y la promoción del personal docente;
  9. 4. Evacuar las consultas que en materia académica le formule el Consejo de la Facultad;

5. Nombrar los jurados examinadores. Parágrafo Único: Cuando en una Facultad funcione una sola Escuela no existirá Consejo de Escuela y sus atribuciones corresponderán al Consejo de la Facultad. Artículo 72. Los Directores de las Escuelas deben tener título universitario y pertenecer al personal docente o de investigación.

  • Parágrafo Único : Los Directores de las Escuelas no podrán ser representantes de los Profesores en el Consejo de la respectiva Facultad.
  • Artículo 73. Son atribuciones de los Directores de las Escuelas:
  • 1. Vigilar la enseñanza, la investigación y las demás actividades académicas;
  • 2. Ejecutar las decisiones del Consejo de Escuela o, en su caso, del Consejo de la Facultad, en materia de coordinación de la labor y funcionamiento de los Departamentos y Cátedras de la Escuela;
  • 3. Ejercer la inspección y dirección de los servicios y del personal administrativo;
  • 4. Fijar, de acuerdo con el Decano los horarios de clases y de exámenes;
  • 5. Cobrar y distribuir, de acuerdo con el Decano, las cantidades asignadas a la Escuela en el presupuesto; comprobar las inversiones y supervisar la contabilidad;
  • 6. Informar mensualmente al Consejo de la Facultad sobre la marcha económica y administrativa de las Escuelas a su cargo;
  • 7. Levantar y mantener al ida el inventario de los bienes de la respectiva Escuela;

8. Las demás que les señalen los reglamentos de la Universidad los Acuerdos del Consejo Universitario o del Consejo de la Facultad. Artículo 74. En las Universidades sólo podrán funcionar Escuelas integradas dentro de una determinada Facultad. Artículo 75.

Cada Departamento o Cátedra será dirigido por una persona, que recibirá la designación de Jefe de Departamento o Jefe de Cátedra respectivamente. Las atribuciones de cada uno de ellos, así como las condiciones exigidas para el desempeño del cargo, serán fijadas en el Reglamento. Artículo 76. El funcionamiento de los Departamentos y Cátedras será reglamentado por el Consejo de la Facultad, y debe ser aprobado por el Consejo Universitario.

SECCION IX De los Institutos y sus Directores Artículo 77. Los Institutos son centros destinados fundamentalmente a la investigación y a colaborar en el perfeccionamiento de la enseñanza. Los Institutos estarán adscritos a las facultades y tendrán en la Investigación, e1 mismo rango que las Escuelas en la escala docente.

  • Artículo 78.
  • Las labores de investigación de los Institutos serán coordinadas por el Consejo de la Facultad de acuerdo con el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico.
  • Artículo 79.
  • Cada Instituto tendrá un Director y un Consejo Técnico.
  • El Consejo Técnico estará integrado por el Director, quien lo presidirá, y por los Miembros que fije su Reglamento.

El respectivo Reglamento determinará asimismo la forma como serán designados los miembros del Consejo Técnico de los Institutos. Artículo 80. El Director y los Miembros del Consejo Técnico de los Institutos durarán en sus funciones tres años y podrán ser reelegidos.

  1. Artículo 81. Son atribuciones del Director del Instituto:
  2. 1. Dirigir y coordinar los trabajos de investigación del Instituto;
  3. 2. Representar al Instituto ante el Consejo de la Facultad;
  4. 3. Informar periódicamente al Decano del funcionamiento del Instituto y de la marcha de sus trabajos;

4. Las demás que le señalen los Reglamentos.

  • Artículo 82. Corresponde al Consejo Técnico del Instituto:
  • 1. Elaborar en coordinación con el Consejo de Desarrollo Cien tífico y Humanístico, los programas de trabajo del Instituto;
  • 2. Estudiar y considerar los proyectos de investigación que se pro pongan al Instituto;
  • 3. Evaluar los resultados de los trabajos de investigación que se realicen en el Instituto;
  • 4. Someter a la consideración del Consejo de la Facultad las reformas e iniciativas que juzgue convenientes para el mejor funcionamiento del Instituto:

5. Las demás que le señalen los Reglamentos. SECCION X Del Personal Docente y de Investigación Artículo 83. La enseñanza y la investigación, así como a orientación moral y cívica que la Universidad debe impartir a sus estudiantes, están encomendadas a los miembros del personal docente y de investigación.

  1. Artículo 85. Para ser miembro del personal docente y de investigación se requiere:
  2. Poseer condiciones morales y cívicas que lo hagan apto para tal función;
  3. Haberse distinguido en sus estudios universitarios o en su especialidad o ser autor de trabajos valiosos en la materia que aspire a enseñar; y
  4. Llenar los demás requisitos establecidos en la presente Ley y los reglamentos.
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Artículo 86. Los miembros del personal docente y de investigación se clasificarán en las siguientes categorías: miembros Ordinarios, Especiales, Honorarios y Jubilados. Parágrafo Único: El Consejo Universitario podrá en los casos que estime conveniente, establecer concursos para la provisión de cargos. El régimen de los concursos será fijado en el Reglamento respectivo.

  • Artículo 87. Son miembros Ordinarios del personal docente y de investigación:
  • a) Los Instructores;
  • b) Los Profesores Asistentes;
  • c) Los Profesores Agregados;
  • d) Los Profesores Asociados; y
  • e) Los Profesores Titulares.
  • Articulo 88. Son miembros Especiales del personal docente y de investigación:
  • a) Los Auxiliares docentes y de investigación;
  • b) Los Investigadores y Docentes libres; y
  • c) Los Profesores contratados.

Articulo 89. Los miembros Ordinarios del personal docente y de investigación se ubicarán y ascenderán en el escalafón de acuerdo con sus credenciales o méritos científicos y sus años de servicio. Para ascender de una categoría a otra en el escalafón será necesario, además, presentar a la consideración de un jurado nombrado al efecto un trabajo original como credencial de mérito.

  • El régimen de ubicación, ascenso jubilación del personal docente y de investigación será establecido en el correspondiente Reglamento.
  • El Consejo Universitario, en sesión del 9277, aprobé que los Profesores Instructores por Concurso de Oposición forman parte del escalafón universitario (Circular Nº 7 del Consejo Universitario del 2 de marzo de 1977) Artículo 90.

Todo miembro del personal docente y de investigación tiene el derecho de solicitar ante el Consejo Universitario que se reconsidere su clasificación en el escalafón correspondiente. Artículo 91. Toda persona que se inicie en la docencia o en la investigación lo hará como Instructor, a menos que por sus méritos profesionales, docentes o científicos, pueda ser ubicado en una jerarquía superior por el Consejo de la respectiva Facultad, conforme con el Reglamento respectivo.

En este caso se informará al personal de jerarquía inferior, el cual podrá exigir que la posición se provea por concurso. Artículo 92. Para ser Instructor se requiere título universitario. Los Instructores podrán ser removidos a solicitud razonada del Profesor de la cátedra. Artículo 93. Cuando una persona ingrese al personal docente o de investigación con una jerarquía superior a la de Instructor, sus funciones durarán un año.

Cumplido este lapso podrá ser confirmada en su cargo por el tiempo establecido para su correspondiente categoría. Artículo 94. Los Profesores Asistentes deben poseer título universitario, capacitación pedagógica, y haber ejercido como instructor al menos durante dos años, salvo lo previsto en el artículo anterior.

  • Los Profesores Asistentes durarán cuatro años en el ejercicio de sus funciones.
  • Concluido este lapso pasarán a la categoría de Profesores Agregados de acuerdo con lo establecido en el respectivo Reglamento.
  • Artículo 95.
  • Los Profesores Agregados deben poseer título universitario y durarán cuatro años en sus funciones.

Concluido este lapso pasarán a la categoría de Profesores Asociados, previo el cumplimiento de los requisitos señalados en la presente Ley y el Reglamento respectivo. Artículo 96. Los Profesores Asociados deben poseer el título de Doctor y durarán, por lo menos, cinco años en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 97. Para ser Profesor Titular se requiere haber sido Profesor Asociado, por lo menos durante cinco años. Los Profesores Titulares durarán en el ejercicio de sus funciones hasta que sean jubilados. Artículo 98. Podrán ser miembros Especiales del personal docente y de investigación quienes no posean títulos universitarios, cuando lo permita la naturaleza de la asignatura o de los trabajos a realizar, a juicio del Consejo de la Facultad y con la aprobación del Consejo Universitario.

Tales miembros se denominarán Auxiliares Docentes o de Investigación. Artículo 99. Se denominarán Investigadores y Docentes libres aquellas personas que, por el valor de sus trabajos o investigaciones, o por el mérito de su labor profesional, sean encargadas temporalmente por la Universidad para realizar funciones docentes o de investigación.

El desempeño de estos cargos serán credenciales de mérito para el ingreso al escalafón del profesorado ordinario. Artículo 100. La Universidad podrá contratar Profesores o Investigadores para determinadas cátedras o trabajos. Las condiciones que deben llenar los Profesores contratados, así como los requisitos del respectivo contrato, los fijará el Reglamento.

Artículo 101. Son Profesores Honorarios aquellas personas que, por los excepcionales méritos de sus labores científicas, culturales, o profesionales, sean consideradas merecedoras de tal distinción por el Consejo Universitario, a propuesta de la respectiva Facultad.

  • Los Profesores Honorarios no tendrán obligaciones docentes ni de investigación.
  • Artículo 102.
  • Los miembros del personal docente y de investigación que hayan cumplido veinte años de servicio y tengan 60 o más años de edad, o aquellos de cualquier edad que hayan cumplido 25 años de servicios, tendrán derecho a jubilación.

Si después del décimo año de servicio llegaren a inhabilitarse en forma permanente, tendrán derecho a una pensión de tantos veinticincoavos de sueldo como años de servicio tengan. El Reglamento Especial de Jubilaciones y Pensiones establecerá las condiciones y limites necesarios para la ejecución de esta disposición.

  1. Artículo 104. Según el tiempo que consagren a las actividades docentes o de investigación, el personal se clasificará en:
  2. a) Profesores de dedicación exclusiva;
  3. b) Profesores a tiempo completo;
  4. c) Profesores a medio tiempo; y
  5. d) Profesores a tiempo convencional.

Artículo 105. Para realizar sus funciones, los miembros del personal docente y de investigación podrán tener Ayudantes o Preparadores, quienes se seleccionarán, entre los estudiantes calificados en la forma que indique el Reglamento. Los Ayudantes o Preparadores colaborarán con los Profesores en el desarrollo de las labores docentes y de investigación.

  1. Estos cargos servirán de credencial de méritos a los fines del correspondiente ingreso en el escalafón del personal docente o de investigación.
  2. Artículo 106.
  3. Los miembros del personal docente y de investigación deben elaborar los programas de sus asignaturas, o los planes de sus trabajos de investigación, y someterlos para su aprobación a las respectivas autoridades universitarias, pero conservan completa independencia en la exposición de la materia que enseñan y en la orientación y realización de sus trabajos.

En el caso de que la enseñanza de una asignatura estuviera encomendada a varios Profesores, el Jefe de Cátedra coordinará la unidad de la enseñanza. Cuando existan cátedras paralelas, los Profesores coordinarán sus actividades con vista de la coherencia y unidad de la labor universitaria.

Artículo 107. El escalafón del personal docente y de investigación es uniforme para todas las Universidades Nacionales, y no se interrumpe con el traslado de una a otra Universidad. Artículo 108. En caso de que un miembro del personal docente o de investigación, previa la autorización correspondiente, se separe de su cargo para efectuar estudios de especialización, cumplir misiones de intercambio con otras instituciones, o realizar cualesquiera otras actividades científicas o académicas que redunden en provecho de su formación o en beneficio de la Universidad, se le computará para los fines del escalafón y de la jubilación el tiempo que emplee en estas actividades.

Artículo 109. Los miembros del Personal Docente y de Investigación deben concurrir a los actos que celebre la Universidad y a los cuales sean convocados con carácter obligatorio.

  • Artículo 110. Los Profesores Titulares, Asociados, Agregados y Asistentes, solo podrán ser removidos de sus cargos docentes o de investigación en los casos siguientes:
  • 1. Cuando individual o colectivamente participen en actividades o manifestaciones que lesionen los principios consagrados por la Organización de las Naciones Unidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos;
  • 2. Cuando participen, o se solidaricen activa o pasivamente, con actos o medidas que atenten contra la inviolabilidad del recinto universitario, o contra la integridad de la Institución o la dignidad de ella o de cualquiera de sus miembros;
  • 3. Por notoria mala conducta pública o privada;
  • 4. Por manifiesta incapacidad física;
  • 5. Por incapacidad pedagógica o científica comprobada;
  • 6. Por dejar de ejercer sus funciones sin motivo justificado;
  • 7. Por haber dejado de concurrir injustificadamente a más del 15 por ciento de las clases que deben dictar en un período lectivo; por incumplimiento en las labores de investigación; o por dejar de asistir injustificadamente a más del 50 por ciento de los actos universitarios a que fueran invitados con carácter obligatorio o en el mismo período;

8. Por reiterado y comprobado incumplimiento en los deberes de su cargo. Artículo 111. Según la gravedad de la falta, los miembros del personal docente y de investigación podrán ser sancionados con amonestaciones, suspensión temporal, o destitución de sus cargos.

  • Los miembros del personal docente y de investigación que incurran en las causales 1, 2, 3, 6, 7 y 8 del artículo anterior, y sean removidos de sus cargos, no podrán ingresar en ninguna universidad del país, ni desempeñar ningún empleo en ellas, mientras dure la sanción que les sea impuesta.
  • Artículo 112.

Para que un miembro del personal docente y de investigación pueda ser removido de su cargo por las causales señaladas en el Artículo 110, es necesario instruirle un expediente de acuerdo con los trámites y requisitos fijados por la presente Ley y los Reglamentos.

Artículo 113. El miembro del personal docente y de investigación que sea destituido de su cargo arbitrariamente, tendrá derecho a su reincorporación con reconocimiento del tiempo que hubiese permanecido retirado, como tiempo de servicio. Esta reclamación deberá intentarse dentro de los doce meses siguientes, salvo que circunstancias especiales debidamente comprobadas se lo hayan impedido.

Artículo 114. Las Universidades deben protección a los miembros de su personal docente y de investigación y procurarán, por todos los medios, su bienestar y mejoramiento. A este fin, la Universidad establecerá los sistemas que permitan cubrir los riesgos de enfermedad, muerte o despido; creará centros sociales, vacaciones y recreativos; fundará una caja de previsión social, y abogará porque los miembros del personal docente y de investigación, así como sus familiares, se beneficien en todos aquellos servicios médicos o sociales que se presten a través de sus institutos y dependencias.

  1. Se entiende por alumno regular de una Universidad al estudiante debidamente inscrito en ella, y que cumpla a cabalidad con todos los deberes inherentes a su condición de alumno, conforme a la Ley, los Reglamentos y los planes regulares de estudio.
  2. No son alumnos regulares:
  3. 1. Quienes estén aplazados en más de una asignatura;
  4. 2. Quienes hayan sido aplazados en un número de asignaturas tal, que exceda del cincuenta por ciento de la carga docente para la que se habían inscrito;
  5. 3. Quienes se inscriban en un número de asignaturas que represente un porcentaje inferior al cincuenta por ciento de la máxima carga permitida para un período lectivo;

4. Quienes hayan aprobado las asignaturas necesarias para obtener el correspondiente título o certificado. Artículo 117. Los alumnos regulares tendrán derecho a elegir y a ser elegidos en los procesos electorales que esta Ley establezca para escoger representación estudiantil.

  1. Parágrafo Único: Los alumnos no podrán ser por más de dos años representantes estudiantiles.
  2. Tampoco podrán ejercer la representación estudiantil ante los diferentes organismos del sistema universitario los alumnos que hubieren finalizado una carrera universitaria.
  3. Artículo 118.
  4. Para seguir los cursos universitarios y obtener los grados, títulos o certificados de competencia que confiere la Universidad, los alumnos necesitan cumplir los requisitos que, sobre las condiciones de asistencia, exámenes, trabajos prácticos y demás materias, fijen la presente Ley y los Reglamentos.

Artículo 119. Para ingresar como alumno en los cursos universitarios regulares y obtener los grados y títulos que la Universidad confiera se necesita el Título de Bachiller en la especialidad correspondiente.

  • Parágrafo Primero: Si el aspirante posee el título de Bachiller en especialidad distinta a la exigida por el Reglamento de la Facultad correspondiente, deberá aprobar un examen de admisión cuyo contenido, modalidades y demás condiciones serán determinados por el Consejo de la respectiva Facultad.
  • Parágrafo Segundo: Asimismo, podrán ingresar como alumnos en los cursos universitarios regulares los egresados titulares de planteles de educación superior mediante el procedimiento de equivalencia de estudios.
  • Parágrafo Tercero: El Consejo Universitario podrá autorizar la inscripción en determinadas Escuelas de personas que no tengan el Título de Bachiller, y reglamentará especialmente esta disposición.

Artículo 120. El estudiante que ingresa a la Universidad no podrá inscribirse en más de una Facultad. Cursado el primer año, el alumno podrá inscribirse en otra Facultad previa autorización del Consejo Universitario. Artículo 121. Para orientarse en sus estudios, los alumnos consultarán a los Profesores Consejeros designados por el Decano, quienes los guiarán en todo lo relativo a sus labores universitarias.

  • Artículo 122.
  • Las Universidades deben protección a sus alumnos y procurarán por todos los medios, su bienestar y mejoramiento.
  • A este fin, la Universidad organizará sistemas de previsión social para el alumnado, propenderá a la creación de centros vacacionales y recreativos para los estudiantes, y de acuerdo con sus recursos, prestará ayuda a los alumnos que la requieran.

Artículo 123. Las Universidades propiciarán el intercambio de alumnos con otras instituciones del país o del extranjero; fomentarán el acercamiento de los estudiantes entre sí y con los profesores; y facilitarán las relaciones de las organizaciones estudiantiles con agrupaciones similares de otras naciones o de carácter internacional.

Artículo 124. Los alumnos están obligados a asistir puntualmente a las clases, trabajos prácticos y seminarios. Deben mantener un espíritu de disciplina en la Universidad y colaborar con sus autoridades para que todas las actividades se realicen normal y ordenadamente dentro del recinto universitario.

Los alumnos deben tratar respetuosamente al personal universitario y a sus compañeros, cuidar los bienes materiales de la Universidad y ser guardianes y defensores activos del decoro y la dignidad que deben prevalecer como normas del espíritu universitario.

  • Artículo 125.
  • Los alumnos que no cumplan las obligaciones universitarias establecidas en el artículo anterior, serán sancionados, según la gravedad de la falta, con pena de amonestación, de suspensión temporal, de pérdida del curso o de expulsión de la Universidad, de acuerdo con lo que establezcan los Reglamentos respectivos.

Artículo 126. Para representar a los estudiantes ante las autoridades universitarias, las asociaciones de estudiantes solicitarán el reconocimiento del Consejo Universitario respectivo. SECCION XII De los Egresados Artículo 127. Las Universidades mantendrán, por todos los me dios a su alcance, los vínculos que deben existir entre ellas y sus egresados.

  • Artículo 128.
  • Los egresados están en la obligación de colaborar espiritual y materialmente en el fomento y la buena marcha de la Universidad en la cual hayan obtenido su grado, y formarán parte de los organismos universitarios, de acuerdo con lo establecido en la presente Ley y los Reglamentos.
  • Artículo 129.

Los representantes de los egresados ante los Consejos de las Facultades designarán de entre ellos un representante y un suplente ante el Consejo Universitario respectivo. SECCION XIII Del Consejo de Fomento Artículo 130. El Consejo de Fomento estará integrado por siete miembros escogidos por el Consejo Universitario entre reconocidas personalidades de las Finanzas y de la Economía venezolana.

  1. Artículo 131, Son atribuciones del Consejo de Fomento:
  2. 1. Recomendar al Consejo Universitario la adquisición, enajenación o gravamen de bienes y la aceptación de herencias, legados o do naciones;
  3. 2. Fomentar las rentas de la Universidad;
  4. 3. Servir de órgano de consulta al Consejo Universitario en los problemas de índole económica y financiera;
  5. 4. Estudiar los problemas de largo alcance, prever las necesidades económicas futuras de la Universidad y planear los modos de satisfacerlas;

5.Las demás que fije su Reglamento, dictados por el Consejo Universitario. SECCION XIV Del Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico Artículo 132. En cada Universidad funcionará un Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico, que tendrá por finalidad estimular y coordinar la investigación en el campo científico y en el dominio de los estudios humanísticos y sociales.

Artículo 133. El Consejo estará integrado por dos Comisiones: la Comisión de Desarrollo Científico y la Comisión de Estudios Humanísticos y Sociales. Las comisiones se reunirán en Consejo para coordinar sus respectivos sistemas de trabajo e intercambiar ideas acerca de la investigación en la Universidad.

El Consejo será presidido por el Rector, o en su ausencia, por el Vicerrector. Artículo 134. El Reglamento del Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico determinará la integración de las distintas comisiones. Artículo 135. Los Delegados a las comisiones, y sus suplentes, serán elegidos por el Consejo de la Facultad, mediante votación directa y secreta.

El Consejo Universitario designará un Delegado ante cada una de las comisiones. Artículo 136. Para ser delegado ante las comisiones se necesita ser Director o Miembro de algún Instituto en la respectiva Facultad, haber publicado obras de reconocido valor en el campo de la correspondiente especialidad, o estar dedicado activamente a la labor de investigación Los Delegados durarán dos años en sus funciones y podrán ser reelegidos.

Artículo 137. Las atribuciones del Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico serán fijadas por el Reglamento que dicte el Consejo Universitario de acuerdo a la presente Ley. SECCION XV De la Dirección y de la Comisión de Cultura Artículo 138. En cada Universidad, adscrita al Rectorado, funcionará una Dirección de Cultura, la cual fomentará y dirigirá las actividades de extensión cultural de la Universidad, contribuyendo a la formación del alumnado y a la difusión de la ciencia y la cultura en el seno de la colectividad.

  • Artículo 139.
  • La Dirección de Cultura tendrá un Director de libre nombramiento y remoción del Rector.
  • Artículo 140.
  • El Consejo Universitario podrá crear, con carácter ad-honorem, como órgano consultivo de la Dirección de Cultura una Comisión de Cultura, en la que participarán profesores y estudiantes, designados por el mismo Consejo.

Artículo 141. La Dirección de Cultura, con la asesoría de la Comisión de Cultura, donde la hubiere, tendrá a su cargo la dirección y coordinación de las actividades culturales de la Universidad, de acuerdo con el Reglamento que dicte el Consejo Universitario.

SECCION XVI De la Dirección y de la Comisión de Deportes Artículo 142. Para el estímulo, desarrollo y coordinación del deporte universitario. en cada Universidad funcionará adscrita al Rectorado una Dirección de Deportes, de acuerdo con el Reglamento que dicte el Consejo Universitario. Artículo 143. La Dirección de Deportes tendrá un Director libre nombramiento y remoción del Rector.

Artículo 144. Como órgano consultivo de la Dirección de Deportes, el Consejo Universitario podrá crear con carácter ad-honorem una Comisión de Deportes, en la que participarán profesores y estudiantes designados por el mismo Consejo.

  • CAPITULO II
  • DE LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA
  • SECCION I
  • Disposiciones Generales

Artículo 145. La enseñanza universitaria se suministrará en las Universidades y estará dirigida a la formación integral del alumno y a su capacitación para una función útil a la sociedad. Artículo 146. Además de establecer las normas pedagógicas internas que permitan armonizar la enseñanza universitaria can la formación iniciada en los ciclos educacionales anteriores, las universidades señalarán orientaciones fundamentales tendientes a mejorar la calidad general de la educación en el país.

  • Artículo 147.
  • Los alumnos estarán obligados a seguir, además de los estudios especializados que debe impartir cada Facultad, los cursos generales humanísticos o científicos que deberá prescribir el Consejo Universitario.
  • Artículo 148.
  • Los demás particulares de la enseñanza universitaria serán determinados en los reglamentos que dictarán los organismos universitarios con sujeción a sus atribuciones.

SECCION II De los Exámenes Artículo 149. El aprovechamiento y capacidad de los alumnos se evaluará mediante exámenes y pruebas que se efectuarán durante el transcurso del período lectivo. Artículo 150. Los exámenes y pruebas deben concebirse como medios pedagógicos para estimular la actividad intelectual de los estudiantes y corregir periódicamente los posibles defectos de su formación.

Como instrumentos auxiliares de evaluación en ellos debe atenderse, más que a la repetición o memorización de la materia tratada durante el curso al aprovechamiento que demuestre el alumno mediante la comprensión del saber recibido. Los Profesores formularán y realizarán los exámenes y pruebas de acuerdo con esta norma.

Artículo 151. Al término de cada período lectivo habrá un examen final. Durante el transcurso del período lectivo el profesor efectuará como mínimo, dos exámenes parciales en cada asignatura. El Consejo Universitario reglamentara, a solicitud del Consejo de la Facultad, las excepciones a este régimen.

Artículo 152. Para evaluar el aprovechamiento del alumno se calificarán los trabajos, exámenes y pruebas, con un número comprendido entre 0 y 20 (cero y veinte) puntos. Para ser aprobado se necesita un mínimo de 10 (diez) puntos. Artículo 153. Los exámenes parciales y finales se evaluarán de acuerdo con el sistema de calificaciones establecido en el artículo anterior.

El promedio de las calificaciones de los exámenes parciales aportará el 40 por ciento de la nota definitiva. Artículo 154. Para tener derecho a presentar el examen final de una asignatura el alumno debe tener un promedio mínimo de 10 (diez) puntos en los correspondientes exámenes parciales.

  1. Artículo 155.
  2. Los alumnos que hayan perdido el derecho a exámenes finales o que resulten aplazados en ellos, podrán presentar exámenes de reparación en las condiciones establecidas en esta Ley y los Reglamentos.
  3. Artículo 156.
  4. Los alumnos que resulten aplazados por primera vez en exámenes de reparación en no más de una asignatura pueden inscribirse condicionalmente en todas las asignaturas del curso inmediato superior y podrán presentar exámenes finales de una y otras en el período ordinario de exámenes.

Si la asignatura pendiente tiene prelación sobre alguna o algunas del curso superior no podrán rendirse los exámenes de estas sin haber aprobado previamente aquella. El Consejo de cada Facultad determinará el orden de prelación de asignaturas.

  1. Artículo 157. No tendrá derecho a examen de reparación el alumno comprendido en los siguientes casos:
  2. 1. Si no ha obtenido el promedio mínimo exigido para presentarse a exámenes finales en más de la mitad de las asignaturas cursadas durante el período lectivo;
  3. 2. Si fuera aplazado en mas de la mitad de los exámenes finales;

3. Si el número de las asignaturas en que hubiera perdido el derecho al examen final sumado al número de las asignaturas en que fuera aplazado, excediera la mitad del total de las materias cursadas durante el período lectivo. Artículo 158. En los exámenes de reparación no se computarán los promedios parciales.

Artículo 159. Los alumnos que tengan derecho a presentar exámenes finales podrán solicitar ante el Consejo de la Facultad su diferimiento y presentarlos en el lapso que sea establecido. De los exámenes diferidos no habrá reparación, pero al alumno se le computará el promedio de sus exámenes parciales.

Artículo 160. Para obtener el título de Doctor en cualquier especialidad, habrá un examen público y solemne, que versará sobre la Tesis que presente el aspirante. Artículo 161. El Consejo Universitario respectivo reglamentará todo lo concerniente a exámenes, atendiendo las pautas que señale el Consejo Nacional de Universidades.

CAPITULO III DE LAS INCOMPATIBILIDADES Artículo 162. Los cargos de Rector, Vicerrector, Secretario, Decano y Directores de Escuela e Institutos Universitarios, son de Tiempo Completo. Dichas funciones y las de Profesor de Tiempo Completo son incompatibles con actividades profesionales o cargos remunerados que por su índole o por su coincidencia de horario menoscaben la eficiencia en el desempeño de las obligaciones universitarias.

Corresponde al Consejo Universitario la calificación pertinente. Artículo 163. Los Profesores de dedicación exclusiva no podrán realizar ninguna otra actividad remunerada. Artículo 164. El Rector, los Vicerrectores, el Secretario, el Decano, o los Directores de Escuelas Universitarias, no podrán dedicar dentro de su Tiempo Completo más de seis horas semanales a la docencia o a la investigación y no percibirán remuneración adicional por estas actividades.

  • Artículo 165.
  • Ningún funcionario puede desempeñar a la vez dos cargos administrativos remunerados en la Universidad.
  • Artículo 166.
  • Ninguna persona podrá atender, a la vez, dos o más cargos docentes, si las horas requeridas para su desempeño exceden las establecidas para el Tiempo Completo.
  • La remuneración de dos o más cargos docentes no podrá exceder el 75 por ciento del sueldo asignado para el Tiempo Completo en la correspondiente categoría.

CAPITULO IV DEL SISTEMA ELECTORAL UNIVERSITARIO Artículo 167. La organización del proceso de elecciones universitarias estará a cargo de la Comisión Electoral de cada Universidad, integrada por tres (3) profesores designados por el Consejo Universitario; un (1) alumno regular designado por los representantes de los alumnos ante los Consejos de Facultades; y un egresado designado por los representantes de los egresados ante los Consejos de Facultades.

Cada uno de los miembros de la Comisión Electoral tendrá un suplente designado en la misma forma y oportunidad que los principales. Cuando se trate del proceso electoral para elección del Rector, Vicerrectores y Secretario y en cualquier otra elección en que la Comisión Electoral lo considere conveniente, se incorporará a este organismo un representante con derecho a voz, por cada una de las planchas postuladas.

En la sesión de instalación, la Comisión Electoral elegirá Presidente a uno de los profesores que la integran y designara Secretario de fuera de su seno a un miembro de la Comunidad Universitaria. Los miembros de la Comisión Electoral y el Secretario de la misma no podrán ser candidatos a las elecciones universitarias.

  • En el Registro Electoral se hará constar los nombres y apellidos del elector, su número de cédula de identidad, la condición que lo califica para votar y cualquier otro dato que estime necesario la Comisión Electoral a los efectos de una mejor identificación.
  • Las impugnaciones que los interesados hagan de la lista de electores, serán consideradas y decididas por la Comisión Electoral dentro de los veinte (20) días siguientes a la publicación del Registro.
  • Parágrafo Único: Quedarán excluidos del Registro de Electores los alumnos que se encuentren en los casos previstos en los numerales 1, 2, 3 y 4 del Artículo 116 de la Ley, así como aquellos que hayan sido aplicados en más de una asignatura en los exámenes correspondientes al primer período para las Facultades que funcionen con arreglo al régimen del período lectivo o de los exámenes finales correspondientes al primer período para las que lo hacen con arreglo a un régimen diferente.

Artículo 170. Los alumnos, profesores o egresados no podrán ejercer simultáneamente más de una representación electiva en los diferentes organismos del sistema universitario. Quien resultare electo para dos o más, tendrá que optar por una de ellas, renunciando a las otras.

Artículo 171. Salvo el caso de elección de Rector, Vicerrector y Secretario, que será nominal, en todos los procesos electorales universitarios donde se elijan dos o más candidatos, funcionará el principio de representación proporcional. A tal efecto se anotará el total de votos válidos para cada lista o plancha de candidatos y cada uno de los totales se dividirá entre uno, dos y tres, y así sucesivamente, hasta obtener para cada uno de ellos el número de cuociente igual al de los candidatos por elegir.

Se formará luego una columna final colocando los cuocientes de las distintas planchas en orden decreciente, cualquiera que sea la lista a que pertenezcan, hasta que hubiere tantos cuocientes como candidatos deban ser elegidos. Al lado de cada cuociente se indicará el nombre del candidato y la lista a que corresponde.

  1. Cuando resultaren iguales dos o más cuocientes en concurrencia por el último puesto por proveer, se dará preferencia al de la lista que haya obtenido el mayor número de votos, y en caso de empate, decidirá la suerte.
  2. Artículo 172,
  3. Las elecciones tendrán lugar en las Universidades Nacionales, en el segundo semestre del período lectivo y a tal efecto, se procederá a uniformar el período lectivo en cada Universidad.

TITULO IV DE LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS Artículo 173. El Ejecutivo Nacional, previa la opinión favorable del Consejo Nacional de Universidades, podrá autorizar, mediante Decreto y en cada caso, el funcionamiento de Universidades fundadas por personas naturales o jurídicas de carácter privado.

  1. Artículo 174. A los fines de la autorización del Ejecutivo Nacional, el o los promotores de toda Universidad Privada elevarán solicitud al Ministerio de Educación y acompañaran los siguientes documentos:
  2. a) Copia certificada del título jurídico por el cual se crea la Universidad
  3. b) Proyecto del Estatuto Orgánico
  4. Artículo 175. Autorizado el funcionamiento por el Ejecutivo Nacional, las Universidades Privadas adquirirán la personalidad jurídica con la protocolización en la Oficina Subalterna de Registro del lugar donde funcionará, de la solicitud al Ministerio de Educación, los correspondientes documentos determinados en el artículo anterior, y la autorización del Ejecutivo Nacional

Artículo 176. Cuando por testamento se haya dispuesto la creación de una Universidad, el Ministerio Público podrá gestionar la autorización para su funcionamiento, de oficio o bien a solicitud del Ministerio de Educación. Artículo 177. Las Universidades Privadas tendrán un personal directivo similar al asignado por la presente Ley a las Universidades Nacionales, el cual deberá llenar los requisitos exigidos en los Artículos 28, 64 y 72.

  • Artículo 178.
  • El personal docente y de investigación de las Universidades Privadas, deberá llenar las condiciones establecidas en el Artículo 85 de la presente Ley.
  • Artículo 179.
  • Las Universidades Privadas y sus organismos tendrá la misma estructura académica que la de las Universidades Nacionales, salvo en lo establecido en esta Ley y lo que reglamente el Consejo Nacional de Universidades.

Artículo 180. En las Universidades Privadas sólo podrán funcionar las Facultades que apruebe el Consejo Nacional de Universidades. La modificación de dichas Facultades, o de cualquier Escuela o Instituto deberá ser autorizada previamente por el mismo Consejo.

Se requiere un mínimo de tres Facultades no afines para la existencia legal de una Universidad Privada. Artículo 181. Las disposiciones de la presente Ley relativas al régimen de la enseñanza y de los exámenes se aplicarán a las Universidades Privadas. Artículo 182. Los títulos y certificados que expidan las Universidades Privadas sólo producirán efectos legales al ser refrendados por el Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio de Educación.

Será de la exclusiva competencia de las Universidades Nacionales o relativo a la reválida de los títulos universitarios extranjeros y a las equivalencias de estudios universitarios y de educación superior. Artículo 183. El Estado ejercerá la inspección de las Universidades Privadas en la forma que al efecto disponga el Ejecutivo Nacional, el cual podrá revocar la autorización de cualquier Universidad Privada, o suspender su funcionamiento o el de cualquiera de sus dependencias cuando en ella no se cumplan las disposiciones legales o reglamentarias que les sean aplicables.

  • Parágrafo Único: Los interesados podrán apelar de esta decisión para ante la Corte Federal en un plazo de diez días contados a partir de la fecha de publicación oficial de la resolución del Ejecutivo Nacional.
  • TITULO V
  • CAPITULO I
  • DISPOSICIÓN TRANSITORIA
  • Artículo 184. A los fines del cumplimiento de la presente Ley:

1. En un lapso no mayor de tres meses contados a partir de la promulgación de esta Ley, deberán elegirse los representantes de los Profesores y de los estudiantes; y se harán las designaciones que deben realizar el Consejo Nacional o la Comisión Delegada y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas para integrar el Consejo Nacional de Universidades.2.

  1. 3. Mientras se constituye el Consejo Nacional de Universidades, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral anterior, ejercerá sus funciones un Consejo Nacional de Universidades Provisorio, integrado en la siguiente forma:
  2. El Ministro de Educación, quien lo presidirá; los Rectores de las Universidades Nacionales que tienen su asiento en la capital de la República; un Rector de una Universidad Privada, designado por los Rectores de las Universidades Privadas que funcionan en el país; cuatro profesores universitarios designados por el Congreso Nacional o la Comisión Delegada, y los cuales deberán llenar las mismas condiciones que la Ley exige para ser Rector; y el Presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Nacional no Experimental con sede en Caracas.
  3. CAPITULO II
  4. DISPOSICIONES FINALES

Artículo 185. El Ejecutivo Nacional reglamentará la presente ley dictará las disposiciones transitorias que sean necesarias para su aplicación, sin perjuicio de las atribuciones que se confieren al Consejo Nacional de Universidades y a las Universidades Nacionales para dictar reglamentos de índole interna.

  • El proyecto respectivo será sometido al Consejo Nacional de Universidades y contendrá una precisa determinación de los objetivos, de las estructuras que van a ser adoptadas, de la organización, de los planes de estudio y de financiamiento de las normas de funcionamiento y de los sistemas de evaluación.
  • Una vez aprobado el proyecto, deberá someterse a la consideración del Consejo Nacional de Universidades, cada cinco años por lo menos, una evaluación de los resultados obtenidos para que ese organismo de termine si la experiencia debe continuar o no.
  • Parágrafo Único : En los casos en que el proyecto comporte alteración de los métodos de evaluación o del régimen de títulos y certificados se requerirá el voto favorable del Presidente del Consejo Nacional de Universidades.

Artículo 188. En caso de empate en las votaciones del Consejo Nacional de Universidades, del Consejo Universitario, del Consejo de Facultad o del Consejo de Escuela, corresponderá el voto decisorio al presidente del organismo respectivo. Artículo 189. La Contraloría General de la República dispondrá por sí o a solicitud del Ejecutivo Nacional, la revisión de cuentas de las universidades.

  1. A tal efecto, el Rector deberá presentar los comprobantes, archivos, depósitos y libros que fueren necesarios a juicio del organismo contralor.
  2. Artículo 190.
  3. Los casos dudosos o no previstos en la presente ley serán resueltos por el Ejecutivo Nacional.
  4. Artículo 191.
  5. Se deroga la Ley de Universidades del 2 de agosto de 1953 y las disposiciones legales o reglamentarias que colidan con la presente Ley.

Dada, firmada y sellada, en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, a los dos días del mes de septiembre de mil novecientos setenta. Años 161º de la Independencia y 112º de la Federación. El Presidente, J.A. PEREZ DIAZ

  1. El Vicepresidente,
  2. ANTONIO LEIDENZ
  3. Los Secretarios,

J.E. RIVERA OVIEDO

  • HECTOR CARPIO CASTILLO
  • Palacio de Miraflores, en Caracas, a los ocho días del mes de septiembre de mil novecientos setenta. Años 161º de la Independencia y 112º de la Federación
  • Cúmplase.

(L.S.)

  1. RAFAEL CALDERA
  2. Refrendado,
  3. Siguen firmas.

: Ley de Universidades – Publicado el 8 de septiembre de 1970

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